La recuperación de los humedales en España, estancada en una maraña burocrática y de manos privadas

La laguna de La Janda, en Cádiz, lleva en manos de empresas privadas desde que se desecó durante el franquismo. La ley Cambó, aprobada en 1918, buscaba precisamente la desecación de las zonas húmedas de España, y gracias a ella fue posible ponerla en manos de estos grupos. Pero en 1967 el Tribunal Supremo decretó su vuelta al dominio público, algo que nunca se ha llevado a término.

Así, el problema, según Pedro Brufao, es que de nada sirven todos los buenos propósitos si a la hora de la verdad la Administración no actúa firmemente y con celeridad: “Llevamos 45 años para que el Gobierno la recupere de una vez, en este tiempo hemos pasado por partidos políticos de todos los colores y todavía ninguno lo ha hecho”, lamenta.

El Miteco anunció el pasado año la prioridad de recuperar y restaurar La Janda, pero 12 meses después seguimos en el mismo punto. ¿El problema? Decidir quién lleva a cabo el trámite de la recuperación, el Gobierno o la Junta de Andalucía. “El Gobierno ha archivado el expediente de investigación y recuperación de estos terrenos y ha dado traslado del mismo a la Junta de Andalucía, que por su parte tampoco ejerce sus competencias, que tiene transferidas para la gestión y administración de este dominio público cuya titularidad es del Estado, alegando falta de información y colaboración del Gobierno”, critican desde Ecologistas en Acción.

En el caso de la laguna del Cañizar, en Teruel, después de 300 años desecada tras destinar sus terrenos al cultivo en el siglo XVIII, se recuperó en 2009 una pequeña parte de sus aguas, en concreto 300 hectáreas de las 1.300 que conformaban en su momento uno de los grandes humedales españoles. Pero algunos vecinos denuncian que la laguna sigue vacía a día de hoy (aunque sobre el papel ponga que se ha recuperado).

En este caso no hay duda de que, tanto la titularidad como la gestión de las aguas, recae sobre el Miteco a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, pero, en la práctica, los terrenos públicos de esta laguna y, en consecuencia, el agua, “continúan en manos privadas sin ningún tipo de control”, crítica David Mansilla, presidente de la Asociación Red Impulso Rural del Jiloca. Hace 12 años, entre los proyectos llevados a cabo para recuperarla, se instalaron en el río unas compuertas, en concreto en la zona de salida de la laguna. El objetivo precisamente era que al cerrarlas, esa parte del terreno se volviera a llenar de agua. Pero tras la obra, la Confederación Hidrográfica del Ebro cedió la llave de estas compuertas a la Junta General de Aguas del río Cella -formada por siete pequeños pueblos-, que utilizan hoy el agua para regar sus cultivos. Así, la decisión de abrirlas o no, está en su tejado. El resultado es que llevan doce años abiertas, y, en consecuencia, la laguna permanece vacía desde entonces. “La Confederación elude su responsabilidad, los regantes miran por sus intereses y no por la conservación del medio. Se están incumpliendo todos los acuerdos firmados”, recalca Mansilla.

La Janda y El Cañizar no son los únicos casos. Otro ejemplo lo tenemos, precisamente, en uno de los humedales más icónicos de nuestro país: Doñana. El biólogo Javier Castroviejo Bolívar fue director de la Estación Biológica de Doñana durante 14 años y uno de los redactores de la vigente Ley 91/1978 sobre el Parque Nacional. Hoy, denuncia que más allá de los conflictos con el agua subterránea y los riegos ilegales que acaparan los titulares de la prensa española, “hay otro tumor que afecta gravemente a este espacio onubense, que supone el principal problema y del que poco se habla”: la desecación de 10.000 hectáreas de marismas de aguas superficiales dentro del parque nacional.

En abril de 1998 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas tiñieron de negro la cuenca del río Guadiamar, en Sevilla, tras la rotura de una presa minera en Aznalcóllar. Esa mañana, Europa vivió uno de los peores accidentes medioambientales de su historia: más de 4.000 hectáreas envenenadas, 30 toneladas de animales muertos y acuíferos contaminados. Pero el desastre podía ser mayor si el vertido seguía aguas abajo y alcanzaba Doñana. Es por eso que se construyeron tres muros de arena para desviar los vertidos tóxicos al cauce del Guadalquivir. Un parche de urgencia que alteró por completo las cuencas y los cauces vertientes a la marisma del Parque Nacional.