La ley de la eutanasia y un Gobierno partido por las políticas económicas

Muchos medios internacionales se han hecho eco de la aprobación de la ley de la eutanasia en el Congreso de los Diputados. El 'New York Times' explicaba que, el jueves pasado, los "diputados españoles votaron a favor de una ley que despenaliza la eutanasia y el suicidio asistido por médicos, lo que probablemente hará que España se una a los pocos países donde los pacientes terminales pueden conseguir ayuda para acabar legalmente con su vida". Esos países, han señalado varios medios, son Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza, además de algunos estados de Estados Unidos.

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J. Bocanegra

"Los diputados conservadores votaron en contra de la ley y afirmaron que el Gobierno estaba acelerando un cambio social importante sin el suficiente debate social (...). España es por tradición un país católico y la Iglesia se ha opuesto con vigor a la idea de despenalizar la eutanasia o el suicidio asistido. Este mes, la Conferencia Episcopal española advirtió de que el 'supuesto derecho' a la muerte asistida supondría una presión para algunas personas. La experiencia en los países donde la eutanasia es legal, escribió en una nota titulada 'La vida es un don, la eutanasia un fracaso', nos dice que 'incita a la muerte de los más débiles'. Este punto de vista es el que apoyan los partidos conservadores, que han sostenido que el foco debería ponerse en la mejora de los cuidados paliativos. Pero encuestas de opinión recientes han mostrado que la mayoría de los españoles aprueba el derecho a escoger esa clase de muerte".

Los medios internacionales también están prestando una notable atención a la situación económica de España y a las políticas económicas del Gobierno. Bloomberg, el gran medio de información financiera estadounidense, informaba hace unos días de la "creciente tensión" en el Gobierno de coalición español en su esfuerzo para impulsar la economía.

"El Ministerio de Trabajo, controlado por el socio menor de la coalición, Unidas Podemos, está liderando las conversaciones con la patronal y los sindicatos con el fin de aumentar el salario mínimo por encima de los actuales 950 euros al mes, nivel en el que está desde enero. Pero el Ministerio de Economía, controlado por la socialista Nadia Calviño, sostiene que esto añadiría una carga innecesaria a las empresas mientras España se enfrenta a su peor crisis económica desde la Guerra Civil de los años treinta (...). Las tensiones entre los dos ministerios ofrecen además una instantánea de las complejidades a las que se enfrenta el presidente Pedro Sánchez, que dirige el primer Gobierno de coalición desde el regreso de la democracia en 1978".

También en el plano económico, el 'Financial Times' cuenta que "las empresas españolas se pelean por los miles de millones del fondo de recuperación de la UE". El FT hace referencia a algunas grandes cotizadas como Telefónica, Iberdrola y Seat, que "se están posicionando para recibir la ayuda de decenas de miles de millones de euros que creen que transformará sus sectores y beneficiará sus resultados". Para ello, "han redactado propuestas de proyectos cofinanciados por esa ayuda, que priorizará la energía limpia y la digitalización ante la transferencia de recursos, un fenómeno inédito en esta generación. Pero mientras empresas de toda Europa exploran los beneficios potenciales de la inmensa inyección de fondos públicos, algunos mandatarios advierten contra el excesivo optimismo acerca de la eficacia de la ayuda".

Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, la autoridad independiente que supervisa el gasto del Gobierno, afirma que "la experiencia del sector privado puede tener un papel vital dado lo 'exigentes' que son los calendarios. Pero ha avisado de que hay planes previos nacionales y de la UE que han 'desplazado' a la inversión privada, al incentivar proyectos que se habrían llevado a cabo de todas formas. También ha sostenido que en áreas como la digitalización y la formación, España está 'tan por detrás' de otras economías europeas 'que no podemos esperar que el plan de la UE sea suficiente por sí mismo".

Reuters, la gran agencia de información económica, contaba ayer que "España ha aprobado un decreto que obliga a los caseros a reducir hasta la mitad el alquiler a los bares y restaurantes afectados por el covid-19, y ha anunciado planes para distribuir los fondos de recuperación de la UE mediante sociedades público-privadas. Los arrendadores con más de 10 propiedades en los centros urbanos, que no hayan acordado un descuento temporal con sus inquilinos del sector de la restauración, deberán reducir el alquiler un 50% hasta que se levante el estado de emergencia nacional, ha afirmado María Jesús Montero, portavoz del Gobierno. Las empresas del sector recibirán créditos fiscales por los alquileres y podrán retrasar otros pagos, mientras que los propietarios recibirán incentivos fiscales para bajar los alquileres (...). Antes de la pandemia, España tenía la mayor densidad de bares del mundo, pero las restricciones del coronavirus han dado un golpe al sector y han obligado a cerrar unos 85.000 establecimientos".