¿Qué obligaciones tienen las farmacéuticas en la emergencia global de salud?

Pandemia, olas, vacunas ARNm, variantes de coronavirus...son palabras que se han integrado a nuestro vocabulario cotidiano. En marzo de 2020, cuando el SARS-CoV-2 trastocó el orden mundial eran grandes desconocidas para la población general (también para algunos científicos) y ahora ya todos nos atrevemos a opinar (unos con más acierto que otros). Pero a lo largo de estos meses, en lo que sí nos hemos puesto de acuerdo ha sido en poner el foco en las empresas farmacéuticas, sobre las que hemos depositado la esperanza -y la responsabilidad- de dar con medicamentos para tratar el covid y vacunas con gran capacidad inmunizadora frente al patógeno.

No es menos cierto que las expectativas depositadas en los desarrollos biotecnológicos se han acompañado, a menudo, de reticencias en torno a las buenas prácticas de las compañías, pero también de los países más desarrollados, que han sacado músculo para llegar los primeros a la meta de la inmunización universal. Se han subido al podio, pero la carrera contra el covid no termina hasta que todos los estados alcancen la meta, porque mientras que el virus pueda expandirse le será más fácil mutar para seguir infectando y sobrevivir.

TE PUEDE INTERESAR

Si España quiere llegar al 70% de vacunados en agosto, debe acelerar

Laura Morales Darío Ojeda

Este es uno de los escenarios que más preocupan a las organizaciones internacionales, y para garantizar el acceso universal a las vacunas en todos los países, en abril de 2020 se puso en marcha la iniciativa COVAX, coordinada por Gavi (Alianza para la Vacunación), la Coalición para la Preparación de Innovaciones para Epidemias (CEPI) y la OMS. Se trata de una plataforma de apoyo a la investigación, el desarrollo y la fabricación de una amplia gama de vacunas candidatas COVID-19 y para negociar sus precios. El compromiso es que todos los países participantes -190 - , independientemente de sus niveles de ingresos, tengan el mismo acceso a las vacunas. El objetivo inicial, como recoge la web de COVAX, era tener dos mil millones de dosis disponibles para fines de 2021, “lo que debería ser suficiente para proteger a las personas vulnerables y de alto riesgo, así como a los trabajadores de la salud de primera línea”.

Según sus impulsores, sin este proyecto, “existe un riesgo muy real de que la mayoría de las personas en el mundo queden desprotegidas contra el SARS-CoV-2, y esto permitiría que el virus y su impacto continúen sin cesar. COVAX se ha creado para maximizar nuestras posibilidades de desarrollar con éxito vacunas COVID-19 y fabricarlas en las cantidades necesarias para poner fin a esta crisis y, al hacerlo, garantizar que la capacidad de pago no se convierta en una barrera para acceder a ellas”.

Los dos polos de la pauta completa

Pero las buenas intenciones se quedaron en papel mojado cuando se aprobaron las primeras vacunas. Desde entonces, como defiende Virginia Rodríguez Bartolomé, responsable del proyecto de incidencia política del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), en un artículo de opinión difundido por la agencia SINC, “los países más prósperos -Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Japón – han alcanzado acuerdos bilaterales con la industria farmacéutica para la adquisición de una cantidad de dosis de vacunas que les permita inmunizar varias veces al conjunto de su población”.

Muchos de los estados más desarrollados han vacunado al 60% de la población, entre ellos España, donde más del 60% ya tiene la pauta completa y el objetivo es llegar al 70% a finales de agosto. Pero otros países viven una realidad muy distinta (en India, por ejemplo, un tercio de los ciudadanos ha recibido una dosis, y solo el 8,2% tiene la pauta completa, en Venezuela, el 10% tiene una dosis y el 3,9% la pauta completa...)

Hace unos días, la propia COVAX admitía el fracaso: “En los ocho meses desde que las vacunas covid están disponibles, se han administrado casi cuatro mil millones de dosis y, sin embargo, el número de casos y muertes continúa aumentando. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no estamos haciendo el uso global más eficiente de las dosis disponibles”.

