Sanidad quiere imponer un copago extra en los medicamentos, que afectará especialmente a las rentas medias

Este viernes se filtraba el Anteproyecto de Ley de Medicamentos, una iniciativa legislativa para regular todo lo relacionado con los medicamentos de uso humano, veterinarios, y productos sanitarios. El documento recoge todos los pasos, desde la investigación hasta la comercialización, así como la inclusión en la prestación farmacéutica y su financiación con fondos públicos.

En caso de aprobarse definitivamente este texto, el Ministerio de Sanidad establecerá, cada dos meses, un precio para cada agrupación homogénea de medicamentos sustituibles con base en las ofertas ciegas de las compañías (unas no deberían saber lo que ofrecen las otras). Esto es lo que se conoce como sistema de subasta continuada, similar a un modelo aplicado en Suecia, país que no tiene prácticamente fabricación local de medicamentos fuera de patente.

De esta manera, habrá un medicamento con el precio más bajo, una agrupación con medicamentos con precios seleccionados dentro de un rango de precios y una agrupación de medicamentos no seleccionados.

El contenido del documento ha dejado sorprendidos a los principales agentes sociales, que ni siquiera han recibido por el Ministerio de Sanidad el borrador, según informan a este periódico. Entre los puntos que les preocupan especialmente es que, si definitivamente se aprueba este texto como está, introducirá un pago extra si el paciente quiere elegir un determinado medicamento; igualmente, establecerá un sistema de copago basado en las rentas del contribuyente.

Copago extra por elegir

El borrador establece en su artículo 99 que "cuando la elección sea uno de los medicamentos no incluidos dentro de la lista de precios seleccionados para la financiación por el Sistema Nacional de Salud, el paciente abonará la parte del precio, de acuerdo con su aportación según se recoge en el artículo 120 de esta ley, que le correspondería si se dispensara el medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea más la diferencia de precio entre éste y el medicamento elegido".

En este punto es donde los expertos consideran que se introduce el copago extra evitable, ya que obliga a los pacientes que necesiten un medicamento que no sea el seleccionado por su precio más bajo a abonar la diferencia de precio con el medicamento recetado por el médico.

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Europa Press

Además, el texto establece que el farmacéutico puede dispensar el medicamento prescrito o uno de los seleccionados, también en el caso de los biosimilares (hasta ahora declarados por la AEMPS como medicamentos no sustituibles). El paciente podrá elegir el medicamento de entre los sustituibles, si bien en caso de que opte por un medicamento no incluido en la lista de precios seleccionados, deberá abonar como copago la diferencia de precio con el más bajo, además de la aportación que le corresponda por renta. Cuando el paciente no muestre preferencia alguna, el farmacéutico dispensará el de precio más bajo, pudiendo cambiar incluso el tamaño del envase o la forma farmacéutica elegida entre prescriptor y paciente.

De este modo, a los agentes sociales les preocupa que se pueda producir una imposición del copago a los pacientes. Con la ley actual solo es posible la sustitución, excepcionalmente, en caso de desabastecimiento o urgente necesidad. La nueva redacción permite la sustitución libre del farmacéutico, incluso de medicamentos con diferente forma farmacéutica, de manera que el paciente que desee obtener el medicamento recetado tendrá que pagar la diferencia con el de precio más bajo.

Tramos de renta

Hasta ahora los tramos de renta para el copago, que han permanecido invariables desde 2012, son tres: rentas inferiores a 18.000 euros, que pagan el 40%; las de 18.000 a 100.000, que abonan la mitad; y más de 100.000, que desembolsan el 60%.

El borrador hace referencia en su artículo 120 a nuevos tramos de aportación que hará cada usuario. En este caso, establece que el porcentaje de aportación que deberá hacer por cada medicamento (la cual también se haría en el caso de la elección si el usuario estuviese exento) seguirá el siguiente esquema:

• Un 65% del PVP para los usuarios y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 100.000 euros consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
• Un 60% del PVP para los usuarios que beneficiarios cuya renta sea igual de asegurado activo y sus lo superior a 60.000 euros e inferior a 100.000 euros.
• Un 55% del PVP para los usuarios que beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 35.000 e inferior a 60.000.
• Un 50% del PVP igual o superior a 18.000 euros e inferior a 35.000 euros.
• Un 40% del PVP para los usuarios que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios y no se encuentren incluidos en los apartados anteriores.
• Un 10% del PVP para los usuarios que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios, con excepción de los usuarios incluidos en los dos primeros apartados cuyas aportaciones serán las indicadas en dichos apartados con independencia de su condición de pensionistas.
• Un 40% del PVP para los usuarios extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España a los que se refiere el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo.

Riesgo de confusión

Desde la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, que no quieren entrar a comentar el borrador hasta que se haga público, sí que hacen referencia a su postura de que a menudo se genera un sistema confuso para el médico prescriptor al hacer coexistir varias medidas contrapuestas, como son:

• Un sistema de precios de referencia que reduce el precio del original para igualarlo al de sus genéricos o biosimilares.
• Establecimiento de indicadores que priman el uso de genéricos y biosimilares con objetivos cercanos al 100%.
• Medidas de competencia entre genéricos y biosimilares a nivel de la adquisición y dispensación, que promueven cambios entre marcas a los pacientes sin que exista constancia de que los beneficios de dichos cambios repercutan en beneficio para el SNS.

"Desde las sociedades médicas consideramos que las medidas para sacar el máximo partido para el SNS de la reducción de precios una vez agotado el periodo de explotación exclusiva del medicamento original, deben ser respetuosas con los derechos y responsabilidades de pacientes y médicos, evitando cambios que no supongan beneficio al sistema y confundan a los pacientes", señalan en un texto remitido a este periódico.

Además, señalan que en cualquier caso, en medicamentos biológicos, se debe respetar la norma de prescripción por marca y no realizar cambios en el momento de la dispensación sin aprobación del médico.

"Asimismo, cualquier sistema de precios de referencia y selección de medicamentos debe tener en cuenta que dos medicamentos, que en su desarrollo clínico y regulador hayan mostrado eficacia similar en la misma indicación, y se puedan considerar alternativas similares a efectos de los procesos de financiación y precio, deben poder ser objeto de prescripción individualizada ante un paciente concreto. En el momento de la prescripción a un paciente, dos principios activos distintos que se hayan mostrado similares en su eficacia y seguridad en los ensayos clínicos pueden ser objeto de priorización diferencial atendiendo a diferencias en interacciones, reacciones adversas, pauta de administración u otras que puedan ser relevantes en un paciente concreto, diferencias en la evidencia disponible para la condición clínica concreta del paciente, experiencias previas del paciente con uno u otro, y otros factores", añaden.