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El nuevo juez del ‘Caso Malaya’ deja al descubierto los ‘puntos débiles’ de la instrucción de Miguel Angel Torres

operación malaya

@Amparo de la Gama. Marbella (Málaga).24/09/2007

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El nuevo juez del ‘Caso Malaya’ deja al descubierto los ‘puntos débiles’ de la instrucción de Miguel Angel Torres
 

El sustituto del juez Miguel Ángel Torres, el magistrado Óscar Pérez ha sido acogido con gran agrado entre los letrados que ejercen las defensas de los imputados del caso Malaya. La pasada semana, Pérez Corrales esculpió su nombre propio en el escaparate mediático con la petición de libertad bajo fianza de Julián Muñoz. “Es un juez sin afán de protagonismo que se ajusta literalmente a los establecido por la ley y con un espíritu dialogante entre las partes”, asegura uno de los letrados del equipo jurídico que defiende a un alto cargo policial imputado en la ‘Operación Malaya’.

Su decisión de revocar el auto de prisión provisional de Julián Muñoz dictado por el magistrado Miguel Ángel Torres el 20 de julio del año pasado y dictar su libertad bajo fianza de 50.000 euros, responde a que el magistrado considera que ha desaparecido el riesgo de destrucción de pruebas, y el riesgo de fuga con el paso del tiempo.

Pero estos argumentos en los que se basa el nuevo instructor del 'Caso Malaya' ya los sentaba como precedente la semana pasada la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, que revocaba parcialmente el auto de prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros, dictado por el juez Miguel Ángel Torres contra el ex comisario de policía, Florencio San Agapito, ordenando la devolución de la fianza.

Este precedente jurídico es la explicación de por qué la fianza del ex alcalde de Marbella sea notablemente inferior a la de los demás imputados del caso. “Un Tribunal con mayor jurisprudencia ha sentado precedente: la Audiencia ordena devolver la fianza de 500.000 euros impuesta a uno de los procesados en el 'caso Malaya' y vendrán mas casos que se ajusten a este precedente. Esto denota que las fianzas que Torres pedía eran desmesuradas en comparación a las imputaciones que se les asignaba a los detenidos. El nuevo juez se está ajustando a la legalidad como esta demostrando con Julián Muñoz”, afirma el letrado de uno de los imputados policiales en el caso.

Según ha sabido El Confidencial, tras la puesta en libertad de Julián Muñoz los equipos jurídicos que ejercen las defensas de dos de los imputados de la ‘Operación Malaya’ que aún permanecen en prisión, se han reunido para conformar un escrito y pedir que se revoque el auto de la fianza de sus defendidos amparándose en esta resolución que dicta la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga. También amparándose en esta resolución, expondrán que la única finalidad de la fianza es la de asegurar la presencia del procesado en el juicio, es decir, evitar el riesgo de fuga y que no existe dato objetivo alguno que permita pensar que sus defendidos vayan a eludir la acción de la justicia.

El equipo jurídico que defiende a los abogados de Roca, Francisco Soriano Zurita, Francisco Soriano Pastor, Juan Luís Soriano Pastor, Manuel Sánchez Martín y Manuel Sánchez Zubizarreta esperan que prospere una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que acusan a Miguel Ángel Torres de intentar conseguir una confesión y le imputan “presuntos delitos contra la libertad individual y de prevaricación”. Los cinco denunciantes están procesados por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y por pertenencia a organización.

En la querella se acusa al juez Torres de haber ordenado sobre ellos una detención ilegal, al haberlos mantenido en esa situación casi seis días, sobrepasando el límite legal, establecido en 72 horas. La querella sostiene que el juez, “en aras de una mal entendida lucha contra el delito” prolongó la detención más allá del plazo constitucionalmente establecido “probablemente con la finalidad de obtener una suerte de confesión de delito, o simplemente vejarles en una suerte de castigo anticipado”.

Nuevo juez y nuevas directrices

El sustituto en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez Corrales, empieza a dar pequeñas pinceladas al ‘modus operandi’ de su antecesor. Dentro de las nuevas líneas de investigación, el instructor podría llamar a declarar a más imputados. En un auto notificado el pasado 14 de septiembre a las partes, el magistrado afirma que el Grupo III de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de la Policía Judicial de Madrid, bajo el mando de José Luis Oliveras, presentó un informe en el que se daba cuenta "de la supuesta participación de personas identificadas en hechos delictivos relacionados con la causa que se instruye".

