La realidad de las peleas de perros en España: animales abandonados y ningún maltratador en prisión
Por Rocío Romero
Hace cinco años se desarticuló una organización criminal dedicada a las peleas de perros. La sentencia ha salido este año: todos los acusados han sido puestos en libertad y la Administración no se encarga de los animales. Un veredicto que refleja la cruda realidad que todavía viven los animales en España
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ebrero de 2017, nueve de la noche. Un grupo de agentes policiales entra en una finca de la localidad de Güímar, Tenerife. Entre los matorrales, uno de ellos tropieza con una bolsa de plástico abultada empapada de sangre. Es el cuerpo sin vida de un pitbull al que alguien ha desgarrado el cuello. Aún está caliente. El autor de los hechos es su propio dueño, enfurecido tras observar cómo el animal atravesaba velozmente las cuerdas del ring donde se encontraba, huyendo de una pelea que le habría conducido a una muerte segura.
Dentro, otros luchadores de cuatro patas se preparan para entrar en un cuadrilátero con paredes verdes bajas y una moqueta donde la sangre se camufla con el rojo del tapiz. Hay menores, alcohol y apuestas entre el público. Se trata de la ‘Convención canaria de peleas de perros’. Pero por desgracia para sus organizadores, la fiesta termina antes de tiempo. Los agentes irrumpen desarticulando, de esta forma, una organización criminal con conexiones internacionales y peleas en España, en concreto Madrid, Tenerife y Murcia.
Los hechos se recogen en la sentencia del pasado 26 de julio de 2022, a la que ha tenido acceso El Confidencial. Tras cinco años, llegó así a su fin un macrojuicio que comenzó el pasado mes de marzo. Sobre el papel, 23 acusados de diferentes puntos del país, con hombres y mujeres de distintas edades; algunos superan los 70 años, otros apenas alcanzan los 25. Entre ellos, dos veterinarios y un policía local del municipio de Arona. Prácticamente la totalidad de los procesados llegaron a un acuerdo con la fiscalía por el que reconocían los hechos y las penas se rebajaron a menos de dos años de prisión. Pero si la condena es inferior a 24 meses, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los acusados pueden librarse de entrar en el centro penitenciario. El resultado: todos han quedado en libertad, aunque tendrán que indemnizar a las asociaciones de animales que se han hecho cargo de los perros.
“Si esto ha ocurrido en este caso, olvidémonos de que nadie entre jamás en la cárcel por maltrato animal. Es completamente vergonzoso. Hablamos de maltratar a cientos de animales perteneciendo a una organización criminal, y la Fiscalía ha pactado esto. Ni un solo pie en prisión, ni siquiera los dos veterinarios, que para colmo han quedado absueltos”, comenta apenada Minerva Sánchez, una de las letradas que ha participado en el juicio representando a una de las asociaciones que acogió a parte de estos animales.
Y es que, según relata la sentencia, no ha quedado acreditado que los veterinarios conocieran el estado de los perros. Algo que la abogada tacha de escandaloso: “Su trabajo es imprescindible para que estos criminales puedan operar. Necesitan ponerles chips, cartillas para los traslados en avión a otros países, suministro de medicamentos… ¿Cómo puede un juez creer que un veterinario vea a un animal cosido a mordiscos y no sepa lo que se está haciendo? Es aberrante”.
Ahora, con la reforma del Código Penal impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, el Gobierno endurecerá las penas por maltrato animal. En concreto, el nuevo texto, que se espera que entre en vigor el próximo año, estipula "una pena de prisión de tres a dieciocho meses” para los casos en que el animal maltratado no fallezca, y “de doce a veinticuatro meses” para los casos en que sí. No obstante, la abogada Francisca Gutiérrez Jáimez, Miembro de la Comisión de Derecho Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, considera que es insuficiente: "La pena se queda corta porque no supera los dos años. Con dos años y un día ya se impediría que de forma casi automática se produzca en los juzgados españoles la suspensión de la entrada en prisión". La reforma, además, introduce una pena de multa como alternativa a la prisión; algo que, bajo su punto de vista, es contraproducente: "Esta medida dará lugar a una mayor impunidad lejos de aumentar la protección de los animales".
Pero, con los maltratadores en la calle, enfrentamos la otra cara de la moneda: ¿cuál es la magnitud de los daños que sufrieron estos perros? ¿Qué ocurrió con ellos y dónde se encuentran en estos momentos? Desafortunadamente, tras esa estela de luz y color en que la policía consiguió desarticular esta red criminal (aunque con un desenlace, para muchos, poco justo); hay un lado, si cabe, todavía más oscuro: animales con enfermedades crónicas, puestos de nuevo en manos de sus maltratadores y una mujer abandonada a su suerte con un millón de euros de deuda por acogerlos mientras la Administración mira para otro lado.
Animales que vuelven a manos de sus maltratadores
Pandora fue obligada a pelear en Güímar la madrugada del 18 de febrero de 2017. Llegó a Adepac (Asociación de Defensa y Protección de Animales de Canarias) con una infección en el útero, tumores en las mamas, insuficiencia renal y anemia. Al cabo de unos meses, la cosa se complicó aún más: perdió la movilidad de las patas traseras debido a una lesión medular. Y todo esto, con apenas tres años de edad. “Desde que nacen son sometidos a maltratos continuos, castigos, alimentación inadecuada y duros entrenamientos físicos con cintas de correr. También les suministran sustancias dopantes como winstrol o testosterona”, explica el inspector Alberto Olivares, jefe del grupo policial que desarticuló la organización.
