Merina pide al juez investigar el alquiler de una sede que el colegio de médicos "regala" a una fundación de Sellés

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) alquila un inmueble de casi 800 metros cuadrados, que en su día fue su sede, por un coste considerablemente inferior al precio de mercado, a una fundación de la que el actual presidente en funciones, Manuel Martínez-Sellés, es patrono. Dicho espacio se encuentra la calle Esparteros, 11, en pleno centro de Madrid, y se renta a la Fundación Jérôme Lejeune. Así se reflejaba en la información exclusiva que daba El Confidencial el pasado mes de enero.

Este miércoles el equipo de Icomem Para Todos, liderado por Tomás Merina, último ganador de las elecciones del colegio, ha anunciado que pedirá al juez que investigue una posible "comisión de delitos". Tal y como describen, consideran que "regala" su alquiler: "El colegio la cede por debajo de su precio de mercado a una fundación que tiene entre sus patronos a Martínez-Sellés".

En concreto, el equipo legal de Merina ha remitido al Juzgado de Instrucción nº13 de Madrid –donde se instruye la causa penal por posibles irregularidades en el Icomem– documentación donde se detalla la "cuestionable" gestión de Martínez-Sellés y su equipo respecto a este inmueble.

La sede del colegio ha pasado por diferentes localizaciones, como la calle Barquillo, Mayor, Gran Vía, Esparteros, Alcalá o Príncipe de Vergara. Y acorde con la información publicada por el propio Icomem, quedó finalmente establecida en 1970 en el edificio de la calle Santa Isabel, gracias a una cesión del Ministerio de Educación y Ciencia.

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Tal y como detalla el Informe de Auditoría de Cuentas Anuales del año 2022, las construcciones en curso en el piso de la calle Esparteros, que siguió perteneciendo al colegio, en ese momento alcanzaban los 757.815 euros y se especificaba que la amortización acumulada en ese año era de 410.119. Más abajo se destaca la inversión realizada en esa sede y se expone que el Icomem firmó con la entidad sin ánimo de lucro un "convenio marco de colaboración" con objeto de "establecer los principios básicos" de contribución entre ambas entidades para el desarrollo de "proyectos, programas y actividades relacionadas con la atención médica de las personas con discapacidad intelectual, la divulgación del valor de la ética clínica y la deontología médica, la formación, así como cuantas acciones se determinen como necesarias para la cooperación entre ambas entidades".

También, en esa misma fecha, firmaron un contrato de arrendamiento de los inmuebles situados en la planta primera y el local 13 de la quinta planta de la calle Esparteros, 11. "Para la realización por parte del arrendatario de actividades propias de sus fines como: a la investigación biomédica de las patologías de la inteligencia de origen genético; a la atención de personas con discapacidad intelectual; la formación; y la promoción de la vida y la dignidad de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural", explica el documento.

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Tras las obras, el inmueble se alquiló con una duración inicial de 15 años por 32.727 euros anuales (más IVA), pagaderos por mensualidades anticipadas de 2.727 euros al mes (más IVA). "Esta renta anual será revisada, aplicando a la renta correspondiente a la anualidad anterior la variación al alza que experimente el Índice General Nacional del Sistema de Índice de Precios al Consumo", dice el texto.

"Si se alquilara a precio de mercado, al tratarse de un inmueble en el centro de Madrid, la Fundación Jerôme Lejeune debería pagar alrededor de 20.000 euros al mes por usar el inmueble. Sin embargo, lo hace a un precio muy reducido. Se trata de un inmueble cuyo valor patrimonial supera ampliamente los ocho millones de euros, pero del que, por desgracia, su gestión no beneficia en absoluto los intereses de los médicos de Madrid, que son sus verdaderos propietarios", opinan desde Icomem Para Todos.

"Toda esta operación se ha llevado a cabo de la forma menos transparente posible"

"Nos hemos visto obligados a aportar esta documentación al juzgado para su investigación porque creemos que es un escándalo de dimensiones mayúsculas. Los médicos de Madrid nos merecemos un Colegio que gestione con honradez el patrimonio común de todos nosotros", añade Merina.

"Toda esta operación se ha llevado a cabo, de principio a fin, de la forma menos transparente posible. No se conocen los detalles del contrato firmado entre Martínez-Sellés y la citada fundación. Igualmente, se desconoce qué criterios se siguieron para fijar las condiciones de alquiler. No hay constancia de ningún informe técnico o de que se consultara a un Agente de la Propiedad Inmobiliaria para fijar un precio acorde al mercado", finaliza el comunicado de Icomem Para Todos.

La respuesta del Icomem

Por su parte, el Icomem ha respondido a Merina mediante un comunicado: "La cesión en régimen de alquiler del inmueble ubicado en la calle Esparteros, 11, fue realizada conforme a criterios de legalidad, transparencia y responsabilidad institucional. Este acuerdo responde a una estrategia de preservación patrimonial y optimización de recursos que ha permitido recuperar un edificio histórico, previamente cerrado durante once años, en riesgo de ruina y con peligro de ocupación, con un coste de mantenimiento elevado. El acuerdo se formalizó con la Fundación Jérôme Lejeune, organización internacional sin ánimo de lucro, con amplia trayectoria en el cuidado de personas con discapacidad intelectual de base genética. En ningún caso se ha producido una donación ni un regalo del inmueble, como se ha sugerido de forma errónea y malintencionada".

Han añadido que la Fundación Icomem "asume el mantenimiento del edificio": "Evita su deterioro, y genera ingresos recurrentes para el colegio, que se destinan a programas y servicios para los colegiados. Además, el inmueble sigue cumpliendo funciones esenciales, como la consulta del Programa PAIME de atención al médico enfermo y la realización de reuniones institucionales".

"Todos los pasos dados han seguido el procedimiento reglamentario, y si las autoridades judiciales requieren información, el Icomem colaborará con total apertura. No tenemos nada que ocultar y rechazamos cualquier intento de instrumentalización política del patrimonio común de los médicos de Madrid", concluyen en la nota.