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OPINIÓN

Vivir para ver: los bancos instan a escriturar viviendas sin terminar

Redacción.-  28/07/2008

Los compradores de viviendas de la promoción Residencial Reina Sofía de Mérida no dan crédito. La promotora, Prointisa, abocada a un concurso de acreedores inminente -según la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE)-, paralizó las obras el pasado mes de mayo, dejando la fase II sin rematar y la fase III al 50% de su ejecución. A pesar de lo cual, los bancos instan a los compradores a escriturar sin saber qué va a pasar con sus casas.

“La primera fase de la promoción fue bien, pero en la segunda ya empezaron a quedarse sin dinero. El problema es que las aproximadamente 70 viviendas no están para vivir, porque no tienen agua, ni luz ni gas y las zonas comunes (garajes, piscinas…) no están acabadas”, ha declarado a El Confidencial Javier, un comprador de la fase II, quien ha asegurado que “Caja Duero nos está presionando para que escrituremos y subroguemos las hipotecas bajo la amenaza de que, si no lo hacemos, Prointisa presenta el concurso de acreedores. La caja me ha llamado diez veces por teléfono para que firme la escritura y hasta me ha ofrecido una rebaja de 2.500 euros en la hipoteca”. Javier no se esperaba esa reacción de una entidad como Caja Duero, pero, según ha transmitido a este diario, aún le sorprende más que “el Ayuntamiento de Mérida ha concedido las cédulas de habitabilidad a unas viviendas sin terminar”.

La situación de la fase III es aún más complicada. Afecta a 83 viviendas de dos, tres y cuatro habitaciones del mismo Residencial, de las que ya habían sido adquiridas 37. Los compradores han aportado distintas cantidades, pero los pisos están a poco más del 50% de su construcción. Según detalla la prensa local, el pasado 19 de junio, Prointisa accedió a dar explicaciones ante los inquietos compradores de lo que estaba sucediendo. A la reunión acudieron Antonio del Río, presidente de Prointisa, un representante del BBVA, los abogados de los acreedores y los compradores. “En este encuentro confirmaron que la obra se encontraba parada”, ha explicado Juan Francisco Caro, representante de los afectados, quienes se han unido en un foro en Internet.

El fin de la reunión era llegar a un acuerdo entre todas las partes. La solución por parte de la empresa en líneas generales era que los inquilinos debían firmar cuanto antes las escrituras de las viviendas, que se encuentran en un 50% de construcción, y los acreedores les daban la garantía de que la construcción proseguiría. “Teniendo en cuenta que los acreedores iban a cobrar sus deudas en pisos, eran los primeros interesados en terminarlos”, según Caro. Los acreedores se quedarían con la parte proporcional de la deuda de los más de 40 pisos que aún quedan por vender. Según los medios extremeños, ha pasado un mes de esta reunión, y los afectados no saben más detalles.

Miguel Ángel Gil González, economista y gerente de empresas que ha seguido el proceso, ha declarado al diario Región Digital que “el acuerdo solventará las deudas contraídas por la empresa con el banco y los acreedores, pero que los propietarios firmarán una escritura y una hipoteca de una casa que aún no está construida.

“En este sentido, -ha afirmado Gil- si Prointisa desaparece por falta de liquidez, una vez terminada la vivienda, si hubiese desperfectos en cuanto a calidades o acabados, los propietarios no tendrían a quién reclamar, puesto que los seguros decenales cubren desperfectos exclusivamente en la estructura”. Finalmente, el economista ha explicado que la firma actual de la escritura es "una locura", puesto que, además de escriturar e hipotecar una casa en construcción, "los compradores van a hipotecar un piso que ya no vale lo que valía cuando empezó a construirse".

Además del riesgo de firmar una escritura y la consiguiente hipoteca sin la vivienda terminada, los propietarios se enfrentan a otra incertidumbre: la del desconocimiento de si existe aval del banco como compromiso de devolución del dinero invertido si se incumplen los términos del contrato de la compra de la vivienda. Una situación que recuerda a la de los afectados tras el reciente concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa y que, desgraciadamente, comienza a generalizarse.

 

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