Humedal

La recuperación de los humedales en España, estancada en una maraña burocrática y de manos privadas

Por Rocío Romero

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La dificultad de comprar estos terrenos a particulares, los conflictos de competencias entre administraciones y la demora en el cumplimiento de las leyes hacen que, en la práctica, recuperar las zonas húmedas de nuestro país se esté convirtiendo en una utopía.

E

s probable que, en el imaginario de muchos gaditanos, miles de pájaros todavía sobrevuelen lo que un día llegó a considerarse uno de los mayores humedales de Europa. La Comarca de La Janda, al noroeste de Cádiz, albergaba una extensión de agua similar a la de 11.000 campos de fútbol. 9.000 hectáreas que, todavía en el siglo pasado, conformaban el mayor complejo lagunar español de aguas continentales, y que dejaron de existir cuando, tras las guerra civil española, fueron desecadas y puestas en manos de particulares.

A lo largo de la historia, muchas de estas zonas se han drenado con el fin de utilizar las tierras para cultivo y pasto. En España, desde principios del siglo XIX ha desaparecido el 60% de la superficie húmeda original. Un dato preocupante si tenemos en cuenta que de ellas depende, en gran medida, la salud del planeta (y la nuestra). Hablamos de ríos, lagos, acuíferos, ecosistemas que acogen todo tipo de especies -y que han perdido gran parte de sus hábitats naturales-, pantanos y, en definitiva, barreras naturales de gran valor frente a inundaciones o sequías.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha desarrollado un Plan para recuperar estos espacios (todavía en debate y pendiente de aprobar), marcando como objetivo que ningún humedal protegido haya empeorado su estado de conservación para 2030 y que al menos el 50% se haya mejorado. Para alcanzar este reto, ha transferido a las Comunidades Autónomas más de 120 millones de euros para la realización de proyectos dedicados a la conservación y restauración de estas zonas.

Pero los procesos no están siendo tan sencillos ni tan rápidos. Al margen de la complejidad en las obras de ingeniería -como la eliminación de canales de drenaje, por ejemplo-, en la práctica nos enfrentamos a un problema jurídico, según el profesor titular de derecho administrativo Pedro Brufao, porque muchas de estas zonas hoy están en manos privadas y “hay que establecer un procedimiento de recuperación de la propiedad pública que es realmente exhaustivo, sobre todo si hay inscripciones en el registro de la propiedad a favor de particulares”. Y si a esto le sumamos “la falta de voluntad política y el incumplimiento de las leyes que ya están sobre la mesa, las cosas se complican todavía más”.

Más de 40 años para recuperar La Janda (Cádiz)

Paciente de piel de mariposa
Foto Manuel Morales

Espátulas con Vejer al fondo, La Janda (Cádiz).

La laguna de La Janda, en Cádiz, lleva en manos de empresas privadas desde que se desecó durante el franquismo. La ley Cambó, aprobada en 1918, buscaba precisamente la desecación de las zonas húmedas de España, y gracias a ella fue posible ponerla en manos de estos grupos. Pero en 1967 el Tribunal Supremo decretó su vuelta al dominio público, algo que nunca se ha llevado a término.

Así, el problema, según Pedro Brufao, es que de nada sirven todos los buenos propósitos si a la hora de la verdad la Administración no actúa firmemente y con celeridad: “Llevamos 45 años para que el Gobierno la recupere de una vez, en este tiempo hemos pasado por partidos políticos de todos los colores y todavía ninguno lo ha hecho”, lamenta.

El Miteco anunció el pasado año la prioridad de recuperar y restaurar La Janda, pero 12 meses después seguimos en el mismo punto. ¿El problema? Decidir quién lleva a cabo el trámite de la recuperación, el Gobierno o la Junta de Andalucía. “El Gobierno ha archivado el expediente de investigación y recuperación de estos terrenos y ha dado traslado del mismo a la Junta de Andalucía, que por su parte tampoco ejerce sus competencias, que tiene transferidas para la gestión y administración de este dominio público cuya titularidad es del Estado, alegando falta de información y colaboración del Gobierno”, critican desde Ecologistas en Acción.

