Los sindicatos bloquean Telemadrid con las elecciones autonómicas a la vista

La decisión sindical de llevar al Tribunal Supremo los despidos en Telemadrid aboca a la televisión de Ignacio González a un parón de consecuencias imprevisibles. Según los cálculos del sector, el Alto Tribunal podría tardar en pronunciarse al menos un año, lo que retrasaría la refundación integral de la cadena diseñada por la Comunidad de Madrid. De hecho, el impasse trunca también la hoja de ruta política que se había marcado el Gobierno autonómico, que se arriesga a afrontar un proceso electoral en 2015 con su principal herramienta de comunicación hundida en términos de audiencia y lejos de estar engrasada.

Ante este escenario judicial, dos sensibilidades conviven en Telemadrid. Por un lado, están los partidarios de seguir adelante con el plan previsto al margen del pleito. “Argumentan que para eso se hizo el ERE”, exponen fuentes conocedoras del debate en marcha en la casa. Por otro, la visión más legalista –representada por Cuatrecasas- aboga por esperar a que se sustancie el litigio. “El interés político y el empresarial de los gestores pasa por activar en alguna medida la cadena. Sin embargo, los abogados son partidarios de esperar a que se pronuncie el Supremo para evitar males mayores”, zanjan estas fuentes, bajo condición del anonimato.

En efecto, la situación no es nada sencilla para la Dirección, que desde principios de año tiene bloqueada la hoja de ruta para sacar a concurso la mayor parte de su producción y operativa. Y hay licitaciones que no pueden aplazarse sine die. Por ejemplo, los contratos técnicos que actualmente Telemadrid tiene encargados a Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA) están a punto de expirar. “Al menos esa debería salir. Es la Comunidad la que debe ver en las próximas semanas, con la cobertura de sus asesores jurídicos, hasta dónde puede y quiere llegar a la hora de mover la parrilla. No obstante, dejar la cadena en el limbo mientras el Supremo resuelve el pleito es condenarla”, aseguran las citadas fuentes.

Sin contar con el escenario político. “En la Puerta del Sol son conscientes de que cada día que pasa están más cerca las elecciones de 2015”, rematan. Con la audiencia de la cadena por los suelos. El propio director general del ente público, José Antonio Sánchez, aseguraba en el mes de enero que la facturación de la sociedad había caído en un 85%  en plena huelga y lamentaba que el share apenas alcanzaba un irrelevante 3,7%, cuando la media de la Forta se disparaba hasta el 8,9%. En abril, según los últimos datos hechos públicos, la cuota de pantalla apenas levantaba el vuelo hasta el 4,4%.

La demora también aparca durante meses las esperanzas de las principales productoras del sector. Las Secuoya, Vértice 360 o TSA tendrán que esperar para optar a las externalizaciones de Telemadrid y Canal Nou, que se presentan como las más jugosas. Según aseguraban en enero fuentes conocedoras del proceso, la cadena autonómica madrileña tenía previsto colocar en el mercado en varios lotes -podrían llegar hasta seis- los diferentes servicios que necesita contratar, entre ellos algunos tan básicos como los medios técnicos o la operación de los platós de informativos. ¿Cuantía en liza? “Sumarán en torno a 20 millones de euros. La operación será perfectamente rentable para las productoras”, aseguraban fuentes del sector.
 

Un riesgo para los trabajadores

Otra cuestión sobre la mesa es si los sindicatos han medido bien sus fuerzas. Las centrales CGT y UGT han anunciado en estos últimos días la formalización de su recurso de casación ante el Supremo solicitando la nulidad de los 829 despidos acometidos por la Dirección desde el pasado 12 de enero. Una decisión de riesgo que se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declarara improcedentes los despidos en Telemadrid y obligara a la Comunidad a readmitir a los trabajadores o abonarles una indemnización de 45 días por año con un tope de 42 mensualidades. Con la medida, las centrales sindicales alargan un litigio que podría perfectamente quedar cerrado ya, en tanto González se dijo dispuesto a asumir el desembolso y zanjarlo.

Tras el movimiento sindical, el Gobierno autonómico elevará el órdago. El propio director general del ente público admitió la semana pasada que la Dirección formalizaría también su propio recurso a la sentencia y pediría una indemnización de 20 días por año y 12 mensualidades, en atención a la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo. Un planteamiento que puede terminar perjudicando a los trabajadores, que tenían aseguradas altas indemnizaciones. “Hay trabajadores que no están conformes con la decisión de recurrir, pero…”, explican fuentes próximas a la casa. La tesis de los sindicatos es que, más allá de sus declaraciones, la Dirección hubiera recurrido al Supremo "sí o sí". Desde lo laboral a lo político, todo en Telemadrid está en el alero.