Donald Trump contra el Poder Judicial: la batalla que viene

Un arrecife de coral se forma en torno a la Administración Trump; son las peleas judiciales, que van creciendo y superponiéndose unas a otras como una callosidad. Una callosidad que envuelve sus decretos migratorios, sus potenciales conflictos de interés y los de su entorno, y la acusación de espionaje, sin pruebas, contra el anterior gobierno.

Las filas judiciales ya se están organizando para esta posible batalla. Cada vez son más los abogados del Gobierno de Obama que toman posiciones contra las medidas del presidente, Donald Trump. Jonathan Smith, alto funcionario de Derechos Humanos en la anterior Administración, se ha unido la organización 'Muslim Advocates' para desafiar el veto migratorio del presidente a seis países de mayoría musulmana. “Hay una amenaza única para nuestra democracia y Constitución que vemos en el creciente asalto del presidente a la comunidad musulmana”, declaró Smith.

Eric Holder, quien fuera fiscal general con Obama durante más de seis años, asesora al Gobierno de California en materia de inmigración y medioambiental. Y Neal Katyal, otra figura del departamento, ayuda al Gobierno de Hawái, que solicitó a la justicia la suspensión del segundo veto a los refugiados y ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.

El juez de Honolulu que bloqueó este segundo decreto, ideado para suplantar al primero, argumentó su decisión con la retórica de Trump en campaña: “Una evidencia significativa y no refutada de animosidad religiosa”. Ahora el magnate promete apelar ante la justicia y llegar si hace falta hasta el Tribunal Supremo.

“La Administración Trump tiene un problema significativo”, dice a El Confidencial Peter M. Shane, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio. “Porque los comentarios del presidente cuando era candidato sugirieron que partes del decreto tenían menos que ver con la seguridad nacional y más con limitar la entrada de extranjeros musulmanes en EEUU. Aunque el nuevo decreto intenta responder a los problemas del original, el presidente ha indicado que prefiere el primero”.

El presidente y sus asesores califican la suspensión de “extralimitación judicial”, y desde que el primer decreto fuera bloqueado han cuestionado el criterio de los magistrados, “muy políticos”, o incluso su autoridad. Si Trump cumple su palabra, quedaría por delante una larga batalla judicial de conclusión incierta.

“No está claro que el Tribunal Supremo vaya a aceptar el caso”, continúa el profesor Shane. “Pero, hasta ahora, lo que es extraordinario es la poca deferencia que los tribunales dan al presidente en un caso supuestamente de seguridad nacional. La razón, creo, de esta actitud judicial, son los comentarios, sin precedentes y descuidados, del presidente sobre la naturaleza de la inmigración y el programa de refugiados”.

A los abogados que empiezan a ocupar posiciones opuestas al presidente Trump se podrían unir parte de los 45 altos funcionarios despedidos por el nuevo Gobierno, entre ellos el influyente fiscal de Manhattan, Preet Bahara. Norman Eisen, jefe de ética con Obama, acaba de empezar a presidir la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética. Según Reuters, los fiscales consultados niegan que el expresidente tenga algo que ver.

Otra callosidad judicial se ha extendido por el Congreso. El director del FBI, James Comey, ha declarado ante un comité que no hay pruebas de que la Administración Obama hubiera pinchado los teléfonos de la Torre Trump en campaña. “No tengo información para respaldar esos tuits”, dijo Comey. La acusación está basada en un artículo del portal conspirativo Breitbart News, tomada a su vez de un comentario hecho en una radio británica. Aún así, fue adoptada por Donald Trump.

Republicanos y demócratas llevan días organizándose llegar al fondo de esta incriminación. “Espero que podamos finalizar esta búsqueda inútil porque lo que dijo el presidente es patentemente falso”, declaró el representante demócrata Adam Shiff. “Y la bola de demolición que ha creado ya ha golpeado a nuestros aliados británicos y alemanes, y sigue creciendo en términos de daños, y él tiene que terminar con esto”.

Schiff se refería al intento del portavoz de Trump, Sean Spicer, de culpar a los británicos de haber espiado para Obama y así justificar esta falta de pruebas; una acusación basada en un comentario (refutado) de un analista de Fox News. Spicer y el asesor de Seguridad Nacional, el general H. R. McMaster, habrían pedido disculpas a Londres, según la CNN. Poco después la Casa Blanca negó esas disculpas.

Trump no recula. El viernes, preguntado por las supuestas escuchas, apuntó a la canciller alemana Angela Merkel, que estaba de visita, y dijo: “Al menos tenemos algo en común, quizás”. Una referencia al hecho de que Merkel habría sido espiada por la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU, según pasadas filtraciones de Wikileaks.

El 'originalista' Neil Gorsuch, nominado por Trump, está a punto de inclinar la balanza del Supremo al lado conservador

Los compañeros de partido de Trump, como el senador Lindsay Graham, amenazaron con demandar al Gobierno para que presente pruebas, por ejemplo una orden judicial. Si no, formarían un comité especial para investigarlo. “El Congreso va a flexionar sus músculos con esto”, dijo el senador Graham.

El director del FBI, que testificó junto al jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, Mike Rogers, fue menos claro respecto a los contactos de los miembros del gabinete Trump con funcionarios rusos. Comey reconoció que había una investigación en curso, pero se negó a precisar alegando el carácter secreto de la pesquisa.

El presidente de Estados Unidos lanzó una salva de tuits a primera hora en la que acusaba al Partido Demócrata de montar el caso de Rusia para distraer la atención de su derrota electoral hace más de cuatro meses. Un tuit en la otra cuenta de Trump, la cuenta oficial de presidente, torció el sentido de la comparecencia diciendo que el FBI y la NSA habían declarado que Rusia no había influido en las elecciones presidenciales.

Mientras, en otro salón del Congreso, un juez iniciaba el proceso para ser confirmado como miembro del Tribunal Supremo, el consejo de sabios que tiene la última palabra en Estados Unidos. El “originalista” Neil Gorsuch, nominado por Donald Trump, está a punto de inclinar la balanza del Tribunal al lado conservador. Y dado el perfil biológico del resto de jueces, quizás Trump pueda llenar algún hueco más en los próximos años.