La segunda europeización del ‘procés’ coge a España fuera de juego

El jueves 18 de diciembre de 2019, el independentismo dio una profunda bocanada y se incorporó. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconocía que Oriol Junqueras era eurodiputado desde que se proclamaron oficialmente los resultados de las elecciones europeas (el 13 de junio) acababa de resucitar al independentismo, que se arrastraba desde hacía meses en Bruselas, incapaz de encontrar de vuelta los focos, habiendo perdido la atención de los demás, cada vez más aislado.

En los pasillos de la capital comunitaria y en Estrasburgo, donde se celebraba el pleno del Parlamento Europeo, el 'shock' era total, a pesar de que la sentencia iba en la misma dirección que había indicado un mes antes la opinión no vinculante del abogado general de la UE. El nivel de estupor era superior, entre propios y extraños, al día de la sentencia del ‘procés’.

Acababa de darse el pistoletazo de salida a la segunda internacionalización del ‘procés’. El momento exacto en el que comenzó, más allá de la lectura de la sentencia, fue cuando David Sassoli, presidente de la Eurocámara, leyó ante el pleno un comunicado en el que explicaba la decisión del TJUE a los miembros de la Cámara, y anunciaba que había pedido a sus servicios jurídicos que estudiaran la implicación sobre los otros dos afectados, aunque no los mencionó: Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, y Toni Comín, 'exconseller', ambos huidos en Bélgica y que habían obtenido escaño en las elecciones europeas.

Esa misma tarde, a la vez que Sassoli se convertía en héroe para Puigdemont —en una rueda de prensa celebrada en la representación de la Generalitat en Bruselas—, quien destacaba la declaración “histórica” del italiano, desde el Parlamento Europeo se comunicaba discretamente al 'expresident' y a Comín que volvían a tener acceso a la institución como invitados, un privilegio que habían perdido con la reactivación de la euroorden en octubre.

A partir de ese momento, todas las piezas comenzaron a caer. El TJUE decidía el viernes por la mañana anular la decisión del presidente del Tribunal General de la UE (TUE) de desestimar medidas preventivas para que Puigdemont y Comín ocuparan su escaño el 2 de julio después de que la Eurocámara les impidiera acreditarse por no estar en la lista definitiva de eurodiputados enviada por la Junta Electoral Central (JEC).

Solo unas horas después, Puigdemont y Comín recibían una acreditación diaria para empezar el papeleo que finalizará en enero y con el que obtendrán definitivamente su acreditación como eurodiputados. Eso significa que el 13 de enero, si nada lo impide, ambos se sentarán en el hemiciclo de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Lo que está por venir

Aunque la segunda europeización del ‘procés’ comenzó con la sentencia, cuando todo el mundo lo verá es el 13 de enero. Es un cambio absoluto de las dinámicas y de la situación: Puigdemont tendrá un altavoz privilegiado desde el hemiciclo del Parlamento Europeo, conseguirá que el mensaje vuelva a ser escuchado con más fuerza y volverá a tener focos y altavoces.

Es un personaje bastante quemado en Bruselas, pero la sentencia del TJUE le ha revitalizado. Vuelven a surgir dudas respecto a la Justicia española: con las euroórdenes bloqueadas y los numerosos fiascos en las órdenes emitidas en los distintos Estados miembros, la decisión de Luxemburgo ha sido un golpe durísimo para la reputación española. La rápida reacción del Parlamento Europeo tras la sentencia ha dado la puntilla: una de las instituciones que más habían cerrado filas con España la llamaba a “cumplir” la sentencia, como había asegurado Sassoli en el pleno.

Las palabras del presidente de la Eurocámara quemaron en algunos círculos de la capital comunitaria: la sencilla duda de que Madrid fuera a no cumplir con una sentencia del TJUE hacía ya daño a la reputación de España.

En octubre de 2017, uno de los mejores termómetros de la tensión fue la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, llena de preguntas sobre el tema catalán. Pero desde entonces, ni siquiera la sentencia había devuelto a primera línea el asunto. Sin embargo, tras la decisión del TJUE, han vuelto las preguntas a la sala de prensa, la mayoría de ellas con un corte acusatorio hacia las autoridades españolas.

