Vocento pasa por caja para devolver las ayudas de las 'vacaciones fiscales' vascas

Corría el año 1993 y la industria vasca no era una excepción en la crisis que recorría la economía española. El lehendakari José Antonio Ardanza acordaba con las diputaciones forales un plan de choque para incentivar la creación de empresas: las nuevas sociedades alumbradas en el País Vasco quedaban exentas del Impuesto de Sociedades durante sus diez primeros años de vida. Nacían las llamadas vacaciones fiscales. También una batalla de largo aliento con Bruselas, que las consideró desde el principio incompatibles con el mercado común. El Tribunal de Justicia de la UE lo dejaba claro a mediados de 2011, tras casi dos décadas de pelea judicial: las ayudas eran ilegales y había que devolverlas. Y los que en su día se beneficiaron han comenzado a pasar por caja. Entre ellos, Vocento, editora del diario ABC.

Según aseguran fuentes internas de la compañía, el entonces Grupo Correo se benefició de esta exención tributaria en los años noventa para levantar sus plantas de impresión de El Correo y El Diario Vasco en Zamudio (Vizcaya) y San Sebastián (Gipuzkoa), respectivamente. Ambas están a apenas 100 kilómetros de distancia. Unas rotativas de avanzada tecnología que, de acuerdo con fuentes conocedoras de la inversión, supusieron un gasto superior a los 2.000 millones de pesetas de la época. El Grupo Correo se fusionaba en 2001 con Prensa Española para crear la actual Vocento. Y le traspasaba sus cargas. Esta habría procedido ya a devolver a las bonificaciones que percibió, desembolso que imputará a las cuentas de 2011.

No obstante y según advierten estas fuentes, el impacto en los resultados del pasado año será sobre todo simbólico. “No hay que olvidar que hay empresas que se plantean dar las llaves al Gobierno vasco si tienen que devolver las ayudas de golpe. Obviamente, no es el caso de Vocento”, apuntan. De hecho, sectores como el vitivinícola afrontan un auténtico tour de force. Como publicaba recientemente El Diario Vasco, la Comisión Europea exige a doce bodegas alavesas devolver 100 millones en ayudas. Según las cifras que maneja el propio Ejecutivo comunitario, las arcas forales de los tres territorios históricos deberán reintegrar unos 750 millones de euros, recaudados de las entre 180 y 300 empresas que los recibieron y sobre cuya identidad pesa una total opacidad.

Claro que tampoco será una ayuda para las maltrechas finanzas de Vocento en la parte final de un  ejercicio marcado por la crisis publicitaria que atraviesa todo el sector de medios de comunicación. Hasta septiembre, la firma había registrado pérdidas por importe de 13,65 millones de euros, un 78,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Fuentes internas de la compañía explican que la sociedad ha preferido imputar al año 2011 las operaciones gravosas sobre las que tenía margen. Todo con el fin de facilitar la labor en 2012 a su nuevo consejero delegado, Luis Enríquez, en el que será su primer año completo como primer ejecutivo. El ex de Unidad Editorial sustituía el pasado mes de julio a José Manuel Vargas, hoy presidente de Aena.

Atender el mercado francés

El grupo de medios es dueño aún de ambas plantas de impresión a través de Corporación de Medios de Comunicación (Comeco), de la que atesora el 100%. Esta sociedad es la que su vez posee el 100% de Bilbao Editorial Producciones, empresa que gestiona la actividad de las cinco rotativos de la imprenta ubicada en Zamudio. “Da servicio a los editores de prensa locales y nacionales, además de a los nuevos editores de prensa gratuita que han comenzado a distribuir en el ámbito del País Vasco”, rezaba uno de los últimos informes anuales de la firma. Ganó 1,27 millones de euros en 2010, tras facturar 13,37 millones. También controla la totalidad del capital de Sociedad Vascongada de Producciones, compañía que da cobijo a la rotativa ubicada en San Sebastián, pensada para “atender nuevos mercados como el francés”.

Las diferentes diputaciones saben que tienen que afrontar las devoluciones, pero han elegido ritmos diferentes. Por ejemplo, Bizkaia es la provincia que más prisa se está dando en recobrar los fondos, para “paralizar el contador de la multa”. Y es que mientras los tres territorios históricos no cumplan con los requisitos impuestos por la Comisión, la sanción impuesta en su día por la UE sigue creciendo camino ya de los 50 millones de euros. Gipuzkoa, en manos ahora de Bildu, ha seguido la línea marcada por Bizkaia y se esfuerza en recaudar los fondos. Es sobre todo Álava, gobernada por el PP, la que considera incoherente reclamar ahora esos beneficios fiscales y quiere esperar a que el Tribunal de Luxemburgo confirme las sanciones.