Llevamos 45 años para que el Gobierno la recupere de una vez, en este tiempo hemos pasado por partidos políticos de todos los colores y todavía ninguno lo ha hecho

Según aclara Brufao, las aguas públicas continentales son del Estado, según establece la Ley de Aguas, pero las cuencas intercomunitarias, en las que nacen todos los ríos dentro de una Comunidad Autónoma son del Gobierno autonómico. De esta manera la pelota sigue rodando de un lado a otro, sumergidos en la gran pregunta: quién lo ejecuta, ¿el titular (Estado) o el gestor (la Junta)? “Aunque la titularidad de Agua es del Miteco y la ambiental de la Junta (ninguna de las dos administraciones ha contestado a las cuestiones planteadas por este diario), la competencia principal para recuperarlo es de la dirección general de patrimonio, que pertenece al Ministerio de Hacienda, y tiene que hacerlo en colaboración con el Miteco y la Junta. Es una obligación legal, pero con esto podemos ver que incluso dentro del Gobierno central hay un lío de competencias”, opina.

Cultivos intensivos de fresa cerca de doñana
Foto Efe

Cigüeñas blancas en el arrozal de La Janda (Cádiz).

Ahora, en respuesta a las peticiones de Ecologistas en Acción, el Parlamento Europeo ha solicitado recientemente a la Comisión que investigue las subvenciones y la utilización del agua por parte de las compañías que ocupan este espacio a día de hoy. La Comisión de Peticiones valora que se podría estar infringiendo la Directiva Marco del Agua al estar utilizando los embalses del Barbate y Celemín para el riego de sus terrenos sin haber de por medio ninguna concesión.

El agua de la laguna del Cañizar (Teruel), en manos de particulares

Paciente de piel de mariposa
Foto Uge Fuertes

Laguna del Cañizar (Teruel).

En el caso de la laguna del Cañizar, en Teruel, después de 300 años desecada tras destinar sus terrenos al cultivo en el siglo XVIII, se recuperó en 2009 una pequeña parte de sus aguas, en concreto 300 hectáreas de las 1.300 que conformaban en su momento uno de los grandes humedales españoles. Pero algunos vecinos denuncian que la laguna sigue vacía a día de hoy (aunque sobre el papel ponga que se ha recuperado).

En este caso no hay duda de que, tanto la titularidad como la gestión de las aguas, recae sobre el Miteco a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, pero, en la práctica, los terrenos públicos de esta laguna y, en consecuencia, el agua, “continúan en manos privadas sin ningún tipo de control”, crítica David Mansilla, presidente de la Asociación Red Impulso Rural del Jiloca. Hace 12 años, entre los proyectos llevados a cabo para recuperarla, se instalaron en el río unas compuertas, en concreto en la zona de salida de la laguna. El objetivo precisamente era que al cerrarlas, esa parte del terreno se volviera a llenar de agua. Pero tras la obra, la Confederación Hidrográfica del Ebro cedió la llave de estas compuertas a la Junta General de Aguas del río Cella -formada por siete pequeños pueblos-, que utilizan hoy el agua para regar sus cultivos. Así, la decisión de abrirlas o no, está en su tejado. El resultado es que llevan doce años abiertas, y, en consecuencia, la laguna permanece vacía desde entonces. “La Confederación elude su responsabilidad, los regantes miran por sus intereses y no por la conservación del medio. Se están incumpliendo todos los acuerdos firmados”, recalca Mansilla.

EL CONVENIO QUE FIRMÓ LA CONFEDERACIÓN CON LOS REGANTES NO TIENE NINGÚN TÍTULO JURÍDICO. ACTÚAN COMO SI FUESEN LOS PROPIETARIOS DEL AGUA, Y NO LO SON

El Gobierno de Aragón aclara que las tensiones generadas entre las partes en los pueblos -a favor y en contra de la laguna- fue lo que llevó a la Confederación (quien no ha contestado a las preguntas hechas por este diario) a dar el paso de cederles la gestión, el control y el manejo del agua.