Toda esta situación pilla a España en fuera de juego: ha estado durante meses sin Gobierno y negociando la investidura con Esquerra Republicana (ERC). Los ejercicios en Bruselas se complican cuando te toca llegar a acuerdos con los mismos que alimentan el mensaje contra el Gobierno en la capital comunitaria, la credibilidad se desmorona y hay que afinar los equilibrios. Eso es solo la gota que colma un vaso de un Ejecutivo con demasiados meses acumulados en funciones, sin una estrategia de comunicación clara, algo que ahora se pagará caro.

En el Parlamento Europeo sí que hay un frente común liderado por Iratxe García por parte de los socialistas, Esteban González Pons del Partido Popular y Luis Garicano de Ciudadanos. El trabajo de los tres partidos en la Eurocámara, tremendamente coordinado desde 2017 en esta materia, no es garantía de que el mensaje que Puigdemont y Comín puedan mover en el Parlamento Europeo no vaya a calar.

En principio, con los votos de sus tres familias políticas, ambos líderes independentistas, así como Junqueras, perderían la inmunidad. Pero hay dos elementos a tener en cuenta: el primero es que el proceso es largo, y la estrategia de Puigdemont consiste en aprovecharlo para montar ruido y agrietar la imagen de España, y el segundo es que la experiencia de 2017 muestra que es fácil que exista división en las familias políticas europeas. Los populares europeos son los más ordenados, pero en el caso de los socialistas, es fácil encontrar a díscolos que opinan que España está equivocándose, y en las filas liberales de Ciudadanos hay tanta diversidad que está el mismísimo PNV.

En el caso de Vox, su familia política es la misma que la de la N-VA flamenca, un partido de extrema derecha que es el principal aliado de Puigdemont: de hecho, fue una de sus eurodiputadas la que recibió al 'expresident' y a Comín el viernes 19 de diciembre cuando comenzaron el procedimiento de acreditación.

Fuera de juego

Más allá de la formación de Gobierno, que consume los esfuerzos del actual Ejecutivo, España tampoco ha triunfado en una de las jugadas centrales: poner a españoles en puestos clave de la fontanería europea, como jefes de gabinete y asesores que se sienten a la derecha de las principales figuras políticas europeas. Respecto a la última legislatura (2014-2019), la nueva Administración tiene un menor peso español en la segunda y tercera líneas. Esos cargos fueron clave en 2017 para evitar que se abrieran puertas a los líderes independentistas y que recabaran apoyo internacional.

Quizás hay algo más grave que eso, aunque sea menos palpable: España no ha aprovechado el último año para desarrollar una verdadera estrategia sobre cómo desarrollar el cuerpo a cuerpo con el independentismo en el ámbito internacional. Se siguen cometiendo los mismos errores comunicativos y estratégicos que antes del referéndum ilegal casi sin variación, salvo por algunos esfuerzos centrados en la Secretaría de Estado de España Global.

No se ha diseñado un mensaje claro sobre el problema catalán. Se ha insistido en el mensaje de que España es un Estado de derecho con una Justicia independiente, y el problema de ese discurso es que es justo donde ha ido a explotar la sentencia del TJUE. El Gobierno ha centrado todo su esfuerzo en una idea que ha quedado dinamitada de un plumazo y ahora mismo debe partir prácticamente desde cero.

En cierto modo, España lo ha jugado todo a que las instituciones cerraran filas con el Gobierno y su postura respecto al tema catalán, y la sentencia del TJUE daña toda la estrategia construida hasta ahora. No ha dedicado suficiente tiempo a pensar cómo convencer en un cuerpo a cuerpo contra el mensaje independentista en los foros relevantes, especialmente en Bruselas. Ahora que las instituciones empiezan a dudar, ahora que empieza a desmoronarse lo edificado hasta este momento, España aparece dubitativa, acorralada por los reveses internacionales a su sistema judicial, desnuda de estrategia exterior firme. La segunda internacionalización ha comenzado, y nadie en Moncloa parece haberla visto venir o se ha preparado para ella.