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"NO HAY respeto a los principios democráticos"

¿Es Venezuela una dictadura?

Los académicos se rascan la cabeza debatiendo un calificativo para el Gobierno de Maduro, mientras los indicadores democráticos languidecen y el chavismo se aferra tan solo a la legitimidad de origen

Un manifestante atichavista descansa tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Caracas (Reuters).

"Nosotros decimos como Allende, vamos a gobernar sin parlamento". La frase la lanzó el vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, el 11 de septiembre, ratificando la postura del Gobierno de Nicolás Maduro: la Asamblea Nacional no existe. Tan solo doce días antes, el segundo a bordo de la burocracia nacional lo había dicho con esas mismas palabras. Anteriormente, Maduro había dado la sentencia: "Asamblea Nacional, prepárate para despedirte de la historia, que tu hora va a llegar".

"Dictadura". La palabra ahora suena fácil en boca de dirigentes opositores que hasta hace poco no la incorporaban tan rápido a su discurso. El presidente del legistativo, Henry Ramos Allup, la usa a menudo. También el partido Voluntad Popular, su líder Leopoldo López y otros actores de la política venezolana. El dicho "se le cayó la careta" se ha repetido tantas veces como decisiones polémicas se toman desde Miraflores. El secretario de la alianza opositora Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba, dijo en mayo que "Maduro busca gobernar por decreto, de dictar decretos, es decir, gobernar como un dictador".

No todos, claro está, se apuran a ir más allá del calificativo "no democrático" cuando de definir a la administración de Maduro se refiere. El excandidato presidencial y uno de los líderes mejor valorados de la oposición, Henrique Capriles, habla de "gobierno no democrático", al igual que su partido Primero Justicia, por ejemplo.

'El Gobierno bolivariano siempre ha sabido venderse como uno que tiene respeto a las minorías o que deja ganar elecciones, pero la realidad es que ese poder ganado no podrá ser ejercido'

El politólogo Luis Salamanca ha estudiado el asunto y afirma que más de 20 denominaciones se han utilizado durante los 17 años del chavismo en el poder para ponerle cascabel al gato. "Tiránico, dictatorial, bonapartista, fascista, antidemocrático, iliberal, nazi, autoritario, despótico, neodictatorial, neoautoritario, sultánico, autoritarismo competitivo, autoritarismo electoral, y un sinfín más. Es un boom de calificativos, y casi todos surgieron en el período de Chávez. En el caso de Maduro, como ha ido depurando más la técnica autoritaria, se usa más la palabra dictadura".

Entre los académicos continúa generando cierto consenso el concepto de "autoritarismo competitivo", esbozado por Steven Levitsky desde Harvard, que define a los regímenes híbridos con facciones dictatoriales, donde es posible amenazar la permanecía en el poder de la clase gobernante a través de procesos electorales, aún cuando los comicios estén plagados de irregularidades y no sean realizados en igualdad de condiciones, como ha denunciado la oposición y hasta los observarores electorales en la última década. Pero Salamanca pone lupa sobre características particulares: "Obstruir y atar de manos a una AN elegida popularmente yo no lo he visto en otras partes del mundo. No recuerdo que en el libro del autoritarismo competitivo se mencione algo semejante".

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela Joaquín Ortega asegura que todo gobierno autoritario moderno termina resumiendo en su actuación otros fenómenos, desde el caudillismo hasta el nihilismo. "El sistema ha mutado para hacerse flexible. El Gobierno bolivariano siempre ha sabido venderse como uno que tiene respeto a las minorías o que deja ganar elecciones, pero la realidad es que ese poder ganado no podrá ser ejercido".

El Tribunal Supremo de Justicia, cuya mayoría de magistrados son afectos al chavismo, emitió una sentencia para dejar sin efecto todas las actuaciones del Parlamento, después de que el Legislativo, controlado por la oposición, decidiera ignorar varias sentencias del juzgado. De esta manera, la legitimidad ganada por los diputados en diciembre pasado cuando fueron electos, y a pesar de haber sido reconocidos por sus contrincantes como vencedores, quedó anulada en sus consecuencias. De hecho, las decisiones del Gobierno sobre la "emergencia económica" no han pasado por el Legislativo, sino que son avaladas por el Supremo. Ninguna de las leyes aprobadas en su seno ha comenzado a ser aplicada tampoco en todo 2016.

