El Pulso Económico | Terremoto en Turquía, temblor en Las Tablas y Botín vs. 'BigTech'

Duodécima semana del año. Durante la undécima, supimos que en breve España solo tendrá vicepresidentas y que Madrid se polarizará aún más en el 4-M. O fascismo o comunismo, según a quien se escuche. Ni el uno ni el otro, afortunadamente. Pero mientras la Reserva Federal intentaba garantizar el miércoles la estabilidad monetaria de EEUU y, de paso, la del mundo, la clase política española se empeñaba en cronificar la inestabilidad política. Las grandes empresas del país se ven obligadas a advertir de este riesgo cuando buscan financiación en los mercados y este año vencen 300.000 millones de deuda, tanto para el Ibex 35 como para las administraciones del Estado. Un 25% del PIB que habrá que refinanciar a golpe de emisión. En el mercado de deuda, lavar la ropa sucia fuera de casa cuesta dinero y nuestros políticos han salido al balcón a vituperarse colada en mano. Y ojo con la nueva fase del baile entre el virus y la economía. Francia relanzó los confinamientos el sábado. Eso sí, dejó abiertos, entre otros comercios esenciales, las floristerías y las tiendas de chocolates. 'Bien sûr'.

MERCADOS | Terremoto en Estambul, temblor en Las Tablas

[ACTUALIZACIÓN 10h: Las acciones de BBVA cotizan con un descenso del 6%]

Pero siempre hay alguien que está peor. Este fin de semana Erdogán hizo de Erdogán y fulminó a su banquero central por subir los tipos de interés, cuando apenas llevaba cinco meses en el cargo. Estas cosas suelen sentar como un tiro en los mercados, así que habrá que estar atentos a la onda expansiva en la lira turca y, por extensión, en el BBVA, que tiene el 50% del segundo mayor banco del país. Una de las ventajas de estar en el euro es que, gobierne el populismo que gobierne, Moncloa ya no tiene poder para hacer este tipo de cosas.

A Naci Agbal, el gobernador del banco central turco destituido, se le atribuía el mérito de haber sacado a la lira de sus mínimos históricos e iniciado apropiadamente una transición ordenada hacia una política monetaria ortodoxa. Una inflación superior al 15% requería de una intervención contundente. El último movimiento de Agbal fue el pasado jueves. Subió dos puntos porcentuales los tipos de interés. Dos días después, el sultán ordenó su sacrificio político. Su sustituto, Sahap Kavcioglu fue diputado del partido de Erdogan y en su última tribuna periodística escribió que subir los tipos de interés llevaría a un incremento de la inflación. Como decíamos antes, siempre se puede estar peor.

Con este panorama, los inversores se preparan para una jornada caliente en los mercados financieros emergentes, especialmente en todo lo que huela a lira turca. Y en España hablar de Turquía es hablar de BBVA, el banco azul con sede en Las Tablas. En los resultados del año pasado, la filial turca representó el 14% del resultado atribuido, una cifra bastante similar a la del negocio en España, el 15%. No sería la primera vez que las turbulencias financieras en Turquía acaban reverberando en la vela de la Ciudad BBVA.

EMPRESAS | Botín vs. BigTech y la CNMC, obligada a mojarse con Plus Ultra

Ana Botín recomendó este fin de semana un artículo de R. Martin Chavez publicado en 'The Economist'. El exdirectivo de Goldman Sachs, inversor en tecnología y graduado en Ciencias de la Computación, sugiere varias formas con las que los poderes públicos podrían poner coto a lo que califica como excesos de las grandes tecnológicas. Para ello se inspira en cómo las autoridades actuaron con la banca tras grandes crisis financieras, como la del 29 en EEUU y la global de 2008.

La presidenta del Santander enarbola uno de los mensajes que une a todo el sector bancario: que las grandes tecnológicas se están quedando una parte cada vez mayor de su negocio sin estar sujetas a la exhaustiva regulación con la que tienen que cumplir los bancos. Un marco legal que no solo aumenta los costes (informáticos y de personal) para estar al día de todos los requisitos, sino que les expone a sanciones millonarias y costes reputacionales en caso de incumplimiento.

El artículo lanza algunas ideas provocadoras y merecedoras de debate: si los bancos tienen que separar sus negocios de banca de inversión y de 'trading' o la operativa propia de la de clientes, ¿por qué no hacer lo mismo con las grandes plataformas, que mezclan logística y producto, aplicaciones y 'hardware' y están presentes en múltiples frentes del mercado publicitario? Otra línea paralela que traza Chavez es el de la anonimidad. Los bancos ya no pueden operar con clientes anónimos. Sin llegar tan lejos como para prohibir el anonimato, el autor sí aboga por señalar el contenido que proviene de fuentes sin verificar y promover el contenido de identidades verificadas. Y por último, y tal vez lo más novedoso, crear una especie de test de estrés a los grandes gigantes digitales, capar sus algoritmos para limitar la viralidad de los contenidos (igual que los bancos limitan su apalanamiento) y obligarles a reservar capital para compensar por posibles daños causados a la sociedad. Una especie de impuesto a la emisión de CO2, pero vinculado a la publicación de noticias falsas o la creación de estados emocionales con los que aumentan los ingresos de estas compañías.