La posición de los regantes (pequeños agricultores que nada tienen que ver con grandes empresas) es que, si las compuertas se cierran y la laguna se llena, el río no continúa su camino, y el agua no llega a los pueblos situados en la parte más baja de la zona: “Nosotros necesitamos regar nuestros cultivos”, aclaran fuentes de la Junta General de Aguas. Un supuesto problema que, según David Mansilla, no habría en ningún caso aunque se cerrasen: “Tendrían agua con total seguridad. El acuerdo al que queremos llegar con ellos es abrir las compuertas en la época de riego -de abril a septiembre- y cerrarlas en invierno, cuando no la necesitan”. Pero la Junta General de Aguas no confía en esta afirmación, y su posición es firme.

Victoria Osuna
Foto Uge Fuertes

Grullas sobrevolando la laguna del Cañizar (Teruel).

Otro de los inconvenientes que señalan, además, es que algunos campos de particulares se inundan cuando se llena. Un problema que, bajo el punto de vista de Luis Delgado, biólogo y delegado de ‘Seo BirdLife’ en Aragón, tiene fácil solución: “Podemos controlarlo con una buena gestión de las compuertas. Además, si vamos más allá, la Administración puede comprarles esos campos, hacer permutas con terrenos de los ayuntamientos o llevar a cabo una obra civil para instalar unos tubos que lo solventarían. Siempre hay soluciones, pero tenemos que colaborar para llegar a ellas y conseguir el bien común”.

Tras todos estos años, parece que llegar a un acuerdo es una misión, como poco, improbable. Pero según aclara Pedro Brufao en un profundo estudio sobre el caso, la responsabilidad de la Administración sigue estando sobre la mesa a nivel jurídico, haya o no acuerdo: “Para empezar, el convenio que firmó la Confederación con los regantes no tiene ningún título jurídico. Actúan como si fuesen los propietarios del agua, y no lo son. La laguna se encuentra en el inventario de humedales singulares de Aragón -identifica los de mayor importancia para su conservación, con un régimen de protección específico-, tienen la obligación legal de protegerla”.

Cultivos intensivos de fresa cerca de Doñana
Foto Uge Fuertes

La laguna del Cañizar en otoño (Teruel).

Mansilla añade además que ya hay una sentencia de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que lo deja claro: “No existe incompatibilidad entre el régimen de riego y la protección de los valores medioambientales, pues siempre serán prevalentes estos últimos por el efecto directo de la protección primaria del medio ambiente establecido en el artículo 45 de la Constitución”, dice el escrito.

Recientemente, el Gobierno de Aragón ha presentado un Plan de Gestión del Humedal que establece, entre otras cosas, que en años normales, desde septiembre hasta marzo la compuerta permanecerá cerrada; de abril a junio se compatibilizará el llenado de la laguna con el riego, y de junio a agosto la prioridad en la utilización del agua será para el regadío. “Tenemos que buscar el equilibrio. En el Plan establecemos que debe existir un órgano público que represente a todos los agentes implicados y que tenga el control de las compuertas, pero ahora es la Confederación quien tiene que poner en marcha una norma para que se cumpla”, explica Diego Bayona, director general de Medio Natural de Aragón.

Recuperar humedales, ¿una utopía?

Paciente de piel de mariposa
Foto Javier Morales

Dos flamencos en el Parque Nacional de Doñana (Huelva).

La Janda y El Cañizar no son los únicos casos. Otro ejemplo lo tenemos, precisamente, en uno de los humedales más icónicos de nuestro país: Doñana. El biólogo Javier Castroviejo Bolívar fue director de la Estación Biológica de Doñana durante 14 años y uno de los redactores de la vigente Ley 91/1978 sobre el Parque Nacional. Hoy, denuncia que más allá de los conflictos con el agua subterránea y los riegos ilegales que acaparan los titulares de la prensa española, “hay otro tumor que afecta gravemente a este espacio onubense, que supone el principal problema y del que poco se habla”: la desecación de 10.000 hectáreas de marismas de aguas superficiales dentro del parque nacional.

