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"españa es bastante torpe en esta cuestión"

Notificación roja: cuando la Interpol se vuelve una herramienta de los dictadores

12.08.201717:55 H.

El 18 de junio de 2013, Bahar Kimyongür se encontraba visitando la Mezquita de Córdoba con su familia cuando se vio rodeado por una unidad antiterrorista de la policía española. Los agentes prefirieron no correr ningún riesgo y le trataron “como si llevase una bomba adosada al cuerpo”, en palabras de una persona familiarizada con el expediente. El 'Diario de Córdoba' publicó una breve información sobre la detención bajo el titular “Detienen en Córdoba a un terrorista turco buscado por la Interpol”. Nacido en Bélgica en una familia originaria de Hatay, la región de población árabe del sur de Turquía, era un conocido periodista y opositor a la guerra de Siria, y no era la primera vez que tenía problemas con las autoridades. El motivo: una ‘notificación roja’ de Interpol, una petición de localización a las autoridades de todos los países miembros, emitida por el Gobierno turco.

Pero Kimyongür no era un terrorista. A pesar de lo que decía la notificación (y el artículo del 'Diario de Córdoba', que se basaba en la información suministrada por la policía), había sido ya juzgado y absuelto en Bélgica de los cargos de los que le acusaba Turquía, la pertenencia al Frente-Partido Revolucionario de Liberación Popular (DHKP-C), una organización armada muy activa en el país considerada terrorista tanto por Ankara como por la Unión Europea. Como activista de izquierdas crítico con el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan en el epicentro de la UE, Kimyongür era una figura incómoda para las autoridades turcas, que recurrieron a una de sus tácticas habituales: la acusación de “terrorismo”.

Pilar Cebrián. Bruselas / AnkaraPilar Cebrián. Bruselas / Ankara

Tras la intervención del Gobierno belga, Kimyongür acabó siendo puesto en libertad, pero eso no supuso el fin de sus penalidades: en noviembre de ese mismo año volvió a ser detenido en Bérgamo, Italia, donde pasó tres meses en prisión hasta que se clarificó su situación. Lo que él no sabía es que, desde 2009, el sistema de Interpol había sido modificado: si hasta entonces cada país tenía que solicitar a la sede central –y justificar– la emisión de una notificación roja sobre un individuo, en ese año se permitió que cada estado miembro introdujese directamente la información en el sistema, sin supervisión adecuada. Como resultado, el número de notificaciones de este tipo se disparó: si en 2001 habían sido 1.418, ese año ascendieron a 5.020, y no han dejado de incrementarse desde entonces.

Lo que en un principio se consideró una herramienta útil para agilizar la cooperación entre estados miembros no tardó en convertirse en algo mucho más siniestro: una manera en la que los estados no democráticos podían perseguir a opositores y rivales políticos fuera de sus fronteras, aprovechándose de las fuerzas de seguridad de otros países. La detención del periodista turco-sueco Hamza Yalçin en el aeropuerto de El Prat este pasado 3 de agosto –nuevamente bajo cargos de “terrorismo” y de “insultar al presidente Erdogan”, pese a llevar tres décadas viviendo tranquilamente en Suecia– muestra que la cuestión sigue plenamente vigente.

“Unos190 países son miembros de Interpol, básicamente todos los del mundo excepto Corea del Norte. Eso significa que hay gente poco recomendable que tiene acceso a sus herramientas. Turquía es un buen ejemplo, pero también Rusia, Irán, Azerbaiyán, Uzbekistán… Así que es un problema”, afirma Alex Mik, jefe de comunicaciones de Fair Trial ("Juicio Justo"), una organización con sedes en Londres y Bruselas que se dedica a promover el derecho a un proceso judicial limpio para todo el mundo. “Dejemos claro que nosotros consideramos las notificaciones rojas como una buena herramienta para luchar contra el crimen, que se usa correctamente la mayor parte del tiempo. Pero hay demasiados casos de gente acusada injustamente”, señala.

Hamza Yalçin.

