Alguien está asesinando a los activistas medioambientales en el mundo. Víctimas anónimas de intereses económicos ocultos que pasan desapercibidas para la prensa. Una organización está protagonizando una batalla para tratar de frenarlo. Una lucha de la que depende nuestro futuro.
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l 22 de octubre de 2020, tres hombres no identificados llegaron a una vivienda en el municipio de Ophondweni, Sudáfrica. En el jardín se encontraba un niño jugando, al que le preguntaron si su abuela estaba en casa. Él les respondió que sí. A continuación, entraron en el salón y la mataron de varios tiros.
Podría ser un triste asesinato más, pero por desgracia no lo era.
La mujer asesinada era Fikile Ntshangase, una activista medioambiental de 65 años que llevaba años luchando contra la ampliación de una mina de carbón gestionada por la empresa Tendele Coal, cerca de la Reserva de Caza Hluhluwe-Imfolozi. Fikile se oponía a la obra argumentando no solo los problemas de salud que originaba la mina, sino también la destrucción del ecosistema y las reservas naturales de alrededor. De hecho, llegó a rechazar el dinero que le ofreció la empresa minera por abandonar su casa. Su muerte ni siquiera fue la única: en el mismo año, otros dos activistas que se opusieron a la mina fueron asesinados en sus casas.
La lucha de mi madre sigue viva. Estoy demasiado orgullosa de ella para dejarla morir
"La lucha de mi madre sigue viva", reconoce apesadumbrada Malungelo Xhakaza. La gente a veces me pregunta qué voy a hacer, si me quedaré aquí y mantendré viva sulucha. Estoy demasiado orgullosa de ella para dejarla morir. Conozco los peligros –todas y todos los conocemos–, pero he decidido quedarme. Me uniré a la lucha”. Malungelo no está sola en esta arriesgada tarea: la Organización de Justicia Ambiental de la Comunidad de Mfolozi, donde Fikile participó muy activamente, sigue luchando por recuperar la memoria de la activista sudafricana y denunciando los atropellos contra el medioambiente y sus defensores.
El peor año de asesinatos medioambientales de la historia
Fikile Ntshangase es una de los 227 activistas medioambientales asesinados en 2020 en todo el mundo. La cifra la recoge la ONG que, más allá de los colectivos cercanos a dichos activistas, lucha por evitar estos asesinatos: se trata de Global Witness, que anualmente edita Última línea de defensa, un informe que analiza los asesinatos de este tipo de activistas. La cifra de 2020 ya es aterradora ‘per se’, pero lo es aún más si tenemos en cuenta que es el peor dato de la historia.
Colombia tiene el dudoso honor de encabezar el ránking, con 65 asesinatos de activistas medioambientales en 2020. Lo cierto es que este tipo de crímenes se ceba con Latinoamérica, ya que los siguientes puestos en número de asesinatos los ocupan México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17), República Dominicana (15), Guatemala (13) y Nicaragua (12).
Estos activistas se enfrentan, en ocasiones, a empresas que contratan los servicios de bandas criminales
Para José Antonio Perea Unceta, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid, "hablamos de países con graves problemas de ejercicio pleno de sus competencias jurisdiccionales en su propio territorio, por tener partes de su territorio directamente controladas por bandas de narcotraficantes (Colombia) o amplias zonas bajo su control real (México), o por grupos de otros criminales, grupos militares irregulares o secesionistas (Filipinas, República Democrática del Congo)”. Otros simplemente son “Estados que no controlan su delincuencia por estar ampliamente desestructurados y con una grave corrupción en sus estamentos públicos (Nicaragua, Guatemala, Honduras)”. Obviamente, explica, “estas situaciones no excluyen su responsabilidad en proporcionar la debida seguridad y libertad a sus ciudadanos, pero explican la amplitud y gravedad de los atentados contra estos que se dedican a la defensa del medio ambiente, en muchas ocasiones contra empresas que contratan los servicios o ayudan a esas bandas criminales o que sustentan esa corrupción en las autoridades”.
Pero, ¿qué tipo de actividades contra el medioambiente están propiciando la oposición de los activistas y su posterior asesinato? Según el informe, las explotaciones forestales son las más frecuentes, aunque también hay casos relacionados con la gestión del agua, la minería, las industrias extractivas o los cultivos ilegales.
Las actividades que provocan más asesinatos de activistas medioambientales
"Cada año este informe me golpea como un puñetazo en la cara", cuenta el ambientalista estadounidense Bill McKibben. Y es que los activistas asesinados pertenecen a "una población local fuerte, arraigada a su lugar y comunidad, identificada con la defensa de la tierra o del territorio ancestral". Y la situación es evidente: "En el mundo, este tipo de personas está en riesgo".