En el apartado de razonamientos jurídicos, el juez expone que "la necesidad de no frustrar la efectividad de la instrucción y de las medidas que puedan adoptarse impone la declaración formal del secreto del informe presentado y actuaciones posteriores; de no hacerse así, habría de ponerse el procedimiento en conocimiento inmediato de los nuevos imputados, a fin de poder ejercer su derecho de defensa, pues, téngase presente, el imputado tiene la condición de parte desde que resultan precisamente contra él indicios racionales de la comisión de un delito". El magistrado entiende que, "con el fin de dotar de coherencia a la formación de los autos, deberá abrirse una pieza separada encabezada por este auto y el informe policial aportado, y donde se irán uniendo las sucesivas aportaciones, siendo numerados por la Secretaria Judicial de manera independiente a los autos principales"

Entre los nombres que se barajan y que podrían estar afectados por esta pieza, destaca el de algunos empresarios sobre cuya actividad estaría basado el informe elaborado por UDEF. Antes de marcharse del juzgado numero 5, el juez Torres ordenó que se enviara a los juzgados de la Palma del Condado (Huelva) el informe de la policía judicial en el que se detallaban las presuntas corruptelas en las que habrían incurrido funcionarios municipales y autoridades de Almonte para favorecer al Hotel la Malvasía, supuestamente vinculado a Juan Antonio Roca a través de la sociedad Condeor.

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Opiniones de los lectores (14)

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14. accitanaLunes, 24/09/2007, 17:07 h.

No seré yo quien critique al Confidencial;si algo sobre los juristas, decir de lo que carecen,por el respeto que merece la palabra LEY, solo tengo hacía estos un profundo desprecio, las sala de un tribunal cualquiera, por muy iluminada que esté siempre para quien esto escribe, una sucia oscuridad las envuelve, no hay cambio climatico, solo depende de quienes gobiernen, ya sea en el gobierno central o las autonomias. Un cordial saludo a los profesionales del Confidencial.

13. Manuel C.Lunes, 24/09/2007, 15:10 h.

Pero, qué sorprendente empeño pone este periódico en la defensa de los saqueadores de una ciudad traicionada. Maravilloso, el nuevo(?) periodismo español (cuán reveladora la entrevista a Suárez publicada ayer). Nada, a seguir así, muchachotes.

12. usuario registrado PJCMLunes, 24/09/2007, 14:40 h.

9 marbellil.- No hay dinero suficiente en España, para pagar las indemnizaciones, si son demolidos los edificios construidos en zonas ilegales.
Eso es competencia de la Junta de Andalucia que sabia muy bien donde se estaban levantando los bloques de viviendas.

11. Cuenta atrásLunes, 24/09/2007, 13:35 h.

Las 13:19 horas de 24 de septiembre de 2007 y todavía no han devuelto las condecoraciones. Es muy sencillo, verán. Nuestra C.E. establece un tiempo máximo de detención: 72 horas. Antes de dicho plazo el detenido tiene que ser puesto a disposición judicial. Una vez esto el juez tiene dos opciones: prisión o libertad. Estos detenidos estuvieron, nada más y nada menos que 6 días, dictando una prórroga de detención antes de cumplirse las 72 horas. Esta prórroga es una invención jurídica y un hecho insólito en nuestra historia constitucional, sólo aplicable para delitos relacionados con el terrorismo. La ley debe ser igual para todos. Este señor ha vulnerado derechos fundamentales consagrados en la CE y por ello deberá o debería pagar. No podemos estar en manos de jueces como éste.

10. usuario registrado olid11Lunes, 24/09/2007, 13:32 h.

PJCM-7-

Perdón por el error.Puse 36 en vez de 39.

Pero me tendrá que conceder usted la oportunidad de "desviarme"para mí unos 3 milloncejos de nada.

Otros de desvian mas.

No obstante,entre tanto millón en Ciempozuelos,lo de Ibiza,los malayas,ect.ect. uno que vive de una pensión,se le hace dificil digerir estas cantidades.

En cambio,otros,se las "digieren" como si nada.

Un saludo

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