Los ‘amos de la prensa’ preparan un borrador común para que el Gobierno acuda en su auxilio

El martes pasado fue un día de trajes largos. La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) celebró su 30 aniversario con un acto institucional presidido por los Príncipes de Asturias. Aunque la ceremonia protocolaria sirvió como escenario para que Javier Godó (La Vanguardia) expresara públicamente la necesidad de que el Gobierno proteja a este sector, lo más interesante ocurrió fuera de foco. A la hora del almuerzo, varios de los asistentes comieron juntos en Zalacaín, improvisando una especie de comité ejecutivo de la patronal.

 

A la mesa, estuvieron algunos de los editores más proactivos, como Juan Luis Cebrián (Prisa-El País), José Manuel Vargas (Vocento-ABC-El Correo), Pilar Yarza (Presidenta de AEDE-El Heraldo) y Antonio Fernández Galiano (Unedisa-El Mundo). Una reunión informal entre competidores acérrimos en el kiosko que sirvió para cambiar impresiones de manera distendida y para diseñar el programa de actuación, según ha reconocido a este diario uno de los asistentes. Sobre todo, elegir al interlocutor en el Gobierno: la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Hasta la fecha, todavía no ha existido ningún encuentro oficial. Cada grupo ha hecho la guerra por su lado a base de encuentros informales con miembros del Gobierno y del propio PSOE. “Se trata de que los poderes públicos reconsideren su ámbito de actuación”, subraya otro de los asistentes. “Es bueno que haya un clima de sensibilización y Nicolás Sarkozy puede que haya marcado el camino a seguir. Puede que ahora sea el momento de que se recojan algunas reivindicaciones históricas del sector”.

Por el momento, las distintas asociaciones editoriales, de prensa de pago (AEDE), de diarios gratuitos (APG), de publicaciones profesionales (APP) y de revistas (ARI) trabajan en la elaboración de un borrador común con una posible batería de medidas con ayudas al sector. Según el director general de APG, Víctor Núñez, se ha trabajado para liderar un movimiento común. Una vez alcanzado este punto de partida, el modelo francés, es decir, la solución Sarkozy, se ha tomado como el formato base sobre el que redactar las peticiones colectivas de la industria española.

El documento para sensibilizar al Gobierno se sustenta sobre tres pilares básicos: la financiación pública a los jóvenes para comprar prensa (Francia regala periódicos durante 12 meses con la mayoría de edad), la introducción de estímulos fiscales (como la reducción del IVA a un tipo mínimo) y la aportación de ayudas directas para el proceso de reconversión industrial (compra de papel, modernización de equipos tecnológicos…). Ruegos pecuniarios que se justificarían por la contribución de la prensa al fomento de la lectura o a la cultura democrática.

“Siempre hay que tener como marco lo que se está haciendo en la UE”, explica el CEO de un grupo editor. Por descontado, existiría un modelo básico y más directo que supone la inyección de subvenciones a través de inversión publicitaria de la Administración. Aunque esta acción puede generar algún rechazo, los grandes editores se sienten discriminados respecto a otros colectivos, como el de las televisiones privadas (UTECA), que han presionado reiteradamente para que RTVE reduzca su financiación con ingresos publicitarios.

Los resultados de 2008, con drásticos descensos en los beneficios, y el mal arranque de 2009, con el cierre del gratuito Metro, han provocado un llamamiento de urgencia entre todos los agentes del sector. Las reuniones a varias bandas se han sucedido durante las últimas semanas, “con el objetivo de que haya un borrador consensuado antes de acabar el mes”. Cuanta mayor sea la demora, mayor será el riesgo de destrucción de empleo. Los peores cálculos manejados entre las patronales barajan entre 8.000 y 10.000 despidos potenciales.