¿Ha ido demasiado lejos Polonia en su deriva autoritaria?

“Creemos que Polonia se está convirtiendo lenta pero sistemáticamente en una institución penal”. El senador opositor Jan Rulewski compareció en la Cámara vestido de preso, para dotar de mayor teatralidad a sus palabras, que cobraban aún más solemnidad en boca de este anciano de 73 años de edad y veterano del movimiento anticomunista. Pero nada pudo alterar el curso del debate: durante la madrugada, la mayoría de la que goza el gobernante Partido Ley y Justicia (PiS) aprobó la polémica reforma del Tribunal Supremo, que someterá esta institución de forma efectiva al poder ejecutivo. Una medida que, según los críticos, acerca a Polonia a saltos hacia la dictadura.

Si como se espera el presidente polaco Andrzej Duda, del PiS, la ratifica, supondrá el fin del mandato actual de todos los jueces actuales del Supremo, excepto aquellos que Duda decida mantener. Además, este mismo mes el Gobierno polaco aprobó otro paquete de medidas que estipulan que los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que elige a los jueces de todo el país, serán seleccionados por el Parlamento en lugar de por otros magistrados, como hasta ahora. “Desde ahora, la carrera de estos jueces dependerá del partido gobernante”, afirma el semanario The Economist.

“Juntas, estas medidas le dan a los políticos de forma efectiva el control pleno sobre el poder judicial, dejando el camino libre para que el partido gobernante sepa con certeza que cualquier ley que apruebe será aprobada de forma ritual por los tribunales más importantes de Polonia”, escribe Remi Adekoya, un analista polaco de origen nigeriano, en la revista Foreign Policy. Adekoya también cree que la reciente visita de Donald Trump a Polonia –en la que el presidente estadounidense no hizo mención crítica alguna a ninguna de las preocupantes medidas autoritarias adoptadas por el PiS desde su llegada al poder en 2015, ni siquiera la reciente neutralización del Tribunal Constitucional este mismo año- habría sido interpretada por el Gobierno polaco como una luz verde para continuar con sus políticas.

No es que estas hayan carecido de oposición. Las encuestas muestran que el 76% de los polacos están en contra de una judicatura politizada, y en concreto, un sondeo realizado por la televisión privada TVN muestra que el 55% opina que Duda debería vetar estas medidas, mientras que solo un 29% creen que debería firmar la ley. Y en estas semanas las principales ciudades de Polonia han sido testigo de importantens manifestaciones de rechazo, lo cual no ha disuadido al Gobierno de seguir adelante.

Muchos creen que esta deriva se debe no a Duda ni a la primera ministra Beata Szydlo, sino a la arrolladora personalidad del líder del PiS, Jaroslaw Kaczynski, un ultraconservador de mentalidad conspiranoica que ha llegado a acusar a la oposición de “provocar el asesinato” de su hermano Lech Kaczynski -muerto en un accidente de aviación en 2010 en el que fallecieron también decenas de miembros del Gobierno y la cúpula militar-, en connivencia con Rusia e incluso con el actual presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, que en aquel momento ejercía de primer ministro. El dúo Kaczynski ya gobernó Polonia durante un lustro a mediados de la pasada década, en el que trataron de promover su visión de un Estado fuerte y católico con pocos contrapesos al poder ejecutivo. Pero ha sido en este último mandato cuando realmente Kaczynski ha empezado a acercarse a ello.

En un artículo titulado “Solo han hecho falta dos años para acabar con una democracia europea considerada robusta”, el diario Washington Post describe en detalle cómo se ha ido produciendo dicha evolución. “Con su mandato de gran alcance, Ley y Justicia empezaron rápidamente a consolidar su poder. La televisión pública del país, TVP Info, se convirtió esencialmente en un repetidor de las palabras del Gobierno meses después de las elecciones. A través de enmientas a la ley de medios del país, el Gobierno logró el control de los ejecutivos de todos los medios de titularidad pública, lo que provocó la renuncia de más de 140 empleados. Poco después, el Gobierno fue también a por los periódicos y las cadenas independientes”, afirma el artículo.

El modelo Orbán

Ese mismo año, Polonia pasó de ser considerada un país libre a uno “parcialmente libre” en el Índice de Libertad de Expresión de Freedom House. “El control gubernamental sobre los medios estatales ha creado una realidad paralela en partes de la sociedad polaca, donde las protestas contra el partido ‘iliberal’ Ley y Justicia son descritas como un ‘golpe de estado contra el gobierno democráticamente elegido’”, señala el Post. Hay un precedente: la Hungría de Viktor Orbán, que de ser un alumno aventajado de los Kaczynski ha pasado a ser el campo de pruebas del ‘iliberalismo’ en Europa.

Ciertamente, la Unión Europea observa con preocupación la evolución de ambos países. En el caso polaco, Bruselas se ha pronunciado en los términos más duros sobre las medidas adoptadas por Varsovia. “Estas leyes incrementan considerablemente la amenaza sistémica al Estado de Derecho en Polonia. Individualmente estas leyes, si son adpotadas, erosionarían seriamente la independencia de la judicatura polaca. Colectivamente, abolirían cualquier resto de independencia judicial y pondrían la judicatura bajo el pleno control político del Gobierno”, ha declarado esta semana Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea. Timmermans también dio a entender que la UE podría activar el Artículo 7.2, lo que suspendería los derechos de voto del país en las instituciones europeas.

Sin embargo, la adopción de dicha medida es altamente improbable, empezando por el hecho de que requiere el voto únanime de todos los estados miembros de la UE. Y la Hungría de Orbán ya ha dejado claro que no está por la labor: el primer ministro húngaro incluso ha enviado una carta de apoyo al Gobierno polaco, expresando su desagrado por el que Polonia esté siendo “insultada y atacada por la Comisión Europea”.

De hecho, el propio Orbán ha sido objeto también de advertencias desde Bruselas: el pasado abril, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra Hungría por su polémica ley de Educación, diseñada para ahogar a una universidad crítica y considerada “contraria a las libertades y los derechos fundamentales de la UE”. Sin embargo, eso apenas ha modificado el comportamiento de Orbán, y por ahora no ha pasado prácticamente nada. “Kaczynski ha aprendido de Orbán que si cambias los hechos sobre el terreno, la Comisión no puede cambiar de rumbo a tiempo”, afirma Kim Lane Scheppele, una socióloga de Princeton que ha estudiado en detalle el caso húngaro, entrevistada por The Economist.

Pero podría haber otras opciones. Otro miembro de la Comisión, Vera Jourova, ha sugerido esta semana retirar los fondos europeos a Polonia –que ha recibido 135.700 millones de euros en los 13 años de su adhesión a Europa, y que se beneficiará de otros 77.000 millones durante 2017- como forma de presión. “Si un país obtiene dinero de la UE, tiene que respetar el estado de derecho. No puedo concebir que los contribuyentes alemanes o suecos quieran que su dinero se gaste en crear algún tipo de dictadura en otro país de la Unión Europea”, ha declarado.

“Mientras el consenso unánime es necesario para la imposición de sanciones a un miembro de la UE, las negociaciones presupuestarias son diferentes: la mayor red de contribuidores a la bolsa de la UE –de la que Alemania está al frente- tienen mucho que decir sobre cuánto consigue quién de los beneficiarios, haciendo por lo tanto que los recortes presupuestarios sean una amenaza más creíble que las sanciones”, asegura Adekoya. En las próximas semanas se verá hasta dónde está dispuesta a llegar la Unión Europea respecto a la deriva polaca –y probablemente, de rebote, la húngara-. Pero mientras tanto, Polonia es hoy un país menos democrático que ayer.