En abril de 1998 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas tiñieron de negro la cuenca del río Guadiamar, en Sevilla, tras la rotura de una presa minera en Aznalcóllar. Esa mañana, Europa vivió uno de los peores accidentes medioambientales de su historia: más de 4.000 hectáreas envenenadas, 30 toneladas de animales muertos y acuíferos contaminados. Pero el desastre podía ser mayor si el vertido seguía aguas abajo y alcanzaba Doñana. Es por eso que se construyeron tres muros de arena para desviar los vertidos tóxicos al cauce del Guadalquivir. Un parche de urgencia que alteró por completo las cuencas y los cauces vertientes a la marisma del Parque Nacional.

MÁS ALLÁ DE LOS RIEGOS ILEGALES HAY OTRO TUMOR QUE AFECTA GRAVEMENTE A DOÑANA: LA DESECACIÓN DE 10.000 HECTÁREAS DE MARISMAS DE AGUAS SUPERFICIALES

La Administración se comprometió con la Unesco a recuperar la marisma estableciendo una fecha tope. Así, el compromiso de derribar esos muros para que este ecosistema húmedo recuperase a la larga su estado natural quedó plasmado en el ‘Proyecto Doñana 2005’, aprobado por el Real Decreto Ley 7/1999. Un propósito que, como temía Castroviejo -hoy presidente de la Asociación de Amigos de Doñana-, quedó en el aire: “Tenía la esperanza de que seis años después pudiera estar listo. Han pasado 23 y los puntos más importantes para la regeneración hídrica, el 5 y el 7 (recuperación de la funcionalidad del caño Guadiamar y del brazo de la Torre, todavía cortados) siguen sin cumplirse”, lamenta. La consecuencia es que todas estas hectáreas de marismas siguen completamente secas a día de hoy.

España es el país europeo con más infracciones medioambientales abiertas. El pasado año, el Tribunal de Justicia de la UE emitió una sentencia por las extracciones de agua ilegales en Doñana. Ahora, “seguramente esto será lo próximo de la lista”, dice Castroviejo, “porque incumplimos las leyes, especialmente las de la UE relativas a la Red Natura 2000, y casi nadie reclama su aplicación”.

Pantano de Madre de las Marismas del Rocío, Parque Nacional de Doñana
Foto Javier Morales

Pantano de Madre de las Marismas del Rocío en el Parque Nacional de Doñana (Huelva).

Amanda del Río, directora técnica de la Fundación Global Nature, también ejemplifica el caso de la laguna de La Nava (Mar de Campos), un humedal situado en Palencia que en su día llegó a cubrir 2.000 hectáreas, y que se desecó durante el siglo pasado para convertir el terreno, una vez más, en áreas de cultivo. “En la actualidad hemos recuperado unas 400 hectáreas, pero abarcar todo el humedal es muy complicado”, asegura. El motivo es que habría que movilizar a un pueblo entero: “Cuando se desecó la laguna movieron a todo un vecindario, ¿ahora cómo les dices a esas personas que les vas a volver a trasladar para hacer el movimiento contrario?”, se pregunta. A día de hoy, además, “hay hasta una carretera que parte la cubeta lagunar en dos, son dificultades añadidas”, añade.

Otro caso es la laguna de Tirez, parte del complejo lagunar de Villacañas (Toledo): “Las dueñas del terreno no quieren venderlo les pagues lo que les pagues. El Estado, si quisiera ejercer su competencia podría expropiar, pero no actúa”, asegura del Río, quien afirma que se trata de un hecho recurrente: “La propiedad del suelo es un problema que no permite avanzar en muchísimos casos”.

La restauración y gestión de los humedales es una de las principales líneas de trabajo de Global Nature, cuya labor ha sido galardonada con premios como el de la Convención de Ramsar al uso racional de estos ecosistemas. A día de hoy, ya ha ayudado a proteger más de 14.000 hectáreas en más de 100 humedales. En todo caso, “cada situación es un mundo”, con realidades históricas, ambientales y jurídicas muy diferentes, según Brufao; y para poder avanzar de verdad, “la única fórmula es que nunca, por muchas complicaciones que surjan, rompamos las costuras del Estado de Derecho y sus límites jurídicos, es la base del progreso”.

Créditos
  • Reportaje

    Rocío Romero

  • Diseño y dirección de arte

    Fernando Puente

  • Maquetación

    María del Mar Pérez

Arcadia

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