Soria apenas toca el bolsillo de las TV por emitir 'telebasura' en horario infantil

La emisión de la denominada telebasura en horario especialmente protegido para los niños no parece preocupar en exceso al Ministerio de Industria. Al punto que, por tercer año consecutivo, las cadenas sólo abonaron en torno a medio millón de euros en concepto de sanciones por infringir la normativa durante el año 2012, según reflejan los últimos datos publicados por el departamento de José Manuel Soria. Una cuantía ridícula para las cadenas, que durante la crisis han mantenido beneficios más que notables. Sólo Mediaset España facturó el año pasado casi 900 millones y ganó más de 50, en su peor ejercicio en lustros.

El Gobierno abrió cinco expedientes a dos operadores por no respetar en sus programaciones los horarios infantiles en 2012. Detectó siete infracciones. Pese a que en 2011 apenas puso en marcha un expediente –del que derivaron tres incumplimientos-, el montante en multas a satisfacer en un año y otro fue el mismo: 561.003 euros. No facilita el análisis que el Ministerio de Industria evite dar detalles sobre los expedientes abiertos y se limite a facilitar datos agregados del sector. Esto es, no precisa el nombre del infractor ni el motivo de la multa finalmente acordada, un enfoque que no promueve precisamente la transparencia.

La evolución también es preocupante si se tiene en cuenta que el Ejecutivo retendrá la potestad sancionadora en el sector, después de que el PP rechazara de plano la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). E inquieta sobre todo porque el propio Ministerio ya admitía recientemente que no tenía medios para desempeñar esa labor, al punto que convocaba una licitación de 3,72 millones de euros para llevarla a cabo. “Se precisa contratar el servicio (…), ya que este órgano, debido al volumen del objeto del contrato y a la indisponibilidad de medios tanto técnicos como humanos, no se halla en condiciones de afrontar tales tareas”, admitía la secretaria de Estado de Telecomunicaciones.

La citada Ley Audiovisual, promovida en la última etapa el Gobierno socialista, establece que los contenidos “que puedan ser perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores” sólo podrán emitirse entre las 22 y las 6 horas. Además, establece tres franjas llamadas de “protección reforzada”, en las que no caben contenidos para mayores de 13 años. Se salvaguardan las horas comprendidas entre las 8 y las 9, así como entre las 17 y las 20 horas, en días laborables; y el tiempo que va entre 9 y 12 en sábados, domingos y festivos. La legislación prohíbe explícitamente la emisión en abierto de “programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita”. 

La propia ley contempla duras sanciones en caso de “vulneración de la prohibición (…) de emisión de contenidos perjudiciales para el menor”. Tipificadas como graves, están previstas sanciones con multa de 100.001 hasta 500.000 euros para servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.001 a 100.000 para los radiofónicos, para los prestadores de servicios de comunicación electrónica y para los prestadores de servicio de catálogo de programas”. El último informe con nombres y apellidos, el polémico estudio que elabora de forma periódica la Comisión Mixta de Seguimiento del Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia, recogía entre marzo de 2011 y el mismo mes de 2012 un total de 67 reclamaciones: 40 correspondían a Mediaset y al programa Sálvame.

El primer motivo de expedientes abiertos a las cadenas tiene que ver con irregularidades en la publicidad. Industria abrió 17 de los 29 procesos totales por exceso de anuncios en las televisiones, lo que provocó 75 infracciones y 1,7 millones de euros en multas. También se fijaron sanciones por importe de casi un millón de euros por publicidad encubierta. En todo caso, la debacle publicitaria también se siente en las multas, que alcanzaron los 9,5 millones en el año 2007, último de vacas gordas. Una cifra que triplica los 3,3 millones con que se ha cerrado de momento 2012, a falta de sustanciar cuatro procedimientos.