El cine español quiere más: pide un 7% de los ingresos de las televisiones públicas

El nuevo presidente de RTVE, Alberto Oliart, se estrenó pidiendo más dinero para afianzar su proyecto para la Corporación. Pero, como se descuide, puede que le toque menos. El cine español, insaciable, quiere sacar el mayor rédito económico a la Ley General Audiovisual y ha puesto sus ojos en las cadenas públicas. Su última propuesta consiste en que éstas tengan que destinar el 7% de su presupuesto para financiar sus producciones, frente al 5% que debían invertir hasta ahora y al 6% recogido en el proyecto de ley. Así figura en las alegaciones a la norma remitidas a los grupos parlamentarios por la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (Fapae), a las que ha tenido acceso El Confidencial.

 

Oliart no es el único que tiene motivos para preocuparse. Fapae ataca a las televisiones privadas en dos frentes. En primer lugar, quiere que las cadenas sólo puedan adquirir los derechos de explotación de las películas con el 5% que deben invertir de forma obligatoria, pero no participar directamente en su producción. Según se desprende del documento, la idea es reservar las coproducciones exclusivamente al sector público. “No tiene sentido que no se pueda participar en la producción de una obra que tienes la obligación de financiar”, explicaban ayer a este diario fuentes del sector.

Más preocupante es la apuesta porque las televisiones privadas sólo puedan destinar un 1% de su inversión obligatoria a series de ficción, frente al 2% que contempla la Ley Audiovisual. Y es que ese 2% es intocable para Uteca, el lobby que agrupa a las cadenas privadas. De hecho, es su gran logro en la negociación de la ley con la vicepresidenta De la Vega. El argumento de las televisiones es que pueden rentabilizar mejor las series que el cine, de cuyo desempeño en taquilla dudan. Los productores quieren que el 5% de inversión se distribuya destinando un 2% para derechos de explotación de obras cinematográficas; otro 2% para películas de televisión y miniseries, y un 1% para documentales, series de animación y series de ficción.

La iniciativa de Fapae también desglosa cómo las cadenas públicas deben invertir su 7%. “Al menos el 4% de los ingresos devengados (…) deberá destinarse a la adquisición de derechos de explotación de obras cinematográficas; al menos un 1% en derechos de explotación de series de animación; al menos un 1,5% a películas para televisión y miniseries; y al menos un 0,5% a la adquisición de documentales unitarios de creación”. Todos contentos. Hasta ahora, la Ley Audiovisual estipula que para los medios de cobertura estatal o autonómica “la obligación será del 6% dedicada íntegramente a la financiación de la producción europea de películas cinematográficas”.

 

El 50% para la producción independiente

No es el único rejón de los productores, que insisten en que las cadenas privadas “deban dedicar al menos el 50% de las inversiones en obras cinematográficas para adquirir únicamente derechos de explotación para la difusión televisiva de obras de productores independientes”. Fapae defiende la fijación de porcentajes concretos de inversión, en tanto establece “unas normas claras, que garantizan que todo el conjunto de contenidos generados por nuestra industria audiovisual tendrán un mínimo de garantías en cuanto a su aparición en pantalla”.

También introduce que la financiación de las producciones deba hacerse de forma “anticipada”, un matiz que no incorpora el texto legal y que las televisiones rechazan de plano. No en vano les obligaría a realizar inversiones a ciegas ya que el coste final de producción de una obra no suele ser coincidente con el presupuesto inicial, que es el que se declara y computa.

Las televisiones privadas también se han acercado a los grupos parlamentarios para hacer valer sus propuestas. Como adelantó El Confidencial, la idea de Uteca era que, del 5% de sus ingresos que las televisiones deben destinar a financiar producción audiovisual, sólo la mitad tuviera que ir exclusivamente al cine español. Según la redacción actual, la dotación llegaría a un 60%. En segundo lugar, también han buscado reducir el porcentaje dedicado a cine independiente.

Precisamente ayer acababa el plazo para la presentación de enmiendas parciales a la ley, después de que por la mañana el pleno del Congreso rechazara las enmiendas a la totalidad de ERC-IU-ICV y el PP. Según los populares, habían recibido más de 600 propuestas de enmiendas a la ley procedentes de 40 asociaciones. El PP ha centrado sus enmiendas en que sólo la autoridad judicial pueda adoptar medidas que supongan la interrupción del servicio de comunicación audiovisual o la retirada de contenidos audiovisuales.