Deterioro democrático: Bruselas presiona más a Hungría con los ojos en Polonia

“La sociedad civil es el tejido mismo de las sociedades democráticas. No seríamos democracias sin unas sociedades civiles fuertes y libres”. Con estas palabras ya avisaba el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, el pasado abril a Hungría de que estaba yendo por el mal camino. Ante el primer ministro magiar, Viktor Orbán, Timmermans advirtió de que Bruselas no se quedaría de brazos cruzados si su Gobierno seguía adelante con una ley dirigida contra las ONGs que reciben financiación extranjera. Y así ha sido.

Este jueves, la Comisión ha estrechado un poco más el cerco que tiene armado en torno a las medidas impulsadas por el conservador Orbán, que entran en conflicto directo con el Estado de Derecho y, por lo tanto, los valores de la propia Unión Europea. Desde Bruselas ha salido este jueves una carta dirigida a Budapest, en la que les advierte de que esta controvertida medida incumple las leyes europeas y le pide que dé marcha atrás.

Una ley al estilo ruso

La legislación, adoptada por Budapest el 13 de junio, marca a aquellas ONG que reciben más de 24.000 euros al año de financiación extranjera y les impone unas duras condiciones. De entrada, tienen que registrarse como una “organización financiada desde el extranjero” y presentarse como tal tanto en sus publicaciones como en su material de prensa, en una especie de estigma inspirado por las medidas impulsadas desde el Kremlin. Si no lo hacen, y no publican quiénes son sus donantes, pueden ser castigadas con sanciones.

Bruselas alega que la ley incumple las normas europeas porque “interfiere en los derechos” que estas reconocen. En concreto, el derecho a la libertad de asociación, ya que “podría impedir que las ONG capten fondos y limita su capacidad para llevar a cabo sus actividades”. También restringe la libre circulación de capitales de manera injustificada, y también puede vulnerar el derecho a la protección de la vida privada y de los datos personales. Y es que el Gobierno las exige que notifiquen las cantidades exactas de las donaciones y detalles precisos de sus donantes.

Presión sobre las universidades

Ante la inmovilidad de Hungría, la Comisión también ha dado un paso más en el proceso de infracción que tiene abierto contra el país por las maniobras de Orbán para forzar el cierre de la Universidad Centroeuropea (CEU), fundada por el magnate húngaro-estadounidense George Soros. La ley húngara de Educación Superior, aprobada el pasado 4 de abril, que incluye unos requisitos que ponen en peligro la continuidad de la entidad universitaria de este viejo enemigo del presidente magiar.

Ahora, Budapest tiene un mes para escuchar los avisos de Bruselas, si quiere evitar que el caso sea llevado ante la justicia europea. La Comisión exige que la ley “vuelva a estar en línea con las normas europeas lo antes posible”, en palabras de su vicepresidente primero. La advertencia de Timmermans es clara: “Esperamos una reacción de las autoridades húngaras dentro de un mes. Si la respuesta no es satisfactoria, la Comisión puede decidir ir a los tribunales“.

Polonia, otro quebradero de cabeza

Varsovia también sigue adelante con su agenda de políticas conservadoras y ultraderechistas que le alejan de los principios europeos. Ley y Justicia (PiS), el partido presidido por Jarosław Kaczyński, ha puesto sobre la mesa una propuesta con la que forzarían la dimisión de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, salvo aquellos que sean salvaguardados por el Ministerio de Justicia. Pendiente de la aprobación aún en el Senado, la media es un paso que ahonda en el camino emprendido por el Gobierno que, según Bruselas, mina la independencia judicial y con ella, los valores fundamentales de la Unión.

“La Comisión Europea será extremadamente firme en la defensa del Estado de derecho hasta el último momento y siempre estará ligada al principio del respeto de las instituciones democráticas”, ha asegurado el comisario europeo -y socialista francés- Pierre Moscovici, quien también a avisado de que Bruselas mantendrá su “vigilancia y presión” sobre la deriva del país.

Con esta medida el Gobierno de Beata Szylo “ha cruzado la línea roja”, según el presidente del Partido Popular Europeo (PPE) en la Eurocámara, Manfred Weber. El político conservador ha pedido a la Comisión y los Gobiernos europeos que “reaccionen y tomen medidas contra el Gobierno polaco”. El proceso de infracción que la Comisión mantiene abierto contra Varsovia desde 2015 podría culminar con la suspensión del derecho a voto de Polonia en Bruselas. Un castigo que necesita de la unanimidad del resto de los socios y que Viktor Orban -miembro del PPE- ya ha dejado claro que lo vetaría.