AFIRMAN QUE EL EJECUTIVO ES "SENSIBLE" A SUS RECLAMACIONES

La prensa aviva su ofensiva contra Google y abre otro frente mediático al Gobierno

Los grandes editores ya tienen enemigo público número uno, véase Google. Y la ofensiva no puede ser más virulenta, a tenor de los ataques de la

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La prensa aviva su ofensiva contra Google y abre otro frente mediático al Gobierno
Los grandes editores ya tienen enemigo público número uno, véase Google. Y la ofensiva no puede ser más virulenta, a tenor de los ataques de la última semana. “Más allá de las ayudas a la prensa, lo que reclamamos de las autoridades es que establezcan un equilibrio en el sistema. (…) Hacemos información cara con periodistas especializados. No pedimos ayuda, simplemente pedimos al Gobierno que haga su labor. Y la sensibilidad existe”, explicó ayer Luis Enríquez, presidente de la patronal (AEDE) y consejero delegado de Vocento, durante un desayuno informativo. Todo un aviso al Ejecutivo: si no tiene dinero para ayudas directas, al menos que legisle para que los agregadores paguen por utilizar sus contenidos.

Google no contrata a nadie, no paga impuestos en España; los editores pagamos y contratamos. Invertimos en contenidos de alta calidad y abonamos un sueldo a los profesionales”, remachó sin ambages Enríquez. Unas declaraciones que se producen apenas dos días después de que el diario El Mundo publicara un amplio reportaje sobre la firma estadounidense en su suplemento de fin de semana. Bajo el título "Google mueve en España 900 millones pero tan solo paga 33.000 euros en impuestos", el diario de Antonio Fernández Galiano explicaba detalladamente la planificación fiscal que utiliza la firma para tributar por Sociedades fuera de nuestro país. ¿Casualidad?

“Nosotros estamos centrados en lograr compensaciones de los agregadores de contenidos dentro de la Ley de Propiedad Intelectual”, admitían la semana pasada fuentes de AEDE, restando importancia al veto de Montoro a un plan de ayudas a los editores. Fuentes del sector reconocen, sin embargo, que una legislación que estableciera un canon a Google por la utilización de esos contenidos no resolvería ni de lejos los problemas de unos grupos en busca de un nuevo modelo de negocio. Sin embargo, es lo máximo que pueden solicitar a un Ejecutivo atrincherado en sus penurias presupuestarias. “En parte es una cuestión de inercia, es la reclamación que puede tener éxito”, explican con una dosis de posibilismo.

En ese escenario, Google sería una mera moneda de cambio utilizada por el Gobierno para sellar la ‘pax audiovisual’ con los editores, de hecho también propietarios de televisiones. Y si hay molestia entre los empresarios por la falta de apoyos del Ejecutivo a los diarios -que entienden como sector en reconversión-, el enfado que recorre los grupos por el caos audiovisual es fenomenal. No en vano, viven en la incertidumbre sobre su propia oferta televisiva después de que el Tribunal Supremo anulara el último reparto de frecuencias adoptado en la era Zapatero, que les obliga a devolver entre 9 y 17 canales. Sin contar con los amagos sobre retomar la publicidad en RTVE.

Las otras razones

 
Google, que tradicionalmente mantiene una discreta actitud sobre estas cuestiones regulatorias, tiene razones de peso para defender su posición. En primer lugar, cualquier editor puede desindexar sus contenidos y no aparecer en las búsquedas. Y segundo, es el buscador el que lleva un porcentaje muy importante del tráfico a las web de los principales diarios. Es ahí cuando los editores recurren al eventual abuso de posición dominante de Google, que les impediría abandonar el agregador sin sufrir un desplome de las visitas. Un escenario que actualmente dilucida el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, después de que la compañía presentara una serie de compromisos para zanjar la investigación, insuficientes en todo caso para la patronal española.

“Ahí se confunden dos cuestiones. Si Google ha hecho algo mal en relación con cuestiones de competencia, que sea sancionado por esa vía. Otra cosa es que deba pagar por enlazar contenidos”, expone un experto del sector, bajo condición del anonimato. Incluso una de las referencias que habitualmente citan los editores nacionales, que es el caso alemán, tampoco les resulta demasiado favorable a tenor de las últimas enmiendas a la Ley de Modificación de la Ley sobre Derechos de Autor promovidas por el partido de Merkel y sus socios liberales de la FDP. Según las mismas, habrá limitaciones al uso que Google hace de los contenidos, pero en ningún caso pagos, como pretenden los diarios españoles.

“El fabricante de productos de prensa (editor de prensa) tendrá la facultad exclusiva de facilitar el acceso público a los productos de prensa o partes de los mismos con fines comerciales, a menos que se trate de palabras sueltas o de extractos muy breves”, expone la enmienda presentada en el Bundestag. Un desarrollo normativo muy alejado de las cuestiones políticas patrias. El reciente acuerdo entre Telefónica y Unidad Editorial, que dibuja una plataforma futura que integre a todos los medios con la teleco como carrier tecnológico, es una señal más para la firma foránea. Si se confirma el modelo y la firma de César Alierta da un paso al frente, Google tendría razones de verdad para atarse los machos en España.
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