El legado de la izquierda: cómo Dilma anuló casi todos los avances de la era Lula

Hay una parte de Brasil que no se resigna al ‘impeachment’ de Dilma Rousseff y que está tomando las calles para gritar una y otra vez “Fora Temer”. El 7 de septiembre, día de la Independencia de Brasil, decenas de miles de personas salieron en 25 Estados y en casi 50 ciudades para protestar contra lo que muchos, empezando por la propia expresidenta apartada de su cargo, definen como un “golpe blanco”.

Detrás del ‘impeachment’ de Rousseff hay una clase empresarial que ha aprovechado las irregularidades fiscales cometidas por Dilma, al igual que por sus predecesores, para deshacerse de una presidenta que, según las elites económicas brasileñas, es la principal responsable de la fuerte recesión que ha llevado el país tropical a acumular una tasa de paro del 11,3%, que ya afecta a más de 11,6 millones de personas.

'Hubo un periodo extremadamente positivo de reducción de pobreza y de desigualdad que está siendo totalmente revertido a partir de 2014 con el aumento del desempleo y de la inflación, y una bajada del salario real'

El complejo escenario económico que hereda Michel Temer sugiere que el nuevo Gobierno pondrá en marcha polémicas reformas que afectarán a los trabajadores y a los jubilados brasileños. De la misma forma que el ‘impeachment’ ha dejado el país profundamente dividido, la evaluación de los 13 años y medio de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) también enfrentan a economistas y a ciudadanos de a pie, que no se ponen de acuerdo sobre el verdadero legado económico de la era Lula/Dilma.

Los datos macroeconómicos sugieren que durante el segundo mandato de Dilma Rousseff se produjo un claro retroceso de los principales avances económicos y sociales. Es el caso de la tasa de paro, que comenzó a caer en 2004, en el segundo año del primer mandato de Lula, y siguió esta trayectoria hasta 2014, cuando Rousseff fue reelegida por segunda vez. Sin embargo, en 2015 la tendencia se invirtió. Dilma llegó al poder en 2010 con un 6% de paro y encerró su primer mandato en diciembre de 2014 con un alentador 4,3%. No obstante, después de su reelección este dato alcanzó el 7,8% en octubre de 2015 para dispararse hacia el 11,2% del pasado mes de abril.

No es el único índice que muestra un empeoramiento general de la economía brasileña. La deuda pública, que entre 2003 y 2013 había caído del 74% al 60% del PIB, explotó en 2015 llegando de nuevo al 74% del PIB. El PIB que en los años de Lula creció de media un 4,1% anual, cayó un 3,8% en 2015 y para 2016 la previsión es de una contracción del al menos un 3%. La reducción de la pobreza, uno de los caballos de batalla de los Gobiernos de Lula y Dilma, también ha sufrido un revés. Gracias a la Bolsa Familia, 36 millones de personas salieron de la pobreza extrema entre 2003 y 2013, según datos del Banco Mundial. Sin embargo, a principios de 2015, la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) divulgó que el número de brasileños que viven con menos de 1,25 dólares por día había subido del 5,4% al 5,9% entre 2012 y 2013.

“Hubo un periodo extremadamente positivo de reducción de pobreza y de desigualdad que está siendo totalmente revertido a partir de 2014 con el aumento del desempleo y de la inflación, y una bajada del salario real. Es una tendencia que difícilmente va a poder ser detenida en el corto plazo. Por consecuencia, todos los grandes resultados alcanzados en los primeros años de Lula se han visto anulados por esta crisis. El balance final de los 13 años y medio de PT puede tener incluso un saldo negativo”, analiza para El Confidencial José Marcio Camargo, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.

Para Guilherme Santos Mello, docente en el Instituto de Economía de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), en muchos aspectos Brasil hoy está bastante mejor que en 2002, cuando el PT llegó al poder. Este profesor de Economía cita la renta per cápita, la distribución de renta, el salario mínimo, el nivel de pobreza y acceso a los servicios públicos y a la universidad. Mello reconoce que una parte de las conquistas, sobre todo ligadas al empleo y a la estructura productiva, se han perdido parcialmente en los últimos dos años. Este especialista, sin embargo, no atribuye el retroceso al elevado gasto público y sí a las recetas neoliberales aplicadas en el segundo mandato de Rousseff, de la mano del ministro Joaquim Levy, que según Mello comprometieron el crecimiento y condenaron Brasil a la recesión.

“Hay varios elementos que explican el retroceso que empieza en 2014: una fuerte incertidumbre política y jurídica, la crisis internacional, el descontento empresarial y, partir de 2015, la nueva política económica neoliberal del ministro Levy, con los recortes en el gasto público e inversión, el aumento de los tipos de interés para contener una inflación por encima del 10%, el ajuste fiscal y la liberalización del cambio”, explica Mello. “Levy adoptó el programa económico de la oposición, es decir, muchos de los puntos que el candidato Aécio Neves llevaba en su programa electoral. En 2015 se hizo el mayor corte de gastos públicos de la historia de Brasil, que prácticamente paralizó las inversiones. Brasil aplicó la misma receta neoliberal que no funcionó en Grecia, Portugal y España y fue eso básicamente lo que disparó una violenta recesión. Estas decisiones, junto a la subida del precio de la electricidad y de la gasolina, y la liberalización total del cambio del real con el dólar, acabaron hundiendo la economía brasileña”, añade.

