La deriva antidemocrática de Polonia asusta a Europa

El giro era previsible desde que se conocieron los resultados electorales. Incluso la controversia, las tensiones, los choques. Pero la velocidad con la que el nuevo Gobierno polaco ha empezado a desmontar algunos pilares de su Estado de derecho ha sorprendido dentro y fuera de un país que, por su peso económico e influencia en Europa Oriental, es crítico dentro de la UE. En apenas dos meses ha amordazado a la prensa, sancionado la politización de los medios de comunicación públicos e inutilizado el Tribunal Constitucional. La Comisión Europea ha lanzado esta semana una investigación que podría acabar en sanciones contra Varsovia por violar los principios democráticos del bloque. El Parlamento Europeo debate el próximo miércoles la deriva polaca.

Conforme fueron abriéndose las urnas el pasado 25 de octubre a lo largo y ancho de Polonia, el quiebro político se hizo evidente. Tras ocho años en la oposición, el ultraconservador y nacionalista Ley y Justicia (PiS) volvía al poder. Y de una forma inédita en el cuarto de siglo de democracia polaca: con mayoría absoluta.

En los días que siguieron, la candidata del PiS, la primera ministra, Beata Szydlo, desapareció por completo. Alegó estar descansando tras las elecciones, configurando su Gabinete. Muchos críticos, sin embargo, ya denunciaron que la realidad era bien distinta: ella tenía poco que hacer, ya que era una mera mujer de paja del verdadero líder en la sombra del partido, Jarosław Kaczynski. Y este es un nombre bien conocido tanto en su país como en Bruselas. Fue primer ministro entre 2005 y 2007, y ya entonces había dado quebraderos de cabeza por su populismo derechista, sus bloqueos y sus teorías de la conspiración.

Después, cuando finalmente se formó el nuevo Gobierno, los acontecimientos se precipitaron. El PiS no quería perder ni un segundo y comenzó a lanzar importantes reformas legislativas que levantaron ampollas entre la oposición, la sociedad civil, los socios europeos y Bruselas.

Uno de sus primeros movimientos fue reformar profundamente el Tribunal Constitucional, aniquilando en la práctica su capacidad de controlar en último término al Ejecutivo. Tras nombrar a cinco jueces afines para este organismo de 15 miembros, alteró fundamentalmente la normativa que regula este tribunal. Ahora todos sus fallos deben contar con un respaldo de dos tercios de los magistrados, frente a la mayoría simple necesaria anteriormente. Asimismo, ha elevado de nueve a 13 el número mínimo de jueces que deben votar cada sentencia. Además, ha obligado al tribunal a resolver por orden cronológico, lo que retrasaría cualquier actuación legal contra alguna de sus nuevas leyes. Por si no fuera evidente la intencionalidad de los cambios, la reforma ha eliminado de la ley toda referencia a la independencia del poder judicial con respecto del Ejecutivo.

"Golpe de Estado"

La oposición tronó. El Tribunal Supremo polaco advirtió de que los cambios suponían una “injerencia en la independencia” del Constitucional. El presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, equiparó la reforma con un "golpe de Estado". Todo fue en vano. El presidente del país, Andrzej Duda, afín al PiS y elegido en mayo, la aprobó poco después, tras atacar a los críticos.

La reforma era vital para allanar el camino a todo lo que iba a venir después. El Gobierno polaco se había propuesto transformar Polonia revirtiendo parte de las medidas que la habían separado cualitativamente del régimen comunista en el que vivió instalada hasta que cayó el bloque soviético y que la habían llevado a integrarse, para muchos de forma modélica, en la UE.

El siguiente paso fue la reforma de los medios públicos. El cambio normativo impulsado por el PiS reduce las competencias del independiente Comité de Supervisión y otorga al ministro de Finanzas el papel de nombrar (y despedir) a los responsables de los medios de comunicación nacionales y locales de titularidad pública, los más seguidos de Polonia. Además, todos los directivos de los medios públicos vieron sus contratos rescindidos con carácter inmediato y Varsovia fichó nuevos, todos de su línea. Para la televisión nacional ha sido nombrado Jacek Kurski, exparlamentario del PiS.

Mientras este nuevo paso era criticado por un diverso coro (de organizaciones no gubernamentales polacas a Bruselas, pasando por varios socios comunitarios y la oposición en pleno), Varsovia ha permanecido inmutable. “Este buen cambio garantiza un regreso al equilibrio de los medios”, aseguró el secretario del Tesoro, David Jackiewicz.

Entre las próximas medidas que se están cocinando en las ollas del populismo ultraconservador del PiS, se encuentran, según varios medios locales, una reforma para limitar el poder del capital extranjero en las empresas nacionales, así como para hacerles pagar más impuestos, y una modificación legal para domesticar al Banco Central polaco. El ministro de Finanzas, Pavel Szalamacha, avanzó hace unos días que el impuesto especial para cadenas de hipermercados extranjeras podría entrar en vigor el 1 de marzo. También se especula que planean cambios en la Constitución para evitar que algún futuro Gobierno pueda permitir el aborto o el matrimonio homosexual. Por último, en las últimas semanas se han denunciado purgas en la policía y en los servicios secretos, así como registros en las sedes de varias asociaciones y en unas oficinas dependientes de la OTAN.

“Los pilares de la democracia polaca están siendo destruidos”, aseguraba recientemente el comentarista británico Timothy Garton Ash. Jiri Pehe, profesor del Centro de Estudios Europeos y Mediterráneos en la Universidad de Nueva York, destacaba que “Polonia se está convirtiendo rápidamente en una democracia antiliberal” como Hungría.

Un país de importancia capital

Varsovia, por su parte, ha respondido tachando de injerencias en los asuntos internos de su país de los poderes fácticos extranjeros, que no quieren ver limitada su capacidad de influencia en Polonia. El nuevo Ejecutivo no tiene que responder ante Bruselas o sus socios, sino exclusivamente ante sus votantes, aseguró recientemente Marek Magierowski, portavoz de Duda.

La situación ha hecho reaccionar a Bruselas. Tras varias e infructuosas advertencias, en un tono cada vez más hostil, la Comisión Europa (CE) abrió esta semana un proceso para estudiar cómo responder a la deriva polaca. El Parlamento Europeo, por su parte, le va a dedicar una sesión al giro de Varsovia, por entender que le aparta de los fundamentos democráticos del bloque.

No obstante, es difícil que la sangre llegue al río. En primer lugar, porque cualquier tipo de sanción requiere unanimidad, y el también populista y ultraconservador primer ministro húngaro, Viktor Orban, ya ha dicho que “nunca” permitirá un castigo al Gobierno de Polonia, con quien comparte trinchera política y sintonía personal.

Pero la cuestión fundamental, más allá de este tecnicismo de la maquinaria comunitaria, es la importancia de Polonia. Su población, equivalente a la de España, le da un peso importante en la toma de decisiones del bloque, y su economía es seis veces la de Hungría. Además, tiene un claro ascendente sobre otros países del este de Europa, a través del denominado Grupo de Visegrado. Por último, es un importante miembro de la OTAN, especialmente en una época de crecientes diferencias con Rusia.

A la clara fractura norte-sur que ha evidenciado en la UE la crisis de la deuda, muchos expertos están añadiendo ya la igualmente peligrosa fractura este-oeste, como están dejando ver a las claras la crisis de los refugiados o estas reformas antidemocráticas emprendidas por Varsovia. Algunos dudan incluso de la decisión de ampliar al este la UE.