España recurre ante el Tribunal de Luxemburgo las ayudas ilegales a la TDT

Corría el mes de junio y la Comisión Europea declaraba ilegales las ayudas estatales concedidas en la era Zapatero para extender la TDT. Sin embargo, la guerra está lejos de zanjarse. Según aseguran a El Confidencial fuentes conocedoras del proceso, España y al menos cuatro comunidades autónomas también afectadas -Navarra, País Vasco, Cataluña y Galicia- han recurrido la decisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Una medida que retrasará la devolución de las subvenciones, cuyo importe alcanza los 236 millones de euros.

La inquietud es más que lógica en comunidades y ayuntamientos. No en vano, la Comisión hacía público ayer el texto íntegro de su decisión, apuntando con nombres y apellidos quién tendrá que devolver las ayudas. Y por ejemplo, en las autonomías en que una empresa pública llevó a cabo la extensión de cobertura, esta tendrá que rascarse el bolsillo. Hasta 11 regiones se encuentran en esa situación. Cataluña se juega la friolera de 52 millones de euros; Galicia, 17; Castilla y León, 44; y País Vasco, un total de 10.

Lo más preocupante es que esos fondos, cuyo origen en su mayor parte se encuentra en la Administración Central, ya se han gastado. Y las arcas públicas no están para devoluciones. También afectan a ayuntamientos que actuaron como operadores de red y fueron receptores directos del dinero. “Sobre la base de la información recibida de España, la Comisión ha constatado que ello se aplica al menos a ayuntamientos de las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Extremadura y Murcia”, expone, dejando claro que se trata de un lista no exhaustiva tras quejarse reiteradamente de la opacidad y falta de transparencia de las Administraciones españolas.

Finalmente, tampoco pueden descansar tranquilas las empresas que ganaron los concursos convocados por las comunidades autónomas, con Abertis y Retevisión como principales beneficiarios. “España alega que la inmensa mayoría de las licitaciones se organizó para el suministro de equipos. (...) Tal sería también el caso de Abertis, Tradia y Retevisión. Los resultados de la investigación apuntan, sin embargo, a que la conclusión de un número significativo de licitaciones se centró en la extensión de cobertura. (…) Abertis y otras empresas participaron en tales licitaciones en su calidad de operadores de red”, expone el documento sin ambages. Y sacaron ventaja de una licitación tecnológicamente no neutra.

Madrid y Extremadura, cuestionadas

Para entender todo el proceso hay que remontarse a mayo de 2009. Fue entonces cuando el operador de satélites Astra presentó una denuncia ante la Comisión por entender que la decisión del Gobierno socialista de privilegiar la vía terrestre para extender la señal de televisión al 98,5% de la población excluía otro tipo de tecnologías también capaces de acometer el proceso, como el propio satélite. Las autoridades españolas defendieron, en esencia, que las ayudas se incluíandentro de la obligación de servicio público de la radiodifusión y que sólo la tecnología de TDT reunía los criterios de calidad necesarios. Aunque ha tardado cuatro años, Bruselas da la razón al denunciante en todos los extremos.

“Se consideró que la inmensa mayoría de las licitaciones destinadas a la extensión evaluadas por la Comisión no respetaban el principio de neutralidad tecnológica”, certificaba ayer en el grueso de su resolución. Y ponía como ejemplos negativos Extremadura o Madrid, cuya empresa pública AICCM lanzó un concurso por importe de 3,6 millones de euros en la que “tanto el título como los contenidos implican que se trata de una licitación destinada a la extensión, dirigida exclusivamente a la plataforma terrestre”. La Comisión concedea España dos meses para comunicar la lista completa de beneficiarios y cuatro meses para cerrar la recuperación de los fondos.

La nota publicada por la Comisión en junio ya era especialmente dura para los Gobiernos españoles. Y es que no sólo consideraba que las ayudas estatales eran contrarias a la normativa comunitaria y obligaba a devolverlas, sino que también acusaba al país de causar un notable perjuicio a sus propios contribuyentes al cargar sobre ellos el pago de unas “subvenciones improcedentes”. También se llevaba un severo rapapolvo por su decisión de ir por libre en esta materia. “España no notificó ese proyecto a la Comisión”, reprochaba Bruselas.