Una crisis de gobierno condicionada por la UE (aunque ya no esté Iglesias)

Los patinazos de comunicación del Ejecutivo tras el 4-M se van acumulando. A la sensación de que 'España 2050' nos va a quitar todo por lo que vale la pena vivir ("No es la peor de las distopías", resumía una crónica de un medio poco hostil con este Gobierno) y de que el recibo de la luz va a subir tanto que tendremos que planchar y centrifugar de madrugada, se ha sumado la filtración descontrolada de una eventual crisis de gobierno. En ella, se ha llegado a mencionar la salida de dos de los ministros menos políticos y más tecnocráticos del equipo: Nadia Calviño y José Luis Escrivá.

Con Pablo Iglesias fuera del Gobierno y una figura pactista como Yolanda Díaz en su lugar, puede parecer que la necesidad de contrapesos ha desaparecido. De momento, los mercados están calmados: el BCE sigue comprando deuda pública, la prima de riesgo ha bajado a apenas 66 puntos básicos y la Comisión Europea va a aprobar la semana que viene los planes de recuperación de los países, lo que liberará los primeros 9.000 millones de euros. Pero esa calma no está garantizada.

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Este jueves, se reúne el BCE con la inflación de la eurozona en el 2% por primera vez en años. Esto está ligeramente por encima de su objetivo a medio plazo: “Por debajo, pero cerca del 2%”. De momento, hay argumentos para atribuir ese repunte a cuestiones coyunturales, pero como mínimo va a obligar a la institución a hacer un esfuerzo extra para argumentar la necesidad de mantener las políticas de compras masivas de bonos. Es más, cualquier duda sobre el compromiso del BCE con los estímulos heterodoxos puede provocar serias turbulencias.

A ello se suma que la disciplina fiscal volverá a la eurozona en 2023. Eso quiere decir que los planes presupuestarios, con los ajustes que finalmente sean necesarios, se deberán presentar y negociar con la Comisión Europea el año que viene. Mantener la buena comunicación con Bruselas seguirá siendo esencial. Sobre todo teniendo en cuenta que el dinero europeo de Next Generation EU está condicionado, negro sobre blanco, al cumplimiento de una serie de reformas de difícil tramitación parlamentaria, como la laboral, la de pensiones o la fiscalidad verde.

Acuerdo del G-7

El acuerdo del G-7 sobre la fiscalidad de las multinacionales de este fin de semana es histórico: tipo mínimo del 15% en sociedades y límites a la optimización fiscal agresiva, especialmente aquella que se basa en minimizar el pago de impuestos en países donde se venden los productos o servicios para derivarlos eventualmente a las sedes donde reside la propiedad intelectual.

Sánchez (Carlos) ha resumido el espíritu a la perfección: los Google, Facebook, Amazon o Apple entran ya de una vez en el siglo XXI. Fiscalmente hablando, se entiende. Pero en España esto afectará a 3.200 compañías. Y ya les digo yo que no hay ni una que se asemeje a Google, Facebook, Amazon o Apple.

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En cualquier caso, esto lo han negociado siete grandes economías del planeta (EEUU, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá), con el apoyo implícito de la Unión Europea, pero el marco para tomar la decisión será otro. Y mucho más complejo si cabe.

Por una parte, la que nos toca, se tienen que poner de acuerdo los 27 países de la UE. Y por la otra, llegar a un acuerdo al nivel de la OCDE. Y en estos grupos hay países que han creado un modelo de negocio consistente en la elusión fiscal a la carta. En algunos casos, no se trata solo de atraer empresas con una baja fiscalidad, lo que no deja de ser una opción legítima, sino que han creado estructuras fiscales a medida que facilitan la erosión de las bases fiscales de los vecinos y permiten que las grandes multinacionales eviten pagar impuestos durante un tiempo indefinido. Habrá que ver si estos ceden a la presión, pero el ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, a su vez presidente del Eurogrupo, ya ha dejado claro que no va a ponerlo fácil.

Opinión

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Esteban Hernández

Nada más firmarse el acuerdo, Donohoe tuiteó que “toma nota” de la postura común del G-7, que ahora habrá que negociarlo en la OCDE y que “hay 139 países en la mesa” y que “cualquier acuerdo tendrá que satisfacer las necesidades de los grandes y los pequeños, los desarrollados y los en desarrollo”. Cuando uno sabe que en Dublín están las sedes europeas de Google, Microsoft o Apple, y no solo porque allí hablan bien inglés, empieza a comprender el recelo del irlandés. Pero como dice Hernández (Esteban), el pataleo puede durar poco. El acuerdo es un signo claro de que algo ha cambiado y que los Gobierno quieren volver a controlar factores de los que habían perdido el control.