Cada año este informe me golpea como un puñetazo en la cara. En el mundo, este tipo de personas está en riesgo
Un riesgo que se transformó en tragedia también para Óscar Eyraud Adams, activista mexicano de 34 años que durante mucho tiempo protestó contra las empresas multinacionales a las que el Gobierno de Baja California permitió hacer uso de las fuentes del pueblo indígena de Kumiai. Eyraud demostró que, merced a estas invasiones, los cultivos de la zona estaban quedándose sin agua, perjudicando así a la diversidad de la zona y a las tierras de los propios indígenas. Su oposición llegó hasta el 24 de septiembre de 2020, cuando fue asesinado por varios hombres vinculados al narcoestado que, además, al día siguiente mataron a su propio cuñado.
En 2020, último año del que se tienen datos, 227 activistas medioambientales fueron asesinados, según Global Witness.
Lo peor de todos estos asesinatos es que sus víctimas, activistas a niveles locales, son absolutos desconocidos para muchos, por lo que sus nombres se acaban perdiendo. El nombre que no se perdió y que ha acabado convirtiéndose en un símbolo para mucha gente es el de Berta Cáceres, una activista indígena hondureña que desde 1993 luchó contra megaproyectos que violaban los derechos ambientales y los terrenos de las comunidades locales: madereros ilegales, represas que cortaban el suministro de agua a colectivos indígenas, empresas multinacionales, plantaciones ilegales, etc.
Una de sus mayores luchas fue contra ‘Agua Zarca’, un proyecto por el que el Congreso de Honduras cedió en 2010 la gestión del río Gualcarque a la empresa hidroeléctrica Desa. Dicho río era fuente de agua y alimentos para la comunidad indígena de la zona, así que Berta Cáceres decidió liderar las protestas.
Campesinos del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se manifiestan frente al juicio por el asesinato de Berta Cáceres.
Berta Cáceres fue asesinada por los sicarios contratados por un directivo de la empresa hidroeléctrica Desa
El proyecto de Desa incumplía la ley internacional de la OIT, que obligaba a la empresa a tener el permiso de los indígenas para acceder al río. La activista, junto a sus compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, organizó diversas protestas durante años y denunció tanto a los directivos de la empresa privada como a los cargos públicos responsables de validar el proyecto.
Como consecuencia de ello sufrió amenazas. Hasta la medianoche del 2 al 3 de marzo de 2016, cuando un sicario entró en su casa y le disparó causándole la muerte. Cinco años después, el directivo de Desa, Eduardo Castillo, fue condenado como autor intelectual del asesinato al demostrarse que había contratado a seis sicarios para que la matasen. Al funeral de Berta Cáceres acudieron miles de personas que, desde entonces, diseñaron una infinidad de murales por todo Honduras en homenaje a su lucha.
“La mayoría de casos ni siquiera llegan a la prensa”
Al margen de la relevancia que tuvo el caso de Berta Cáceres, lo peor de estos asesinatos es que no suelen tener una especial relevancia más allá del entorno cercano de la persona asesinada. “El caso de Berta Cáceres es una triste excepción”, cuenta a El Confidencial Laura Furones, responsable de campañas sobre bosques y clima de Global Witness. La gran mayoría de casos ni siquiera llegan a la prensa. Son asesinatos invisibles, muertes que pasan sin pena ni gloria. La familia les llora, pero muy poco más. Más allá del día del homicidio en sí, nunca sale nada más: si ha habido investigación, si se ha detenido a alguien, por qué fue asesinada esa persona… Los asesinatos son solo la punta del iceberg, esto no viene de la nada”.
Los asesinatos son solo la punta del iceberg, esto no viene de la nada
"Con suerte, se pilla al sicario, pero no se descubre lo que hay detrás", añade, dirigiendo su mirada hacia dos agentes sociales imprescindibles. En primer lugar, los gobiernos de los países con más víctimas: "Deben defender y proteger a sus activistas, que tienen una vulnerabilidad extrema, están en primera línea de fuego y requieren mucha más protección. Deben preguntarse por qué se les persigue y, si no se puede evitar un ataque, estar presentes en la petición de rendición de cuentas".
Y en segundo lugar, las empresas: "Detrás de muchos de esos proyectos por los que asesina a alguien hay grandes intereses económicos. Y a los activistas se les criminaliza, como si frenasen el desarrollo de su país, cuando lo que quieren es protegerlo de una destrucción sin vuelta atrás. Las empresas deben operar de forma legal y sin violar los derechos humanos".