'En Venezuela no hay independencia de instituciones, no hay respeto a los derechos humanos, no hay respeto a los principios democráticos', explica Carlos Ponce, director de los Programas latinoamericanos de Freedom House

No es la primera vez que ocurre. Cuando Antonio Ledezma ganó la Alcaldía Mayor de Caracas, la oficina fue despojada de competencias, recursos y hasta de sede, que fueron otorgadas a un nuevo despacho: el Gobierno del Distrito Capital cuya cabeza es designada por el Presidente de la República. Cuando Henrique Capriles ganó la Gobernación de Miranda, el chavismo suprimió de sus responsabilidades a todo el sistema de salud. Además, las denuncias sobre entrega interesada de recursos abundan. Este jueves 29 de septiembre, alcaldes de todo el país protestaron ante la Vicepresidencia de la República en Caracas para exigir la entrega de fondos que, por ley, deben ser "bajados" para pagar nóminas municipales. "Sabemos que hay alcaldes del chavismo que sí han recibido el dinero completo", denunció Alfredo Ramos, gobernante de Barquisimeto (oeste).

"Una colcha de retazos"

John Magdaleno ha defendido en Caracas la tesis del "autoritarismo competitivo", aunque afirma que el entorno venezolano aumenta el volúmen a lo primero y lo disminuye a lo segundo. Se basa en que la oposición no ha sido suprimida y eso da cuenta aún de una competencia donde el adversario no ha sido anulado, al menos no del todo.

Venezuela no fue incluida en el segmento de “naciones no libres” en el último ránking de a ONG Freedom House, sino en el de países híbridos, justo al lado de las dictaduras. Según el ranking, registró una puntuación de libertades (incluyendo económicas) de solo 35, igualado con Argelia, cuyo régimen ya es considerado por Freedom House como dictatorial, aunque la evaluación retrata el año 2015.

En el resto de América Latina, Brasil tiene una puntación de 81, y Argentina de 79, siendo ambos considerados países libres. Colombia, que está en el segmento de los híbridos, obtuvo 63 puntos por arriba de Ecuador con 59 puntos y Nicaragua con 54. Cuba, posicionada firmemente en el terreno de las dictaduras, siguió siendo el país menos libre del hemisferio con 15 puntos.

Ahora, en 2016, el país ya es merecedor del calificativo de no libre que otorga dicha ONG. “En Venezuela no hay una independencia de instituciones, no hay un respeto a los derechos humanos, no hay un respeto a los principios democráticos, no hay un tema de redención de cuenta, no hay un gobierno que tome decisiones basadas en el respeto institucional, no hay ningún tipo de estructura realmente posible del ciudadano para defender sus derechos, sino un poder judicial que obviamente no solo está siendo usado para bloquear el funcionamiento de la Asamblea Nacional, sino que es usado como una herramienta de represión contra los ciudadanos. Hay derechos que se están violando en Venezuela, que ni siquiera en Cuba se están violando. Es una situación realmente caótica”, explicó Carlos Ponce, director de los Programas latinoamericanos de Freedom House, al diario 'Nuevo Herald'.

Ortega insiste en que el Gobierno venezolano ha tomado elementos de distintos manuales, "desde el uso de la palabra 'camarada' que nació con Mussolini cuando fue comunista y quien después terminó fundando el partido fascista. A lo macro, se aplica el esquema de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori en Perú, donde los cuarteles están por encima de la administración civil, y en lo micro hay una inspiración en los CDR cubanos, los Soviets", ahora profundizados a través de organizaciones de base controladas por el partido del gobierno, el PSUV, para distribución de alimentos. "El chavismo es una colcha de retazos", concluye.

Aranguibel denuncia 'la más feroz campaña internacional de desinformación, de manipulación y de falseamiento de la realidad de la que haya sido víctima Estado alguno'

Desde la acera de la defensa, el analista Alberto Aranguibel habla de un proyecto "profundamente humanista". A su juicio, la actuación gubernamental es respuesta a una "guerra mediática" y a "ataques de la derecha", pero no una pérdida de valores democráticos. "En Venezuela la democracia se ha profundizado y va más allá de los tres poderes clásicos", afirma al considerar no solo la existencia del Poder Moral y el Electoral, establecidos en la Constitución vigente desde 2000 e impulsada por Chávez, sino al "poder popular". "El modelo antes de la revolución solo favorecía la participacion de sectores pudientes, privilegiados. Ahora el sistema alcanza hasta al último ciudadano".

Aranguibel asegura que "la derecha ha vendido que el sistema democrático es de su pertenencia, que cualquiera que no esté en el ámbito de la concepción capitalista neoliberal es un tirano. Han querido posicionar este ideario colectivo que se va gestando desde la academia burguesa".