En el fondo, lo que opone a los economistas, a los ciudadanos y a los manifestantes es una interpretación ideológica de los datos macroeconómicos. Para los economistas ortodoxos y neoliberales, las políticas sociales de Lula y de Dilma comprometieron el crecimiento económico y hundieron las cuentas públicas. “No se puede valorar un Gobierno por los buenos resultados de un periodo corto de cinco o siete años. La valoración se hace por las consecuencias que está generando. La ‘favelización’ en Brasil está aumentando, así como el número de pobres, a pesar de todos los programas sociales del PT. Estos programas tienen que contar con recursos y en los últimos años ya no había capacidad contributiva para pagar tantos subsidios a tantas personas”, asegura a El Confidencial Istvan Kasznar, profesor de la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas de la Fundación Getúlio Vargas (FGV/EBAPE).

“La gestión de Dilma fue desastrosa en términos de política de gasto público. Fue un error que comenzó en el segundo mandato de Lula y que continuó con Rousseff. Una política económica equivocada, junto a una coyuntura internacional desfavorable, generó el desastre que estamos viviendo”, analiza Camargo.

En el extremo opuesto, se sitúan economistas como Mello, que defienden que el debate sobre los recortes es puramente ideológico. “La idea de que los Gobiernos del PT promovieron una gasto generalizado que hundió la economía es falsa. Los datos macroeconómicos muestran otro escenario. El gasto público con Rousseff es prácticamente el mismo que con el presidente Fernando Henrique Cardoso. Creció mucho durante el segundo mandato de Lula, porque tuvo que enfrontar la mayor crisis economía internacional de la historia reciente y porque se lo podía permitir, dado que había grandes entradas fiscales en aquella época”, rebate Mello.

Para este economista, el gasto público de la Bolsa Familia y de los otros programas sociales del PT es ínfimo en relación a los presupuestos generales del Estado. “El déficit primario de Brasil es muy pequeño, equivale al 1%. La parte más importante del déficit corresponde a los tipos de interés, que son los más altos del mundo. Este es el gran problema que estrangula la economía de Brasil”, asegura Mello.

Ni siquiera el crecimiento constante del salario mínimo, una de las grandes bazas de los Gobiernos del PT, es evaluado como algo positivo de forma unánime. En los años de Lula el salario mínimo aumentó un 9% anual y con Dilma, un 3,2% por año. “Esto disparó los costes de las empresas brasileñas y redujo su competitividad. Esta subida, que normalmente se interpreta como una victoria para la clase trabajadora, se convierte en la realidad en una derrota para el empresariado, que acumula un déficit monstruoso. Es una medida demagógica y populista que destruye el sector productivo y afecta incluso a las cuentas públicas. Hoy el 77% de los municipios está deficitarios básicamente por el aumento del salario mínimo”, señala Istvan Kasznar.

El legado de Dilma es una Petrobras completamente descapitalizada y destruida, con una deuda de 575.000 millones de reales; y la empresa Electrobras con cuentas deficitarias, sin olvidar que Dilma fue secretaria de Energía con Lula

“La era PT vendió una mejora de la vida del trabajador, pero esto no se mide ni a corto ni a medio plazo. Lo que interesa es el largo plazo, y allí vemos que las estadísticas de mejora social están cayendo de forma extraordinaria. Este año ya se han perdido 880.000 empleos formales. En 2015 fueron 1.540.000 puestos de trabajo. Es ahora que Brasil va a conocer la verdadera cuenta del PT y va a pagar por los grandes errores políticos que cometió”, agrega este economista.

La corrupción y el desvío sistemático de dinero público, que han aflorado con el Caso Lava Coche, es según estos economistas otro factor que ha minado la salud de la economía brasileña. “Las comisiones sobre obras públicas fueron elevadísimas. Se habla de más de 50.000 millones de reales de corrupción (13.890 millones de euros). Entre 2003 y 2011, la corrupción ha afectado a la macroeconomía y a la microeconomía y ha reducido contundentemente una parte de la formación de la riqueza de las empresas”, señala Kasznar. “El legado de Dilma es una Petrobras completamente descapitalizada y destruida, con una deuda de 575.000 millones de reales (casi 160.000 millones de euros); y la empresa Electrobras con cuentas deficitarias, sin olvidar que Dilma fue secretaria de Energía con Lula”, añade.

“La Operación Lava Coches representn un coste económico enorme no solo porque crea incertidumbre, sino porque ha paralizado diversos sectores. La investigación judicial ha parado por completo el sector de la construcción y ha afectado incluso al sector automovilista”, reconoce Mello. Hay que combatir la institucionalización de la corrupción que Lula y Dilma permitieron y de la que Lula, aparentemente, incluso llegó a participar. Se usaron grandes empresas estatales y sus fondos de pensiones para financiar los partidos de Gobierno y a políticos concretos. Esto es claramente negativo”, dice Camargo. “Si la sociedad brasileña consigue condenar a las personas que generaron la institucionalización de la corrupción, si consigue entender que es un problema grave que precisa ser eliminado, muy probablemente el resultado final va a ser positivo”, asegura.