Pero los tumores y las infecciones no son el único peaje que pagan. “Psicológicamente jamás se recuperan, y aún así, son muy cariñosos con nosotros. Ver algo de felicidad en sus ojos es lo que compensa de algún modo todas las dificultades que he atravesado hasta hoy”, dice Yahaira, presidenta de Adepac. Su vida comenzó a desmoronarse la noche en que se desarticuló la trama. “Eran las cinco de la mañana cuando, de repente, me llamó la policía pidiéndome ayuda para incautar unos perros”. La joven, por aquel entonces con 29 años de edad, no sabía de qué se trataba. Tampoco lo imaginaba. Solo recuerda que cuando llegó, encontró ante sus ojos una finca repleta de perros enjaulados en condiciones infrahumanas y más de cien cadáveres putrefactos arrojados a un barranco.
La administración de justicia no tiene una partida presupuestaria concreta para hacerse cargo de los animales que incauta a los maltratadores
“Era la finca del policía local, cerca de la parcela donde se estaba organizando la pelea. Aquello era una granja de cerdos y en cada cubículo tenían a un perro amarrado, con síntomas de desnutrición y heridas por toda la cara y el cuerpo ”, relata. Había aproximadamente 60 perros. Los agentes necesitaban ayuda para encontrar un lugar donde trasladarlos de inmediato, pero la protectora de Yahaira, ni por asomo, contaba con los recursos necesarios; ni para transportarlos ni para mantenerlos. “La policía me presionaba mucho, me decía que los soltarían si no me hacía cargo, pero, ¿cómo iba yo a conseguir 60 jaulas individuales solo para trasladarlos? Recordemos que esos perros se mataban entre ellos”, afirma.
El ‘quid’ de la cuestión es que la Administración no tenía la obligación legal de hacerse cargo de estos animales. Ni en ese momento, ni en ninguno. Por lo tanto, si una asociación de animales no se ocupaba de ellos, había muchas papeletas de que quedaran abandonados a su suerte hasta que sus dueños, por entonces presuntamente criminales, regresaran. Algo que, como relata la directora de Adepac, ocurrió en Murcia: “Allí no encontraron ninguna protectora que se hiciera cargo, así que los animales permanecieron en manos de estos delincuentes”.
Pero, ¿cómo podemos explicar que, ante un maltrato animal de este calibre, ocurra esto? “La titularidad era de ellos aunque la custodia pasase a manos de cualquier protectora temporalmente. La única opción en aquel momento era que ellos mismos renunciasen o que un juez lo ordenara. Se trataba de un presunto maltrato. No obstante, como medida cautelar, la Audiencia Provincial ordenó que permanecieran en las asociaciones hasta el final del juicio”, explica la abogada.
En otras palabras: su destino dependía de Yahaira. Así que la joven no tardó en movilizarse para conseguir transportines y camiones. Redes sociales, llamadas a residencias caninas… Lo único que le preocupaba era sacarlos de allí. “La policía puso mucho empeño hasta que acepté, pero ¿quién me iba a ayudar a mi después? De repente me vi sola con la responsabilidad moral de hacerme cargo de 80 animales (los 60 perros de la finca más los 20 que se encontraban compitiendo). En mi albergue no había espacio ni recursos, por lo que en un primer momento los alojé en residencias caninas de pago”.
La indemnización apenas cubriría las residencias caninas; la cifra que he invertido en veterinarios es incalculable. Casi todos han sufrido cáncer
La cuenta, de su bolsillo: cada perro, 10 euros al día, un total de 24.000 al mes, 288.000 al año y cerca de 600.000 en 2 años (el tiempo que los mantuvo allí hasta que los trasladó a Adepac): “Acudí al gobernador civil, al defensor del pueblo, a los alcaldes… El único Ayuntamiento que me concedió una subvención de 15.000 euros fue el de Arona, pero no me dio ni para un mes. Esto me ha costado amistades, empleados, demandas y millones de deudas que, a día de hoy, ni siquiera sé cómo voy a afrontar”, afirma. Y es que, según la abogada, “la Administración de Justicia no tiene una partida presupuestaria concreta para hacerse cargo de los animales que incauta a los maltratadores”.
La buena noticia es que, según la sentencia, los acusados tendrán que indemnizar a Adepac por el cuidado, manutención y asistencia sanitaria con 818.378 euros. La mala es que tanto ella como Minerva dudan que vaya a llegar a sus bolsillos. “Acabarán acogiéndose a que son insolventes, estoy convencida. Esta cantidad, en todo caso, apenas cubriría las residencias caninas; la cifra que he invertido es incalculable. Aún así, todo esto me daría igual si, al menos, pagaran lo que han hecho, pero es frustrante que al final todos estén en la calle”, lamenta Yahaira.
Más allá de la sentencia, el problema de las peleas de perros y del maltrato animal es de raíz, según Alberto Olivera: “Para empezar se investiga poco, y muchas veces aunque queramos no se puede porque la penalidad es tan baja que no nos conceden las medidas de investigación especializadas necesarias. En este caso pudimos tenerlas porque se trataba de crimen organizado, pero, por ejemplo, para peleas clandestinas en barrios marginales es complicado que autoricen una intervención telefónica”. Así, Yahaira opina que el bienestar de los animales no puede seguir dependiendo de la solidaridad de la gente; “necesitamos que nuestras leyes den un giro radical para que, como sociedad, les demos de una vez la protección que merecen”.
Créditos
Reportaje
Rocío Romero
Diseño y dirección de arte
Fernando Puente
Maquetación
María del Mar Pérez
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