Secuoya ficha a pesos pesados de Vértice en plena guerra por las autonómicas

Secuoya aprovecha para pescar en el caladero de Vértice 360 mientras las productoras audiovisuales preparan el asalto a las cadenas autonómicas. Según aseguran a El Confidencial fuentes conocedoras de los contactos, la empresa de Raúl Berdonés ultima la contratación de dos directivos de su principal competidor apenas días después de que Manuel García-Durán dimitiera como presidente de la sociedad. Es más, podrían no ser los últimos ejecutivos que siganesa senda en un sector en permanente ebullición.

Secuoya devuelve así con creces el golpe recibido por Vértice 360 y su nuevo factótum -el fondo de capital riesgo HIG-, que a finales de julio cerraba la incorporación de José Jiménez, hasta entonces director general de B&S, la filial de “gestión integral de servicios para producciones de televisión” de su rival. En correspondencia, ahora cambiarían de bando Juan Pedro Rodríguez de la Osa, director general de la filial Videoreport, y Jesús Martín, director comercial de Vértice Servicios Audiovisuales (VSA).

Según añaden estas fuentes, la intención de Secuoya es vincular esos fichajes a una nueva sociedad -Drago Broadcast Service-, dedicada a prestar servicios de producción de audio y vídeo, en línea con la actividad que ya en Vértice desarrolla Videoreport. La firma fusionaría sus actividades dentro de Secuoya con la citada B&S Broadcast Corporation y contaría con una inversión inicial en medios técnicos de dos millones de euros. Incluso las flamantes llegadas participarían como socios en la iniciativa. El propio Berdonés confirmaba a este diariola creación de esta sociedad.

Por su parte, Vértice 360 se esfuerza en digerir los cambios en su estructura. HIG Capital, el fondo que gestiona Jaime Bergel, tomaba el 100% de VSA a finales de julio, después que el año pasado ya entrara en el capital con un 49,99%. También se garantizaba la gestión del catálogo de Vértice Cine por un módico precio. Una operación conjunta zanjada por apenas 16 millones de euros y que fue seguida por la dimisión de García-Durán. Su nuevo presidente, José Herrero de Egaña, tendrá que lidiar con una compañía que perdió 59,43 millones hasta septiembre y que soporta una deuda financiera neta de 19,1 millones.

El negocio autonómico

Los movimientos en las productoras enlazan con la externalización de servicios en marcha en las principales cadenas autonómicas. Precisamente la Radio Televisión Valenciana (RTVV) sustancia en estos días un concurso para contratar el servicio de realización y suministro de contenidos audiovisuales que completen la parrilla de programación. El importe que se repartirán las empresas que resulten agraciadas con alguno de los tres lotes en liza no es baladí, en tanto supera los 12,5 millones de euros. Tanto Vértice como Secuoya concurren en asociación con otras productoras locales. Tampoco faltan otros nombres ilustres del sector, como Mediapro, Veralia (Vocento), Factoría Plural (Heraldo) o La Cometa.

La otra joya de la corona, Telemadrid, ni está ni se le espera a corto plazo. Y es que la compañía se encuentra en una auténtica encrucijada judicial, después de que la empresay los representantes de los trabajadores recurrieran en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el pasado mes de abril declaraba improcedente el despido colectivo de 745 profesionales, con una indemnización de 20 días por año y 12 mensualidades. El impasse ha bloqueado el grueso de las externalizaciones, al punto que la propia cadena pública advertía en sus últimas cuentas de que “la nulidad del ERE con la readmisión de los trabajadores despedidos, podría comprometer seriamente la viabilidad del nuevo modelo”.

El Congreso de los Diputados aprobaba hace algo más de un año la reforma legislativa que permite que las televisiones autonómicas se privaticen total o parcialmente, cediendo a productoras privadas la gestión de contenidos concretos, incluidos los informativos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había abierto el camino en el mes de abril, cuando anunció las claves de una reforma que el PP llevaba en su programa electoral. Entre ellas, la necesidad de que las cadenas equilibren sus ingresos y gastos, de acuerdo con la ley de estabilidad presupuestaria, más allá de que la gestión sea privada o pública.