Ante la oleada de críticas, el Gobierno español ha afirmado que “no podía ignorar” la notificación de Interpol. Tanto el Ejecutivo como el auto del caso hacen referencia a una “orden internacional de detención” expedida por Turquía y “emitida por el tribunal correccional de Ankara” por “delitos de formación y dirección de organización terrorista”, según ha confirmado El Confidencial en conversación con Eva Pous, la abogada de Yalçin, quien indica que en un primer momento al acusado se le asignó un letrado de oficio y hasta el jueves ella no pudo incorporarse al caso. Por lo tanto, no ha tenido acceso todavía a la documentación original, así que no sabe de qué tipo de orden se trata. Sin embargo, el hecho de que Yalçin pasase por tres aeropuertos antes de llegar a El Prat hace sospechar que probablemente se trata de una notificación roja y no de una orden de arresto internacional, que las autoridades de otros países sí se habrían visto obligadas a implementar.

Cifras récord en 2016

“Algunos medios describen las notificaciones rojas como lo más parecido a una orden de detención internacional. No lo son. No hay una obligación legal de los países para actuar de una determinada manera. Cada país puede decidir qué quieren hacer, así que España no tendría obligación legal de actuar”, afirma Mik.

En opinión de Bruno Min, responsable de políticas legales de Fair Trial, si se confirma que efectivamente se trató de una notificación roja, pondría de manifiesto tres problemas obvios. “Primero, Turquía la utilizó mal por razones políticas. Segundo, Interpol fue incapaz de identificarla como motivada políticamente. Y tercero, España se habría apoyado demasiado en la notificación roja arrestando al individuo”, afirma Min.

T. FariñasT. Fariñas

Su organización mantiene una campaña para que Interpol reforme estos procedimientos. “Nos implicamos por primera vez en esta cuestión en 2011, cuando nos contactó Benny Wenda, un líder del movimiento de independencia de Papúa Occidental. Cuando descubrió que había una notificación roja de Interpol contra él, vino a vernos, diciendo que no tenía ni idea de qué hacer. Y en aquella época, nosotros tampoco”, relata Mik. “Pronto quedó claro que las notificaciones rojas estaban siendo usadas por cierto número de regímenes para poder llegar a gente que de otro modo estaba fuera de su alcance. Es un poster internacional de ‘Se busca’, en forma digital”, señala.

Ese mismo año, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó un estudio en el que concluían que “al menos 17 países, incluyendo China, Irán, Pakistán y Venezuela habían usado notificaciones rojas para perseguir a opositores políticos, objetivos económicos o activistas medioambientales en los cinco años anteriores”. Alrededor del 28% de las peticiones provenían “de países que no proporcionan derechos políticos o libertades civiles, según la organización independiente Freedom House”. Y debido a la estructura de Interpol, “hay muy poca posibilidad de recurso para aquellos que son señalados injustamente”, señaló entonces Libby Lewis, uno de los autores de la investigación. “Irán y Libia son miembros [de Interpol], y sus peticiones de notificación roja reciben el mismo trato que las de Canadá, el Reino Unido o Francia, por ejemplo”.

En 2016, las notificaciones rojas alcanzaron una cifra récord de 12.878. Es imposible cuantificar cuántas de ellas obedecían a razones espurias (a pesar de que, según el Artículo 3 de sus estatutos, Interpol no puede implicarse en “actividades de carácter político, militar, religioso o racial”). Pero el problema es real. En febrero de 2015, la Fundación Open Dialog de Polonia publicó un informe titulado “El sistema de Interpol necesita ser reformado”, en el que detallaba estas prácticas. “Las alegaciones de corrupción y crímenes financieros se han convertido en el método más empleado por los regímenes autoritarios contra sus opositores políticos. Se han reportado numerosos casos en los que refugiados políticos se han enfrentado a cargos falsos de terrorismo, cuando eran ellos mismos las víctimas del terror político en sus países de origen”, indica el documento.

Daniel IriarteDaniel Iriarte

Uno de los estados que más abusa de estas tácticas es Rusia, tal y como subraya otro informe del Centro de Estudios Rusos de la Henry Jackson Society. Allí se indica que parte del problema es la falta de independencia de la judicatura, donde abundan los fiscales y jueces dispuestos a dictar cargos y sentencias a la medida del Kremlin. Lo prueban casos como el del empresario estadounidense Bill Browder, objeto de hasta tres notificaciones consecutivas de este tipo, después de que Interpol rechazase las dos primeras (quien tituló su autobiografía precisamente así, ‘Notificación Roja’, publicada el año pasado en España por la editorial Capitán Swing); o el del hombre de negocios franco-ruso Nikolai Koblyakov, detenido en Bulgaria tras haber liderado una campaña anticorrupción en Rusia.

