El 'lobby' de Internet arrasa; el de la prensa ni da la batalla

Apenas horas ha necesitado Internet para detener la tormenta. Se dirá que los 14 blogueros que acudieron el jueves al Ministerio para negociar con Ángeles González-Sinde no constituyen una representación adecuada. También se argumentará que no se ha entrado en el debate de fondo sobre cómo regular la protección de la propiedad intelectual en la Red. Puede ser. Pero de lo que no hay duda es de que la fenomenal movilización promovida por la abstracción internauta ha logrado en tres días dar jaque –veremos si mate- a la desairada titular de Cultura, al tiempo que ha clavado el primer rejón a la Ley de Economía Sostenible, iniciativa estrella del Gobierno Zapatero. 

 

No tenía que haber sido así. Otros tenían razones antes que los internautas para mover ficha. El viernes pasado, antes siquiera de conocer el detalle de la norma, la vicepresidenta Elena Salgado avanzaba un punto que atentaba directamente contra las cuentas de resultados de los periódicos. El Gobierno ponía fin a la publicidad de los acuerdos societarios en prensa con el objetivo declarado de ahondar en la simplificación administrativa y mejorar la competitividad de las empresas. ¿Problema? Que esos anuncios suponen, por ejemplo, el 11% de la inversión anual en publicidad que entra en los periódicos económicos. Los regionales también se verán gravemente afectados y en algún caso pueden dejarse por el camino más de un millón de euros. 

La respuesta de los diarios ante semejante dardo ha sido el silencio. Una semana después no hay postura oficial de AEDE, asociación que agrupa a los principales grupos. “Es verdad que no se ha reaccionado, lo que contrasta con la capacidad de movilización de Internet”, apuntaba el viernes, no sin cierta envidia, un alto directivo de un grupo de medios con cabeceras en papel. Lo paradójico es que los editores de prensa sí se expresan, pero sotto voce. “No es el chocolate del loro. Eran ingresos recurrentes en un momento en que los anuncios en general caen a un ritmo del 30%. En un diario local, si supone entre 300.000 y 500.000 euros al año, estamos hablando de muchos puestos de trabajo”, aseguraba a El Confidencial el dueño de un grupo de medios regionales.

Desprecio a la 'lista Sinde'

Una envidia comprensible teniendo en cuenta la fulgurante movilización en la Red. El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet no sólo se gestó en cuestión de horas en un foro la noche del martes, sino que casi al instante figuraba en 150.000 páginas web y contaba con más de 60.000 miembros en Facebook. Lo que ha molestado entre los promotores del documento es que alguno de los grandes medios, al verse fuera de juego, haya tratado con desprecio a los integrantes de la lista Sinde. "Únicamente dos de ellos (...) son propiamente empresarios de Internet. Hay directores de medios digitales, como (....) Gumersindo Lafuente, director de Soitu, que cerró en octubre cuando el BBVA dejó de financiarlo, y Mario Tascón, creador de lainformación.com, un portal en el que un robot decide qué noticias son importantes", se leía el viernes en El País.

Tampoco ha sido generoso El Mundo, que en su editorial -titulado Zapatero no debe ceder frente a los piratas de la Red- decía no sentirse representado por los 14 blogueros y arrimaba el ascua a su sardina. "González-Sinde se reafirmó ayer por la mañana [por el viernes] en sus planteamientos tras reunirse con una peculiar representación del sector, entre la que no figuraba ELMUNDO.es (...) ni MediosON, la asociación española de medios online, que integra a los principales productores de contenidos". Lo cierto es que ni El País ni El Mundo habían suscrito el manifiesto.

Otra pregunta es por qué callan los editores, aunque su falta de unidad de acción -de la que han dado sobrada muestra en las últimas fechas- da algunas pistas. Quedó clara en la negociación mantenida con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández De la Vega, para poner en marcha el casi ultimado plan de ayudas a la prensa. De hecho, el viernes 12 de junio el Consejo de Ministros tenía previsto darle luz verde. Un día antes, saltándose los acuerdos alcanzados en AEDE, El Mundo, La Vanguardia y Abc rechazaban de plano la iniciativa desde sus propias páginas, argumentando que el texto no había contado con el consenso de los grupos editoriales. Sólo un ejemplo de los problemas internos de una asociacion con demasiados intereses e hipotecas y en la que, además, hay miembros de primera y de segunda. No todos los grupos tienen los mismos votos ni el mismo peso a la hora de elegir la Junta Directiva.

Esos movimientos poco ágiles para consensuar un plan de ayudas contrastan con la rapidez del frente Internet. "Catorce profesionales con sus puntos de vista (...) pero con un frente común: los derechos de autor no pueden anteponerse a los derechos fundamentales; debe ser un juez, y no un ministerio, quien decrete el bloqueo de un sitio web", exponía el viernes en su web la directora de 20minutos.es Virginia Pérez, recordando que el manifiesto nació de forma "espontánea, democrática y colaborativa". Su siguiente objetivo es diseñar con tiempo un modelo alternativo por si el Gobierno plantea nuevas iniciativas legales que puedan ir en contra de sus intereses. Las presiones a nivel comunitario -con la Presidencia española de la UE a la vuelta de la esquina-, de los creadores y de la Administración Obama lo garantizan.