En cualquier caso, parece evidente que no basta con el compromiso implícito de cada país; hace falta una legislación supranacional acorde. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, Furones nos cuenta que "se está discutiendo una ley de responsabilidad corporativa de empresas para acordar términos cuando las empresas vayan a otros países con proyectos que puedan afectar a las comunidades locales. Deben ponerse al frente".
La captura de los asesinos de Berta Cáceres no satisfizo a los activistas, que exigieron encontrar al autor intelectual.
En este sentido, Perea Unceta recuerda también que "el Acuerdo de Escazú de 2018 establece la obligación específica de proteger a los defensores del medioambiente y de perseguir a quienes atenten contra ellos y obstaculicen o impidan su trabajo, pero solo ha sido ratificado por 12 Estados, entre los que no están –su ámbito es americano– ni Canadá, ni Estados Unidos, ni Honduras (uno de los que tienen más crímenes) ni Chile. También están fuera de su vigencia Brasil, Colombia y Guatemala, en la lista de los más preocupantes. Para el profesor, "sería muy importante que todos ellos ratificaran el tratado. Pero también hay que ser conscientes de que la firma de este tratado no resuelve el problema de falta de autoridad o de ausencia de control real (como Colombia), tampoco la inseguridad general o la corrupción (como Guatemala), tal y como demuestra que sean partes obligadas –por haberlo ratificado– países como México o Nicaragua".
Mientras llegan (o no) novedades legislativas y compromisos de gobiernos, Global Witness ha lanzado la iniciativa ‘Defender el mañana’, con la que busca ir más allá del mero recuento de cifras y conseguir que los asesinatos a activistas medioambientales desaparezcan. Y en esta lucha, este colectivo ya está logrando ciertas victorias. En 2019, por ejemplo, llevó a cabo una campaña dirigida a la industria del caucho y a inversores como el propio Banco Mundial, consiguiendo que parte de estos fondos dejaran de financiar a empresas que no cumplían la ley y que varias compañías mundiales de neumáticos actualizaran sus políticas de abastecimiento y lanzaran la Plataforma Global para el Caucho Natural Sostenible.
Además, su informe 'Defendiendo a Filipinas' puso al descubierto "los intereses creados, los fracasos políticos y los múltiples actores detrás del acaparamiento de tierras, la destrucción ambiental y las amenazas contra activistas en el país más letal de Asia para las personas defensoras". Como resultado, las empresas agroindustriales señaladas asumieron nuevos compromisos con los activistas medioambientales.
El Acuerdo de Escazú obliga a proteger a los defensores del medioambiente, pero solo ha sido ratificado por 12 Estados"
Al margen de las grandes concentraciones, los asesinatos de activistas medioambientales apenas tienen cobertura más allá de su ámbito cercano.
Por otro lado, la organización, de manera conjunta con otros colectivos, ha conseguido cambios en las políticas gubernamentales de países como Canadá y Reino Unido para apoyar a las personas defensoras de derechos medioambientales en todo el mundo. Además, la Corporación Financiera Internacional (IFC) se posicionó públicamente a favor de dichos activistas, mientras que el banco de desarrollo holandés FMO desarrolló un sistema de alerta temprana para prevenir y evitar represalias contra las personas defensoras de estos derechos.
En los últimos años, Global Witness ha conseguido cambiar leyes y que diversos gobiernos actúen en favor de activistas medioambientales
Furones quiere mostrarse optimista de cara al futuro, pero sabe que el contexto quizá no se lo permita. “Todo esto está ligado cada vez más a la crisis climática, a la escasez de recursos, a la explotación de recursos naturales… Cada vez hay más presión sobre los recursos y menos gente que los defiende. Los recursos del planeta son limitados, pero seguimos creciendo en consumo. Yo quisiera creer que en un momento habrá un máximo de datos de asesinatos y empezará a caer si se aprueba legislación, si los estados se involucran, si hay conciencia social, si hay responsabilidad de las empresas, etc.”. Pero no hay que olvidar una cosa esencial: “Aunque los asesinatos bajaran a la mitad, seguirá siendo una cifra intolerable”.
Se trata, en definitiva, de que ninguna lucha muera. Ni la de Berta Cáceres, ni la de Óscar Eyraud Adams, ni la de Fikile Ntshangase ni la de ningún otro de los miles de activistas medioambientales que han sido asesinados en los últimos años y cuyas comunidades se resisten a que las causas por las que perdieron la vida se acaben. Porque un activista puede morir, pero su lucha siempre será eterna.
Créditos
Reportaje
C. Otto
Diseño y dirección de arte
Fernando Puente
Maquetación
María del Mar Pérez
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