España no es país para primates (o un relato dantesco de torturas del que nadie quiere saber nada)

“Ni un chimpancé enjaulado ni un perro atado durante años entra en la vía penal, a no ser que haya un maltrato afectivo”

Hasta ahora, las leyes que protegen el bienestar de los animales en España son autonómicas. En este caso, Suzie estaba amparada por la Ley sobre Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad Valenciana y, a pesar de incumplirse varios de sus puntos según refleja el informe de una inspección llevada a cabo por la propia Generalitat, “el Ayuntamiento de Campello, que es quien tenía la competencia de sancionar y decomisar a ese chimpancé como recomendaba el documento, no hizo nada, solo presionar a la propietaria”, lamenta Anna Estarán, experta en derecho animal y abogada de Faada (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales).

Esta norma considera animales de compañía a todos aquellos que se crían y reproducen con la finalidad de vivir con las personas, desde artrópodos o anfibios hasta toda clase de mamíferos, incluidos los chimpancés. “En España ya tenemos leyes que protegen a los animales. De hecho, a nivel normativo las consecuencias son exactamente las mismas por maltratar a un perro que a un chimpancé, otra cosa es que se acabe actuando de forma diferente en la práctica. El problema es que la Administración no hace su trabajo, ¿cómo puede ser que un informe llevado a cabo por expertos en primates alertara sobre la necesidad de decomisar a ese animal y no actuaran?” se pregunta.

Esta fundación presentó denuncias por incumplir tanto la ley valenciana como la ordenanza de animales de El Campello: falta de núcleo zoológico, de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y de bienestar. Ahora, han presentado un recurso para tratar de asignar responsabilidades a los más de 25 años que este chimpancé vivió entre rejas. Pero la consecuencia, como mucho, será una sanción económica: “Decidimos ir por vía administrativa porque en teoría es más ágil, y más con este informe en la mano. Lo que queríamos era su rápida liberación, aunque no la conseguimos”.

Los animales salvajes en cautividad, al igual que los domésticos, también están amparados por el Código Penal: “Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión (...) el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud…”. El problema, aparte de que el proceso por esta vía se ralentiza, es que no es tan sencillo de demostrar, según cuenta Anna Estarán, “porque ni un chimpancé enjaulado ni un perro atado durante años entra en la vía penal, a no ser que haya un maltrato afectivo”.

En España no existe una ley que prohíba como tal la tenencia de un primate en el hogar. Sí existe, sin embargo, un marco legislativo que recoge unas condiciones que, de no cumplirse, el animal no podría permanecer en ese lugar. En todo caso, desde la asociación de jueces aseguran que el abanico de posibilidades para determinar la cuantía de la sanción es muy amplio. “Dependerá de si lleva aparejada una infracción tributaria, sanitaria, si ha infringido la norma municipal por el ruido… Puede ir desde 100 euros hasta 100.000”.

También se puede atribuir un delito de contrabando si se prueba que se ha introducido al animal ilegalmente. Las consecuencias son prisión de seis meses a dos años (en los casos más graves) o multa de ocho a 24 meses. Pero, de nuevo, la sanción administrativa es lo más habitual. ¿El motivo? Si el valor de los animales no supera los 50.000 euros, será leve, y esto es otro problema en opinión de Rainfer: “Por eso rara vez es cárcel. Hace poco robaron dos primates en nuestro centro, les acabaron pillando, valoraron las crías en 20.000 euros, pero no se puede conocer exactamente el valor porque es el mercado negro”.

El Seprona no cuenta con un número concreto de infracciones administrativas y penales por incautación de primates. Sí dispone, en cambio, de los datos generales. Mientras las infracciones administrativas se han disparado en los tres últimos años (de 273 en 2019 a más de 400 en 2021), los delitos penales por tráfico ilegal de especies protegidas han descendido levemente (de 75 en 2019 a 63 el pasado año). El número de detenidos también ha caído: en 2021 casi la mitad que hace tres años. Bustelo espera ahora que con la futura nueva ley de bienestar animal cambie este panorama: “Estamos pendientes de los avances este año, esperamos que se refuerce la protección a las especies salvajes para que así se pueda llegar a denunciar y que sea delito penal”.

La veterinaria del centro, Andrea Carretero, opina que una buena solución para poder endurecer las penas sería el listado positivo (que ya contempla el anteproyecto de Ley). Consiste en determinar ciertas especies cuya tenencia como animal de compañía estaría permitida, quedando prohibidos todos los demás. Añade, además, que en la legislación “no debería haber distinción entre especies, si te pillan con una cigüeña es un puro porque está protegida, con los primates tendría que ocurrir lo mismo”.

"Las especies exóticas incautadas por contrabando pueden ser sacrificadas o entregadas a un centro de experimentación si el Estado no puede hacerse cargo de ellas"

“En el Ministerio no disponemos de información propia al respecto del sacrificio de primates, si bien, en el contexto de desarrollo del Plan Tifies se prevé la revisión de la normativa de aplicación CITES. En ese momento, la cuestión del sacrificio de ejemplares deberá ser abordada”, aseguran fuentes del Ministerio. Respecto a la creación de un centro CITES estatal, el Gobierno prevé la construcción de uno, cuya puesta en marcha está contemplada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 4). Con esto, “queremos asegurar la recogida rápida, eficaz y segura de ejemplares incautados, acogiendo ejemplares que no puedan ser ubicados en centros de rescate colaboradores y reforzando la coordinación con los mismos”, añaden desde el Miteco.

Hasta el momento, ni Fundación Mona ni Rainfer han recibido ayudas ni subvenciones de la Administración. “Lo que sí hemos recibido son aportaciones por los gastos del cuidado de los primates (que pertenecen al Estado)”, explica Bustelo. En 2018 firmaron un convenio para fijar una aportación anual, en el caso de Rainfer de 18.000 euros, “pero nuestros gastos básicos rondan los 150.000”, añade. No obstante, este convenio se rescindió el pasado año cuando las competencias de CITES dejaron de depender del Ministerio de Comercio, “actualmente estamos a la espera de firmar uno nuevo, esta vez con el Ministerio de Transición Ecológica”, dice el director ejecutivo de Fundación Mona.

Al margen de estas aportaciones anuales, el Gobierno también contempla un paquete de ayudas para estos centros. La Fundación Biodiversidad, dependiente del Miteco, ha publicado recientemente una convocatoria de subvenciones específica para centros de Rescate CITES dotada con cuatro millones de euros. Ambas fundaciones ya han presentado sus proyectos, a la espera de recibir una respuesta en mayo.