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No consiguen un pacto para garantizar sus derechos

Brexit: Británicos expatriados y comunitarios en UK vuelven de Bruselas de manos vacías

Los responsables de las plataformas que representan a comunitarios viviendo en UK y británicos repartidos por la UE se reunieron con el responsable de Bruselas para las negociaciones del Brexit

Theresa May firmó este martes la carta en la que invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa y solicita la salida de Reino Unido de la UE. (Reuters)

La primera ministra británica, Theresa May, ha venido negándose desde el pasado mes de junio, cuando se conoció el triunfo del Brexit, a ofrecer garantías a los comunitarios que viven actualmente en Reino Unido y esclarecer el futuro a los británicos expatriados. En todo momento, la líder 'tory' ha recalcado que había que esperar al inicio de las negociaciones. Pues bien, el día ha llegado. Este miércoles, la jefa del Ejecutivo británico activará oficialmente el artículo 50 del Tratado de Lisboa para dar comienzo al proceso de divorcio.

[Siga en directo la activación del Brexit]

¿Cuál es entonces ahora la situación para estos cinco millones de personas? Respuesta: la misma, la misma incertidumbre. Los responsables de las plataformas que representan a comunitarios viviendo en Reino Unido y británicos repartidos por la UE se reunieron este martes en Bruselas con Michael Barnier, responsable de la Comisión Europea para las negociaciones del Brexit.

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Aunque se mostraron “sumamente agradecidos” de que los recibiera en persona —cosa a la que el ministro británico del Brexit, David Davis, se ha negado—, no consiguieron un pacto blindado para garantizar sus derechos en caso de que Reino Unido abandone finalmente el bloque comunitario sin pacto.

A pesar de que Barnier les comunicó que “no contempla” un divorcio sin acuerdo, el Gobierno británico ha repetido hasta la saciedad que prefiere “un no pacto a un pacto malo”. Desde Londres y Bruselas en cualquier caso han dicho que regular su situación será una de las prioridades de las negociaciones.

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Giles Tremlett, miembro del colectivo British in Europe, asegura que sabían que lo que pedían “era complicado”. Pero al mismo tiempo, denuncia la gran incertidumbre que se crea a partir de este miércoles en estos cinco millones de europeos. “Si finalmente no hay acuerdo, quedaremos en el limbo más absoluto”, asegura a El Confidecial.

“Yo llevo 25 años viviendo en España, pero dentro de poco mis derechos puede que sean los mismos que los de un canadiense recién llegado”, recalca. Por este motivo, considera que “seguirán presionando por otras vías”, como a través del Parlamento Europeo, donde parece que se encuentran “más receptivos”.

Con todo, Tremlett se muestra “muy agradecido” ante Barnier. “Por lo menos ha tenido la amabilidad de escucharnos, cosa que Davis no ha hecho a pesar de las múltiples peticiones. Eso para mí es muy significativo. Como británico, ¿quién va a proteger ahora mis derechos? ¿Barnier o Davis?”, matiza.

En la reunión también estuvo Silvia González, del grupo Españoles en Reino Unido-Surviving Brexit, que colabora con la plataforma Three Million (el número que se calcula hay de comunitarios viviendo actualmente en suelo británico). Al llevar tan solo dos años en Reino Unido, Silvia ni siquiera podría solicitar la residencia permanente.

“Como yo hay muchos casos. Tal y como está planteada la ley de inmigración en Reino Unido, muchos comunitarios no pueden solicitar la residencia por no contar, por ejemplo, con seguro médico. En definitiva, son cosas que no tienes porque hasta ahora no te las habían pedido”, explica a este diario.

“Comienza un periodo de incertidumbre y considero que al menos tendría que establecerse un acuerdo de mínimos independientemente de si se consigue pacto o no para otras cuestiones, como las relacionadas con los acuerdos comerciales”, matiza. Con todo, se muestra “positiva” ante el hecho de que Barnier accediera a atenderlos.

Actualmente se calcula que hay 1,5 millones de británicos repartidos por la UE —alrededor de 300.000 en España— y 3,5 millones de comunitarios viviendo en suelo británico. Los datos oficiales muestran cifras menores, pero los expertos insisten en que no todos están registrados en sus respectivos consulados.

La Cámara de los Lores pidió garantías para ellos, pero la Cámara de los Comunes, donde los 'tories' cuentan con mayoría, echó abajo la enmienda durante el intenso debate que se vivió en Westminster en la tramitación de la llamada ley Brexit. El Gobierno consiguió que su proyecto de ley no tuviera que cambiar ni una coma.

Este miércoles, Londres activará formalmente la desconexión con el bloque, aunque el propio Barnier confirmó a sus interlocutores que no cree que las negociaciones como tal comiencen hasta finales de mayo o principios de junio.

La 'premier' comparecerá este miércoles en la Cámara de los Comunes para informar a los diputados de que el embajador británico en la UE, Tim Barrow, ha hecho entrega personalmente al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, de la misiva donde se notificará que el Ejecutivo británico invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa para iniciar el proceso de divorcio.

A partir de ahí, empieza la cuenta atrás para consumar la desconexión, que deberá hacerse efectiva, según los planes previstos, el 29 de marzo de 2019. Según los medios locales, se espera que Tusk haga una breve declaración de acuse de recibo antes de que el jueves haga circular entre los Veintisiete un borrador sobre cuáles serán las directrices de negociación. La hoja de ruta será adoptada formalmente en la cumbre especial organizada para el próximo 29 de abril en Bruselas.

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Por su parte, también el jueves, el Gobierno británico presentará en Westminster el proyecto de ley Great Repeal Bill (Gran Ley de Derogación), que asegurará la continuidad jurídica del país tras el Brexit. El proyecto de ley derogará la Ley de Comunidades Europeas de 1972, con la que el país entró en el bloque un año después, e incorporará a la legislación nacional las leyes de la UE que considere "prácticas".

Este proyecto afecta a cientos de normativas comunitarias que se aplican directamente en Reino Unido, pero no forman parte de la legislación del país. No obstante, esta ley no entrará en vigor hasta que el país haya salido oficialmente de la UE.

El pasado 23 de junio, la victoria del Brexit se impuso por un ajustado 51,9% de los votos. En definitiva, los partidarios de abandonar la UE conseguían poco más de un millón de votos de ventaja frente al 48,1% de electorado que optó por la permanencia.

A pesar de que May apoyó la causa europea, al mudarse a Downing Street tras la dimisión de su predecesor, David Cameron, se ha visto presionada por las filas más euroescépticas de su propio partido. Por lo que no solo está dispuesta a sacar al Reino Unido del bloque, sino que también está decidida a abandonar el mercado único con el objetivo de controlar las fronteras y la inmigración, cuestión protagonista durante toda la campaña.

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