Tercera dosis y la sombra de una sospecha

En este contexto ha irrumpido otra variable: el debate (científico y también político) sobre la necesidad de inocular una tercera dosis, al menos, a algunos grupos de población para aumentar la protección frente a las nuevas variantes. Esto puede ser la ‘puntilla’ para el proyecto COVAX, que en su último escrito manifiesta abiertamente su oposición a la dosis de refuerzo: “A medida que está surgiendo evidencia sobre los posibles beneficios de las inyecciones de refuerzo frente a la propagación continua de la variante Delta, ofrecer a las personas completamente vacunadas una tercera dosis antes de que sea absolutamente necesaria es un ejemplo de que no estamos haciendo el uso global más eficiente de las dosis disponibles”.

TE PUEDE INTERESAR

Investigan tres posibles nuevos efectos secundarios de las vacunas de Pfizer y Moderna

Agencias

Mientras, las farmacéuticas y los gobiernos cierran acuerdos ventajosos para todos. A principios de agosto, el 'Financial Times' publicó que en el nuevo contrato con la Comisión Europea, Pfizer BioNTech aumenta el precio de su vacuna un 25% (de 15 euros pasa a 19,5 euros) y Moderna lo incrementa un 2% (de 19 a 21 euros). Para el futuro, Bruselas ha descartado a Astra Zeneca (que se vende a precio de coste, 2 euros) y Janssen (8,4 euros).

Después de este anuncio, ha saltado la noticia de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) está estudiando nuevos posibles efectos adversos debidos a -¿casualidad?- la inmunización con Pfizer y Moderna.

Responsabilidad compartida

Está claro que cada agente juega sus bazas a medida de sus intereses. Un grupo de científicos de prestigiosas universidades (Oxford, Pensilvania, Princeton, Melbourne o Bergen, entre otras) han publicado en la revista ‘The Lancet’ el editorial ¿Cuáles son las obligaciones de las compañías farmacéuticas en una emergencia sanitaria global?, en el que parten de una premisa: “Todas las partes involucradas en la investigación, desarrollo, fabricación y distribución de vacunas COVID-19 necesitan orientación sobre sus obligaciones éticas. Nos enfocamos en las obligaciones de las empresas farmacéuticas porque su capacidad para investigar, desarrollar, fabricar y distribuir vacunas las coloca en una posición única para detener la pandemia”.

Sin embargo, este reconocimiento no implica no cuestionar el papel que desempeñan los gobiernos y las organizaciones (incluida COVAX), y proponen diferentes modelos para facilitar el deseable acceso universal a la vacuna.

¿La conclusión? Los autores establecen cuatro puntos:

1. “Algo de multilateralismo es éticamente necesario. Ni el enfoque de precios escalonados ni el de bienes públicos globales por sí solos garantizarán una distribución justa”
2. “Estos enfoques no se excluyen mutuamente. Con la excepción de los parcialmente bilaterales y totalmente multilaterales, los enfoques pueden combinarse”.
3. “Para garantizar una distribución justa, una producción óptima y la sostenibilidad, los enfoques parcialmente bilaterales o totalmente multilaterales tendrían que adoptar un marco de distribución más éticamente defendible que el enfoque poblacional de COVAX, que ignora las diferencias de necesidad en varios países y permite la rendición de cuentas a través de transparencia mejorada”.
4. ”La dependencia de la trayectoria (es decir, la forma en que las decisiones pasadas y los arreglos institucionales limitan las opciones actuales) favorece el enfoque parcialmente bilateral combinado con precios escalonados y transferencia de conocimiento. Las empresas ya han ejecutado y están cumpliendo acuerdos bilaterales al mismo tiempo que venden vacunas a COVAX. Aunque el enfoque totalmente multilateral, quizás combinado con elementos de otros enfoques, podría ser más satisfactorio que los acuerdos bilaterales, cambiar hacia un nuevo enfoque institucional en una crisis presenta desafíos abrumadores, como ha demostrado COVAX”.

Entonces, ¿hay o no salida? Los firmantes son claros: “No existe un arreglo institucional autorizado y ampliamente aceptado para garantizar una distribución justa de las cargas en respuesta a pandemias u otras emergencias sanitarias mundiales. La necesidad de tal arreglo obliga a las empresas farmacéuticas, junto con los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales e internacionales y otros, a desarrollar en colaboración las innovaciones institucionales necesarias en previsión de la próxima emergencia. Responder con equidad a las emergencias sanitarias mundiales requiere abordar el amplio problema de la justicia en la difusión mundial de innovaciones valiosas”.

Dicho claramente: es necesario cambiar el modelo y hacer que el conglomerado actual de instituciones (públicas y privadas) sea capaz generar y distribuir los beneficios de la innovación, y una respuesta institucional más sólida.