Sebastián paga cinco millones a una subcontrata para que vigile los contenidos de TV y radios

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, quiere poner firmes a televisiones y radios antes de hacer la maleta. Un esfuerzo que no le saldrá precisamente gratis. Y es que su Ministerio está dispuesto a gastar más de cinco millones de euros en un servicio de “seguimiento, control e inspección” de la programación de los medios de comunicación para garantizar que sus contenidos se ajustan a la Ley General Audiovisual. Todo con el fin de garantizar que los programas de esoterismo, juegos de azar, teletienda o “culto al cuerpo”, que han proliferado ante la crisis publicitaria que vive el sector, se emitan dentro de las franjas establecidas.

La secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información admite abiertamente que no tiene recursos para asumir por sí sola los trabajos. “Debido al volumen del objeto del contrato y a la indisponibilidad de medios tanto técnicos como humanos, no se halla en condiciones de afrontar tales tareas”, reconoce en los pliegos publicados esta misma semana. El concurso recoge un presupuesto máximo de licitación de 2,97 millones de euros y deja hipotecado al próximo Gobierno al prolongar el contrato hasta 2014. Teniendo en cuenta las “eventuales prórrogas y modificaciones previstas”, la cuantía podría dispararse por encima de los cinco millones.

La licitación obliga al agraciado a crear una base de datos con “todos y cada uno de los servicios de comunicación audiovisual recepcionados en el conjunto del territorio español”. A partir de ahí, debe determinar “el carácter de la programación” y vigilar su evolución. En concreto, su trabajo pasa por determinar si se incluyen contenidos para mayores de 18 años fuera de la franja de las 22:00 y las 06:00 horas; si se cumplen las horas de programación con lengua de signos, o si tienen lugar malas prácticas en la emisión de la publicidad y televenta. También tiene que supervisar que se cumple la ley en los programas de paraciencia o juegos de azar, a los que actualmente recurren la práctica totalidad de las cadenas nacionales.

Además, el contrato implicará el suministro a la Administración de otros datos más subjetivos. Entre ellos, valorar si una cadena emite “escenas de pornografía o violencia gratuita en abierto”; recoger los programas o publicidades que “puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores por su hora de emisión, o los que directamente “vulneren los derechos de los menores”. En esta línea, se pide que se especifiquen los programas que han podido emitir publicidad encubierta “mediante emplazamiento de producto o cualquier otra técnica”. Una supervisión que permitirá imponer las correspondientes sanciones.

Medio millón de euros de sanción

Y no serán pequeñas a tenor de lo dispuesto en la propia Ley Audiovisual. No en vano la mayoría de estas infracciones se consideran graves. Lo es, por ejemplo, “la vulneración de la prohibición (…) de emisión de contenidos perjudiciales para el menor”. También los incumplimientos del límite de tiempo de emisión dedicado a publicidad y a la televenta, “cuando exceda en un 20% de lo permitido”. Estas y otras violaciones de la norma serán sancionadas “con multa de 100.001 hasta 500.000 euros para servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.001 a 100.000 para los radiofónicos, para los prestadores de servicios de comunicación electrónica y para los prestadores de servicio de catálogo de programas”.

La Ley General Audiovisual confiere potestad sancionadora a comunidades autónomas, en su ámbito de competencia, y al flamante Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). No obstante, el Partido Popular ya ha advertido que si llega al poder suprimirá el CEMA, que contempla como un organismo que puede alentar la censura y el control de los medios por parte del Ejecutivo. Desde un primer momento, los populares apostaron porque la gestión de los medios audiovisuales se integre en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), en parte para contener los costes que supone crear una nueva instancia regulatoria.

El Consejo de Ministros impulsaba la constitución del CEMA el pasado 3 de junio, urgencia que el PP entendió como un intento de nombrar a los consejeros antes del fin de la legislatura. La convocatoria de elecciones para el 20 de noviembre parece dejar su puesta en marcha en stand-by. En el contrato licitado esta semana, la secretaria de Estado de Telecomunicaciones asegura necesitar la información “para poder cumplir las funciones que tiene encomendadas en cuanto a seguimiento, control e inspección en la difusión de los servicios de comunicación audiovisual”.