SE HABÍA QUEDADO EN UN BRINDIS AL SOL
El decreto de cláusulas suelo se aplaza por los líos entre ministros y los problemas del PSOE
La solución extrajudicial a las cláusulas suelo vuelve a aplazarse por las peleas entre los miembros del Gobierno y porque el PSOE no quiere dar munición a la oposición 'sanchista'
Sacar adelante el real decreto con la solución extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo está resultando imposible. Su aprobación, prevista para este viernes, se ha vuelto a aplazar, después de que ocurriera lo mismo el 30 de diciembre y tras disponer de una semana extra, porque el 6 de enero no hubo Consejo de Ministros. Esta vez, la versión oficial lo achaca a la oposición del PSOE a su contenido y a la necesidad de pedir opinión al BCE. La realidad es que hay un fuerte desacuerdo entre varios miembros del Gobierno —Luis de Guindos, Rafael Catalá y Cristóbal Montoro— y que los socialistas no quieren que se apruebe antes del comité fFederal de este sábado para no dar munición a los 'sanchistas' por su apoyo a Mariano Rajoy.
Como ha venido informando El Confidencial, la intención del ministro de Justicia y de Ciudadanos era evitar el colapso de los tribunales civiles con miles de demandas a raíz de la sentencia del Tribunal de la UE del 21 de diciembre, que concedía la retroactividad total. Inicialmente, el Ejecutivo elaboró un código de buenas prácticas muy duro, puesto que en la práctica obligaba a todas las entidades (condenadas o no) a devolver todo lo cobrado por estas cláusulas. La banca mostró su rechazo frontal y el PSOE tampoco lo apoyó, pese a su dureza. Así que el Gobierno lo sustituyó por un protocolo que contemplaba una mediación independiente pero no vinculante para el banco, con lo que se quedaba en un brindis al sol; pero los últimos borradores descartaban incluso esa figura y solo obligaban a una negociación bilateral entre entidad y cliente, como quería la banca.
Todos estos bandazos obedecen a la necesidad de aunar intereses muy diferentes: evitar el colapso de los juzgados, reducir los costes y los plazos para los afectados, salvar la cara del Supremo tras la bofetada de Bruselas (que tumbó su doctrina de que la retroactividad debía llegar solo hasta mayo de 2013), no violar los derechos de las entidades cuyas cláusulas aún no han sido declaradas nulas por sentencia firme y, en último término, evitar el colapso de alguna entidad por el impacto de la devolución de todas las cantidades de golpe.
Informe del BCE para enmascarar la bronca
Las disensiones en el Gobierno cristalizaron en la reunión de subsecretarios preparatoria del Consejo de Ministros, cuando los departamentos de Catalá y Montoro —que quiere recuperar lo que se han deducido los contribuyentes por esta cláusula en la compra de vivienda habitual— frenaron el nuevo proyecto de Guindos, según fuentes conocedoras de la situación. La conclusión de esta reunión fue que es necesario "trabajar más el texto" y buscar más apoyos. El enfrentamiento entre los miembros del Ejecutivo se hizo evidente cuando Guindos anunció que el decreto daría un plazo de tres meses para la negociación bilateral, y al día siguiente Catalá le enmendó la plana diciendo que no era suficiente.
Para enmascarar esta batalla, el Gobierno ha decidido a última hora pedir un informe al Banco Central Europeo sobre el impacto de este procedimiento, con la excusa de que puede afectar a las estabilidad del sistema financiero. Resulta llamativo que no se pidiera la opinión del supervisor para el código inicial, que sí habría tenido un fuerte impacto en las cuentas del sector, y sí se pida ahora para el descafeinado protocolo que pretendía aprobar Guindos.
El PSOE no quiere dar munición a Sánchez
Por otro lado, Rajoy quiere contar con el apoyo del PSOE para adoptar esta medida, y el primer partido de la oposición se encuentra con que ese apoyo le puede acarrear problemas en clave interna. Según fuentes cercanas a las negociaciones, el temor de la gestora es que esto puede dar munición a la oposición partidaria de Pedro Sánchez porque supone apoyar una nueva medida del Gobierno de Rajoy. Y más aún cuando esta medida favorece a la banca. Esto explica que se opusiera al código inicial, que podía haber apoyado perfectamente, puesto que causaba un gran perjuicio al sector financiero.
Las fuentes consultadas aseguran que, una vez que pase el comité federal, los actuales dirigentes del partido tendrán más libertad para llegar a un acuerdo. Oficialmente, su portavoz en la comisión de Economía del Congreso, Joan Saura, declaró ayer que ellos no van a apoyar ningún procedimiento extrajudicial que suponga quitas para los afectados. En principio, esto descartaría su apoyo al último borrador, ya que permite a los bancos hacer propuestas a los clientes que no impliquen la devolución de todo lo cobrado indebidamente.