Y aunque eso es cierto, el argumento, llevado demasiado lejos, podría ser contraproducente para los propios bancos. Es precisamente esa exhaustiva regulación del sector bancario la que funciona como una formidable barrera de entrada para que los Google, Facebook o Amazon entren de lleno en algunas de las partes 'core' del negocio. De momento, esas grandes tecnológicas y las pequeñas 'fintech' están merodeando sobre todo el crédito al consumo o los medios de pago, pero entrar en segmentos como la captación de pasivo, las hipotecas o la banca de empresas se está demostrando más complicado.

Precisamente en el mercado de la financiación del consumo, la banca está muy acostumbrada a la competencia. Hoy mismo contamos en El Confidencial que El Corte Inglés se alía con Mastercard para transformar su tarjeta de cliente de toda la vida en una tarjeta de crédito al uso, que podrá ser usada en cualquier establecimiento que acepte tarjetas como medio de pago.

Y ojo con lo que cuenta hoy Ruth Ugalde sobre la trama con la que se han comprado a precio de saldo los bienes inmuebles de las fundaciones de la Iglesia. Salpica de lleno a Álvaro Portanet, máximo responsable de Barclays España y cuñado de Alejandro Agag. Su sociedad familiar, Idonae, encargó a Savills valorar toda la cartera de la fundación Fusara, un trabajo que se realizó en paralelo a la constitución de Tapiamar y de todo el entramado societario a través del cual se ejecutó la compra de los activos. Detrás de Tapiamar aparece Roberto de Juan, que fue administrador único de Idonae Grupo Inmobiliario. Y por otra parte, Javier Portanet, hermano de Álvaro, también participa en la gestión de las viviendas. Si la jueza acaba imputando al directivo de Barclays, el 'Fit & Proper' del supervisor bancario podría estar en entredicho.

Pero no solo de bancos va a ir esta semana. Los rescates de la SEPI van a seguir dando que hablar, tanto por los nuevos nombres que puedan surgir como por las polémicas suscitadas en torno a los ya concedidos. De momento, Ciudadanos ha pedido a la CNMC que se posicione en el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra y Air Europa sigue sin rematar el nombramiento de Valentín Lago como CEO de consenso entre la sociedad pública y la familia Hidalgo.

POLÍTICA ECONÓMICA | Dos reformas y una precampaña electoral

Las precampañas y las campañas electorales no son el mejor momento para alcanzar consensos políticos entre fuerzas rivales. Y justo la de Madrid llega mientras se negocian dos dosieres críticos para la economía: la ley de vivienda y la reforma laboral. Según Unidas Podemos, el acuerdo de Gobierno firmado en diciembre de 2019 obliga a limitar por ley los precios del alquiler en algunas zonas de las grandes ciudades y a derogar la reforma laboral de 2012. No se les puede culpar por ello. Las dos cosas salen explícitamente mencionadas en el documento. 'Pacta sunt servanda' (lo pactado obliga), que dice Iglesias. La interpretación del PSOE es algo más pragmática. En el lado ortodoxo del Gobierno temen un ‘fiat iustitia et pereat mundus’ (hágase justicia aunque el mundo perezca), que en principio es un principio virtuoso, menos cuando el techo del mundo se derrumba bajo tu cabeza. Si se cumple el pacto al pie de la letra, nos cargamos el mercado de la vivienda y volvemos al que probablemente fuera el mercado laboral más disfuncional de la OCDE. Por eso el triple incumplimiento del PSOE que comentaba Rallo es una buena noticia.

La ley de la vivienda es la trinchera más inmediata y como Pablo Iglesias no le va a restar un solo voto a Isabel Díaz Ayuso (más bien al contrario) y los garbanzos se los disputa con Ángel Gabilondo y Mónica García, la escalada dialéctica subirá de tono antes de que pueda empezar a bajar. Y eso que los decibelios ya alcanzan el umbral del dolor, con el todavía vicepresidente acusando al PSOE de estar del lado de la "oligarquía" y de los "grandes propietarios de vivienda" y, por tanto, en contra de los "más débiles", 'yatusabes'. Si Ábalos le quiere hacer un favor al candidato del PSOE haría bien en aparcar la reforma hasta después del 4-M, pero ni Iglesias soltará la presa ni el clima hostil ha pasado desapercibido para los grandes inversores en ladrillo. Han tomado todos buena nota y pronto se moverán fichas.

Para la reforma laboral, la disputa es más aseadita. En lugar de una pelea en el lodazal tenemos un combate de esgrima. Pero las divisiones son igual de profundas o más. Calviño sabe que no se puede derogar la reforma laboral. Y lo sabe también Díaz, pero tiene que salvar la cara. Por eso la nueva mujer fuerte de Unidas Podemos quiere tumbar lo que se ha venido en llamar "los aspectos más lesivos" de la reforma de 2012: la recuperación de la ultraactividad para los convenios, la prevalencia del convenio sectorial y la limitación de la subcontratación. Pero la vicepresidenta segunda sabe que en Bruselas van a enarcar la ceja ante todo lo que suponga reducir la flexibilidad. Por eso aboga, de nuevo, por el pragmatismo: olvidar el pasado y centrar los esfuerzos en hacer una reforma completa que aborde todas las cuestiones de forma integral. La clave es poder venderlo como una evolución sobre lo ya construido y no como una reversión de una reforma que contó con el visto bueno y la tutela de la Comisión Europea. En cualquier caso, la próxima reunión no será hasta la semana próxima, el 30 de marzo, y lo más probable es que el griterío de la ley de vivienda amortigüe el choque de floretes.