Visa sin límite, indemnizaciones de oro y salarios desbocados en el último año del PSOE en RTVE

Irregularidades en el uso de la tarjeta Visa por parte de los directivos, indemnizaciones de más a altos cargos, sueldos que superan con mucho al resto del sector público, entre otras denuncias. La última auditoría interna de RTVE, elaborada por la Intervención Delegada del Ministerio de Hacienda y correspondiente al último año del PSOE en el Gobierno, no deja títere con cabeza. Más quebraderos de cabeza para el actual presidente de la Corporación, Leopoldo González-Echenique, cuya llegada a la casa coincide con la vuelta a los números rojos en la cadena pública, en plenas restricciones presupuestarias.

“De los 95 gastos originados por comidas de trabajos y estancias en hoteles analizados, 25 (el 26,32%) no parecen cumplir el principio de austeridad en el gasto público”, subrayan los auditores tras analizar una muestra de 244 pagos efectuados con tarjeta de crédito. Todo tras apuntar que en la mayor parte de los casos no se indica el motivo del desembolso. Aunque el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, no detalla el número de ejecutivos que poseían tarjetas de crédito en la cadena pública, sí deja claro que podían expedirse para los consejeros –había doce en ejercicio 2011-, los miembros del Comité de Dirección –se contaban 13 direcciones de ese máximo nivel en el citado año- y otros cargos directivos de nivel A.

En todo caso, no parece que todos hagan un buen uso del plástico, al punto de que muchos pagos con tarjeta no se justifican bien o, peor, se corrigen a mano. “De los 244 gastos analizados, 182 sí cumplen con lo estipulado (…), mientras que 62 no lo hacen (el 25,41% restante), bien porque no se acompañan de documento justificativo, porque presentan justificante bancario en lugar de factura, porque faltan datos identificativos o porque el importe está corregido a mano”. En esta línea y a la hora de remitir a la Tesorería los certificados de conformidad que deben acompañar a los justificantes, la Intervención expone que “en 140 gastos se considera insuficiente la explicación de los mismos”.

González-Echenique, que recibió la auditoría el pasado 30 de octubre, realiza las alegaciones pertinentes. Claro que, en el caso del uso de las Visas, básicamente se encoge de hombros. “En el certificado de conformidad que acompañan a los justificantes para la presentación de los gastos en que incurren los directivos titulares de la tarjeta Visa se solicita expresamente rellenar el motivo del gasto no obteniendo, en ocasiones y pese a la insistencia, el resultado pretendido. No obstante, la propia tipología de los gastos facilita habitualmente su correcta asignación”, justifica la Dirección Económico-Financiera de la casa.

Respecto a las correcciones hechas sobre la marcha, se argumenta que puede tratarse de información adicional por parte de los directivos o el cálculo en euros de facturas emitidas en otra divisa. “En ningún caso se modifica el importe a mano”, se quiere subrayar. Sobre la falta de información en los certificados de conformidad, RTVE argumenta que, en ocasiones, no se utilizan los modelos habilitados, por lo que “pudiera no facilitarse algún dato de los requeridos”. No obstante y pese a las explicaciones, la Intervención zanja en sus conclusiones que, “en relación a la utilización de tarjetas de crédito con cargo a la Corporación RTVE, se recomienda el cumplimiento exhaustivo de la normativa interna vigente y del criterio de austeridad que debe regir en todo gasto público”.

Una indemnización 120.000 euros más cara

No es la única inquietud en el Ministerio de Hacienda, que denuncia pagos de más en las indemnizaciones a directivos sufragadas en los seis últimos meses de Alberto Oliart como presidente y en el medio año de sede vacante. “En el ejercicio 2011 se produce el cese de seis directivos contratados por un importe total de indemnizaciones cercano a los 261.000 euros”, subraya el documento. Y en el caso de tres de ellos, motivados “por razones de contención del gasto y restructuración orgánica”, la Intervención entiende que la indemnización debería ser “de 20 días pues se trata de despidos por causas objetivas”. Sin embargo, se pagaron 45 días por año.

Uno de los casos es especial, ya que pese a que el contrato no es de alta dirección, se le indemniza con 12 mensualidades. “El contrato recogía en su cláusula novena esta indemnización en base al Acuerdo del Consejo de Ministros del 17 de diciembre de 1993 (…) Esta Intervención considera esta cláusula contraria a derecho, pues el mencionado acuerdo sólo establece la indemnización de doce mensualidades para la alta dirección (…) Si la indemnización hubiese sido calculada de acuerdo con la legalidad vigente habría sido inferior a la pagada en 120.000 euros”. Incluso se cuestiona el tratamiento fiscal y el número de días que las indemnizaciones quedan exentas de tributación, superior al fijado por ley.  

RTVE se limita a apuntar que "existe cierta controversia sobre la liquidación de los contratos" y que, en el caso de los directivos externos, todos los formalizados hasta la fecha se vinculan al Estatuto de los Trabajadores y a los 45 días por año, "independientemente de la causa del cese". En este sentido, pone énfasis la Intervención en el descontrol existente respecto a la retribución de los ejecutivos, lo que da lugar a desigualdades. “El régimen retributivo de la cúpula directiva continúa careciendo de normativa interna que lo regule, por ello insistimos en la necesidad de aprobación de un sistema regulador, donde se señalen las categorías de directivos y las horquillas de retribución, así como los objetivos o condiciones que determinen la asignación de sus retribuciones variables”.

Sueldos privilegiados

En el conjunto de la plantilla, Hacienda constata un sueldo medio en la Corporación de 46.900 euros, lo que supone un incremento del 6,77% del año anterior. Un desempeño que parece contrastar con los ajustes en las Administraciones y que, sobre todo, está “por encima de la media de otros trabajadores que prestan sus servicios en el sector público”. La Intervención argumenta la subida salarial por el incremento pendiente del último Convenio Colectivo, más el pago de atrasos de los ejercicios 2009 y 2011. Un clavo al que se agarra la Corporación para justificar que la retribución promedio se haya disparado.

“Se debe indicar que los importes acreditados en 2011 no son todos imputables a 2011, puesto que, por ejemplo, en los acuerdos alcanzados en materia de antigüedad, el periodo a regularizar es julio 2010 a junio de 2011, es decir, parte de estos atrasos habría que imputarlos al ejercicio 2010. (…) En lo relativo a saltos de nivel, la regularización se aplica desde el 1 de enero de 2009, por lo que habría que cargar contra 2009, 2010 y 2011 los incrementos”, rebate. No convence a los auditores: “Esta Intervención utiliza el criterio de pago para el análisis y evolución de la retribución media. Todas las cantidades mencionadas en las alegaciones han sido percibidas por los trabajadores en el ejercicio 2011”.