Las TV afrontan el precinto judicial de sus canales ilegales si el Gobierno no los cierra
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el supremo le obliga a cerrar nueve

Las TV afrontan el precinto judicial de sus canales ilegales si el Gobierno no los cierra

El Supremo tiene que decidir sobre el precinto de los equipos de las televisiones para cumplir con la sentencia que les obliga a cerrar nueve canales.

placeholder Foto: El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. (EFE)
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. (EFE)

Nuevo episodio en el culebrón de los nueve canales que la justicia ha ordenado llevar a negro por ser concedidos sin concurso en la era Zapatero. Infraestructuras y Gestión 2002, la empresa demandante, harta de retrasos en la ejecución del fallo, ha remitido un escrito al Tribunal Supremo en el que solicita el precinto de los equipos de las televisiones para forzar el cumplimiento de la sentencia, al tiempo que advierte de que el Consejo de Ministros en pleno podría estar incurriendo en un delito de desobediencia del que exigirá “la responsabilidad penal que corresponda”. El Ejecutivo, que se reúne hoy, tiene una nueva oportunidad para deshacer elentuerto.

El conflicto arrancaba en noviembre de 2012, cuando una sentencia del Alto Tribunal dinamitaba el sector audiovisual al anular la última entrega de canales del Gobierno socialista. El Ejecutivo, en una resolución de marzo de 2013, anulaba la concesión, peropermitía de forma temporal que las cadenas continuaran emitiendo “por el interés general”. Estesí pero no–una decisión en su día vista como una forma deganar tiempo para alcanzar un acuerdo con las compañías afectadas– fue afeado sin ambages por el Supremo el 18 de diciembre, cuandoinstaba al Gobierno al apagón de hasta nueve canales. Desde entonces se espera el fundido. Pero no llega.

“Desde que fuera notificado a las partes el Auto de fecha 18 de diciembre de 2013 hasta el día de hoy, ya ha tenido lugar la celebración de cuatro Consejos de Ministros y en los mismos no se ha tomado decisión alguna respecto al cese de los nueve canales de televisión afectados, por lo que a día de hoy continúa sin ejecutarse y, por tanto, sin darse cumplimiento a la sentencia de 27/11/2013 ni al Auto de 18/12/13 que concreta cuál ha de ser la ejecución de aquella”, refiere el documento remitido por Infraestructuras y Gestión 2002 a la Sala Tercera de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha 29 de enero.

Tras constatar ese hecho, la demandante solicita a la Sala que tome las medidas necesarias para lograr el cumplimiento, “ordenando directamente a las sociedades licenciatarias que en el plazo de diez días cesen en las emisiones”. En caso de que no se verifique el apagón, “se ordenará a los funcionarios adscritos a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información que procedan a hacer efectivo el cese de emisiones mediante el precinto de los equipos y aparatos que fueron necesarios con expresa autorización de acceso a los lugares donde se encontrasen los mismos”, subraya el escrito con firmeza.

Un delito de desobediencia

En esta línea, suplica a la Sala que requiera a la Administración que identifique cuál es el órgano o persona responsable de cumplir la sentencia y que le advierta que, de no recibir respuesta en 10 días, “se considerarán responsables a todos los miembros del actual Consejo de Ministros”. A partir de ahí, también le pide que alerte de que deben tomarse las medidas para proceder al cierre de los canales y que, de no llevarse a cabo en un plazo de 15 días, aperciba a los responsables de que podrían “incurrir en un delito de desobediencia” y de que “se librará el correspondiente testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que corresponda”.

En este sentido, subraya que la ley, ante el incumplimiento del fallo, otorga al órgano judicial la opción de “adoptar las medidas oportunas para hacer efectivo el mismo, incluyendo la posibilidad de requerir la colaboración de los propios agentes o funcionarios de la Administración condenada o de otras Administraciones Públicas, o incluso llegar a la ejecución subsidiaria”. Sin contar con que las cadenas emiten actualmente sin título habilitante, lo que en principio obligaría a los funcionarios del Ministerio de Industria a “hacer efectivo el cese de esas emisiones (…), como habitualmente lo hacen cuando se trata de cesar las emisiones e cualquier otro servicio de comunicación audiovisual televisivo o radiofónico”.

Como publicó El Confidencial a mediados de enero, las cadenas buscan desde diciembre una solución in extremis al embrollo, y no miran a Industria. Su interlocutora es la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la única que –según estiman– tiene peso político suficiente para dar una salida lo menos traumática posible al desaguisado. Atresmedia perdería tres canales y Mediaset, Vocento y Unidad Editorial, dos por cabeza. No obstante, son conscientes de que, llegados a este punto, el margen de maniobra del Ejecutivo es muy estrecho. Eso sí, mientras aguante sin cumplir con el Supremo tiene un arma para apaciguar a los grupos mediáticos. No es poca cosa en época electoral. Además, como aseguraba recientemente un ejecutivo del sector: “¿Desde cuándo se cumplen las sentencias?”.

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