La España incomunicada, por J. R. Romero Rodríguez

Estimado Director:

Hace unos años, decidimos encaminar la última etapa de nuestras vidas profesionales urbanas hacia el mundo rural, pasando del ejercicio de las profesiones de abogado y farmacéutica a la del viñedo, la enología y la tecnología aplicada a ese ámbito. Adquirimos tierras abandonadas y un conjunto agrícola-industrial que hemos rehabilitado en la comarca de Daroca (Zaragoza). Venimos desarrollando proyectos de investigación agronómica, transformación y comercialización mediante técnicas de identidad digital certificada del producto hasta el consumidor y comercialización B2C.

Queremos desarrollar 'coworking' y 'coliving' enfocado a la investigación y mejora de la producción agrícola tradicional de la zona para convertirla en una de las más avanzadas, tecnológicamente hablando. Estas iniciativas atraen población e inversión.

Pero topamos con una dificultad kafkiana: las tarifas de oferta de referencia de líneas alquiladas para pperadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas (ORLA) de acceso a macrolan, al cable de fibra óptica que tenemos a la puerta.

Por nuestras instalaciones volaban tres cables de Telefónica, uno de hilo de cobre de los años 50 y dos de fibra óptica. Fueron tendidos mediante convenio y con ayudas gubernamentales para lograr que la fibra se extendiese. Hace más de dos años, soterramos los cables previo acuerdo con la compañía, según proyecto de Telefónica y a ejecución y coste asumidos por nosotros. Con todo hecho y para iniciar actividades allí, solicitamos servicio de datos por la fibra óptica, pero la empresa nos comunica que el 'servicio ordinario' solicitado no está previsto en sus planes porque, dicen, "estamos en una zona congelada", donde Telefónica no prevé prestar servicios.

Tras insistir, la empresa nos hace una oferta como si nuestra pequeña empresa fuese un polígono industrial. Nos pueden dar 100Mbps, aunque la oferta tiene un 'pero': el 'módico' precio de 785 euros mensuales que se desglosan en los siguientes conceptos:

- Acceso MacroLan: 625,27€/mes. (Parte regulada)

- Datainternet (Caudal 100 Mb): 142,28 €/mes.

El sobreprecio sobre el que se cobra habitualmente por 100Mb es disuasorio para implantar una actividad en la 'España despoblada'. La llamada por la oferta de la parte regulada es una tarifa derivada de regulaciones de mercado llamadas tarifas ORLA.

Según nos explican los prestadores del servicio, Telefónica nos traslada el coste regulatorio, el peaje que debe cobrar a otro operador competidor por acceder a líneas de su propiedad para prestar ese servicio.

El regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, nos dice que no tienen por qué trasladarnos esa tarifa, pero lo hacen. La 'España despoblada' no es interesante comercialmente…

No se trata solo de hacer promesas políticas, ni de promover nuevas infraestructuras, sino de eliminar barreras regulatorias artificiosas y prácticas de proveedores de servicios de telecomunicación lesivas para el establecimiento y desarrollo de actividades empresariales y profesionales, aprovechando los recursos e infraestructuras ya existentes.

CNMC y operadores deberían de suprimir urgentemente la tarifa de acceso a redes en las zonas de baja población, aunque solo sea por responsabilidad social corporativa.

J. Ramón Romero Rodríguez