Además, denuncia "la más feroz campaña internacional de desinformación, de manipulación y de falseamiento de la realidad de la que haya sido víctima Estado alguno". Se refiere, por ejemplo, al calificativo "dictadorzuelo" que lanzó contra Maduro el secretario general de la Organización de Estados Americanos al cuestionar las trabas oficiales a la realización de un referéndum sobre la permanencia de Maduro en el poder, establecido en la Constitución.

Es otro de los elementos de ese retrato de la "democracia imperfecta" venezolana. Desde la oposición aseguran que al impedir elecciones, incluyendo las de gobernaciones regionales que por ley tocan este año y no han sido anunciadas -el diputado del PSUV Pedro Carreño dijo que no eran prioritarias debido a la crisis-, el chavismo en el poder rechaza lo único que aún los definía como democráticos, siguiendo su propio discurso de haberse sometido a más de 19 elecciones en tres lustros.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que debe respetarse el derecho a gobernar que tiene Maduro tras ganar las elecciones en 2013. Pero según el economista Víctor Álvarez, exministro de Hugo Chávez, "la legitimidad de origen también se pierde cuando un gobierno electo en las urnas no garantiza los derechos esenciales de una democracia integral, tales como el respeto a los derechos humanos, el sometimiento al Estado de derecho, las elecciones oportunas y transparentes, la consulta popular para solucionar las crisis de gobernabilidad, la separación e independencia de los poderes públicos, la transparencia en la administración de los fondos públicos, la libertad de expresión, etcétera".

Cualquiera puede caer preso

En Venezuea, la represión y la persecución ha aumentado. Desde Miraflores se acusa a partidos políticos de ser "golpistas", como el caso de Voluntad Popular. Justamente, la tolda de Leoppoldo López, el preso político más emblemático del chavismo, ha sido la más afectada. 254 militantes han sido "atacados" por el Estado, según registro de la organización. Actualmente, diez permaneces presos, 43 imputados pero con libertad condicional enfrentan juicio y seis están siendo "perseguidos" o están en el exilio.

"Mi defendido lleva dos años encerrado. Está preso por haber hecho un retuit. Hemos solicitado que sea trasladado al Hospital Militar para ser atendido y el Sebin ha desacatado incluso la orden del tribunal. Se mantiene en desacato continuo', explica una abogada

En Primero Justicia, otro partido fuerte de la oposición, también se han producido detenciones. La más reciente, a unos militantes responsables por la producción de un vídeo donde se llama a la reflexión de los militares frente a la crisis nacional. Sin demasiado escándalo público, fueron detenidos y acusados ante la jurisdicción militar por uso indebido de uniformes. "Esto manda un mensaje muy claro a los demás y fomenta la espiral del miedo”, dice el abogado Gonzalo Himiob, integrante de la ONG Foro Penal. Y algo de razón lleva: Voluntad Popular estaba en preproducción de unos espacios propagandísticos y los actores declinaron participar para "evitar problemas".

Según esa ONG, tan solo en junio de este año se registraron 1.600 detenciones por motivos políticos, que suman 5.853 detenciones en total y 145 denuncias de tortura desde 2014. La organización, además, destaca el aumento en los encarcelamientos de personas que protestan por las colas en ventas de alimentos e insumos básicos. Sus datos indican que en enero hubo tres detenciones; en febrero, cuatro; en marzo, 65; en abril, 176, al menos de las que ellos hayan tenido conocimiento.

Una vez que se entra en el sistema judicial no hay seguridad de poder salir de él. Es más, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) incluso ignora las órdenes de los tribunales, según denuncia la abogada Elenis Rodríguez, defensora de varios acusados. "Mi defendido Juan Miguel de Sousa lleva dos años encerrado. Está preso por haber hecho un retuit. Hemos solicitado que sea trasladado al Hospital Militar para ser atendido y el Sebin ha desacatado incluso la orden del tribunal. Se mantiene en desacato continuo”, explica mientras denuncia que muchas detenciones se hacen sin ordenes judiciales que las soporten

Por eso según Himiob, ahora cualquiera puede ser un preso. De hecho, entre los casos recientes hay hasta gerentes de supermercados detenidos por cómo manejaron la distribución de alimentos. El pasado diciembre, Nicolás Maduro dijo en televisión: "Donde yo vea cosas así, me llamarán dictador, pero voy a imponer la ley”.

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