Rajoy afronta la devolución de 650 millones a las 'telecos' por la financiación de RTVE

RTVE es una bomba de relojería para Mariano Rajoy. Y es que más allá de las anomalías en sus cuentas, el Ejecutivo popular podría verse obligado a devolver a las compañías de telecomunicaciones los 650 millones que han desembolsado en los tres últimos años para sufragar la cadena pública y cumplir con el sistema de financiación establecido por el Gobierno Zapatero. La cuestión está en manos de la justicia europea, después de que en marzo de 2011 la Comisión denunciara ante el Tribunal de la UE la tasa impuesta a las telecos españolas para costear TVE y compensar la supresión de la publicidad. Fuentes del sector advierten que la resolución es inminente. Bruselas ya tumbó el modelo francés, muy similar al español.

El revés se produciría en un momento delicado para la casa. El presidente de la Corporación, Leopoldo González-Echenique, admitía la semana pasada en el Senado que la sociedad registrará un déficit de 105 millones en 2012, al no poder asumir en su totalidad el ajuste de 200 millones planteado por el Gobierno. Por si fuera poco, también avanzaba que las cuentas del año tendrán salvedades por parte de la auditoría, que desde hace tres años cuestiona los números de la compañía por no ajustar el precio de sus activos –sobre todo sus inmuebles-. Como accionista de referencia de RTVE, el propio presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, apuntaba días atrás que la contabilidad de la empresa está “manipulada” y los balances sobrevalorados. 

La ley de financiación obliga a los operadores de telefonía a aportar un 0,9% de sus ingresos para sostener la televisión pública. Según las liquidaciones publicadas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y completadas en las cuentas de RTVE, las compañías abonaron 225,97 y 218,72 millones en 2010 y 2011, respectivamente. Pese a la crisis, si la facturación de las compañías evoluciona en la misma línea en el presente ejercicio, la cantidad desembolsada por este concepto superará los 650 millones de euros. Un dinero que las empresas han tenido hasta ahora que abonar, por mucho que hayan interpuesto todos los recursos a su alcance para paralizar el pago y obtener su reintegro.

Y no sólo ante la justicia ordinaria. De hecho, la CMT viene rechazando de forma sistemática las solicitudes que presentan las empresas cada vez que llega una liquidación. Por ejemplo, Telefónica y Orange recurrían ante el supervisor a principios de octubre acogiéndose a la inconstitucionalidad de la tasa. Ambas firmas solicitaban la rectificación y devolución de los pagos realizados a favor de RTVE en 2011 y parte de 2012 debido a que, como apuntaba la empresa gala, es “discutible que la supresión del régimen de publicidad retribuida por RTVE implique la obtención de riqueza alguna gravable para los operadores de telecomunicaciones en general y para Orange en particular”. Hasta ahora, la CMT se ha remitido a la decisión que tome el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Excusa para el ERE

Claro que no falta quien aporta otras visiones. Y hasta considera que una sentencia contraria al actual modelo puede ser un balón de oxígeno para el PP. Juan Luis Gordo, diputado del PSOE, vaticinó durante la última comparecencia de González-Echenique en el Senado que el Gobierno utilizaría una decisión de ese tipo como “pretexto” para acometer una reducción aún más drástica de costes en la Corporación, incluido el expediente de regulación de empleo que temen los sindicatos –CCOO ha hablado de que la dirección trabaja en 1.800 salidas- y que niegan los responsables de la televisión pública. El presidente admitió que quiere reducir los gastos de personal, pero se confió para lograrlo al nuevo convenio, que espera más flexible.

Otro de los debates que abriría la quiebra del modelo es la eventual recuperación de la publicidad para financiar la cadena. Ante la defensa de la oposición sobre la necesidad de abrazar esa opción, González-Echenique dijo “poder compartir” la reflexión en alguno de sus apartados, si bien añadió que los gestores “somos destinatarios de la norma y debemos cumplirla”. Aunque el PP no hacía ascos a recuperar la publicidad antes de llegar al Gobierno, una decisión de esa índole supondría una declaración de guerra a las televisiones privadas, con las que en paralelo negocia para que se avengan a reducir canales y liberar espectro para incorporar los servicios de banda ancha para las telecos. No parece un melón fácil de abrir.

Todo en un escenario de estrecheces económicas. “Me senté en el cargo el 2 de julio -se explicaba el presidente en el Congreso durante su primera comparecencia en el Congreso-. La situación gerencial ha sido muy difícil, teniendo que gestionar un ahorro brutal”, expuso entonces el presidente. En esta línea, recordó que la casa tiene compromisos contractuales ya firmados que no se pueden romper y que la Corporación ha pasado un año entero –el segundo semestre de 2011 y el primero de este año- sin ninguna planificación. “Se hace lo que se puede”, se encogió de hombros, al tiempo que se marcaba finales de 2013 como plazo para volver al equilibrio. Su as en la manga es que el año próximo no tendrá que desembolsar los 127 millones que han costado los Juegos Olímpicos y los partidos de la selección española de fútbol, contenido este último que pretende renegociar.