Entre las víctimas, uno de los nombres que se repite una y otra vez es el de Petr Silaev, un escritor y activista ruso en el punto de mira de las autoridades por haber liderado una protesta medioambiental contra la construcción de una autopista que iba a destruir el bosque de Khimki en Moscú. Silaev huyó a Finlandia, donde obtuvo asilo político en 2012. A pesar de ello, unos meses después fue detenido en un hotel de Granada, donde se encontraba de vacaciones, bajo cargos de “actividades relacionadas con la tenencia de armas y explosivos”. Pasó más de una semana en prisión, y se le prohibió abandonar el país hasta que, tras una larga batalla legal, España rechazó entregarlo a Rusia. Hasta octubre de 2014 no logró que Interpol eliminase la notificación roja en su nombre.

Bill Browder testifica ante el Comité del Senado que investiga la posible injerencia de Rusia en las elecciones de EEUU, el 27 de julio de 2017. (Reuters)

El factor humano

“De hecho, el caso de España parece ser bastante torpe. Ha habido muchos arrestos en este país en esas circunstancias: Petr Silaev, Bahar Kimyongür, y también Djamel Ktiti, un ciudadano argelino, hace un par de años. Estaba claro que había riesgo de tortura si le extraditaban, y había una decisión del Comité de la ONU contra la Tortura que reconocía ese riesgo, pero aún así Argelia logró emitir una notificación roja en su contra, y se le detuvo en España a partir de eso”, puntualiza Nin.

En 2013, Fair Trial emitió su propio informe sobre esta problemática, que tuvo una importante repercusión. La reacción de Interpol fue muy positiva: sus responsables iniciaron una relación constructiva con esta y otras organizaciones que pedían su reforma. Como resultado, la institución policial ha ido introduciendo cambios positivos en estos últimos años, como un nuevo protocolo para los refugiados políticos, vigente desde 2014. “Si se te ha reconocido como refugiado y has sido acusado injustamente, básicamente tienes una vía rápida para hacer que se borre tu notificación roja. Esto no va a impedir necesariamente que uno sea arrestado, porque Interpol no siempre tiene forma de comprobar si alguien es o no un refugiado reconocido, pero ayuda a que la situación se resuelva antes”, explica Mik.

Daniel IriarteDaniel Iriarte

El informe incide mucho en el coste humano de una acusación infundada. “Una notificación roja tiene consecuencias muy serias. El peor escenario posible es que alguien acabe siendo extraditado al país del que huyó. Y sucede”, indica Mik. “Hay algunos casos específicos –de refugiados, defensores de derechos humanos, periodistas, etc.– en los que, si son detenidos en un país de la UE, normalmente consiguen evitar la extradición. Pero otras personas son arrestadas en otros países donde no pueden tener la misma protección en materia de derechos humanos”, comenta. Así ha sucedido, por ejemplo, con activistas uigures –musulmanes de Xinjiang, la frontera occidental china– interceptados en Tailandia y enviados a China. Además, incluso en países democráticos, en muchos casos se producen largos periodos de detención hasta que la situación se aclara.

“La otra cuestión es la reputación. Volviendo por ejemplo al caso de Benny Wenda, que te etiqueten de terrorista es bastante devastador para un movimiento realmente pequeño. Y esta notificación roja [emitida por Indonesia] apareció justo cuando su campaña estaba empezando a atraer la atención y había sido invitado a hablar en el Parlamento australiano”, comenta Mik.

Daniel IriarteDaniel Iriarte

El pasado noviembre, Interpol anunció una serie de cambios, como la creación de un equipo de especialistas que chequean las notificiaciones rojas antes de su emisión, algo que Fair Trial y otras organizaciones independientes han celebrado abiertamente. No obstante, siguen pendientes del asunto, para comprobar qué tal funcionan los nuevos mecanismos. En abril, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) votó de forma unánime una resolución exigiendo a Interpol la adopción de medidas que hagan frente a un problema que, a pesar de la creciente concienciación internacional, dista mucho de estar resuelto, tal y como prueba el caso de Hamza Yalçin.

“Los países necesitan aclarar cuáles son las reglas cuando expiden una notificación roja contra una persona y, si está motivada políticamente, se considere una violación de derechos humanos. Y los estados miembros deben hacer un mejor trabajo en la prevención de abusos”, sentencia Mik. “Países como Turquía no deberían poder abusar del sistema, pero otros como España deberían ser conscientes de que se puede abusar de él, y necesitan adoptar un enfoque más cauteloso”.

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