Brasil en la encrucijada: legalizar la marihuana o saturar sus prisiones

Mientras Río de Janeiro era sacudido por una ola de violencia sin precedentes, caracterizada por centenares de apuñalamientos en plena calle, el secretario de Seguridad de la Cidade Maravilhosa visitaba Portugal en busca de respuestas. José Mariano Beltrame es el ideólogo de las UPPs, las Unidades de Policía Pacificadora, que desde hace siete años intentan establecer la presencia del Estado en 200 favelas cariocas, sin por ello acabar con el narcotráfico, un problema global cuya solución, según él, no está al alcance de la Policía brasileña.

El pasado mes de junio, Beltrame viajó a Portugal para conocer su vanguardista programa de despenalización de drogas. Desde el año 2001, el país luso se ha convertido en un modelo mundial en prevención tras aprobar una ley que despenaliza la posesión y el consumo de cualquier sustancia psicotrópica. En Portugal, utilizarlas continúa estando prohibido, pero no se considera un crimen. El Estado portugués trata a los usuarios como pacientes en vez de criminales. Desde entonces, la tasa de consumo de drogas en Portugal está entre las más bajas de los países de la Unión Europea (UE).

“Fui para conocer ese modelo, que despenaliza el uso de la marihuana. Después han pasado a las drogas consideradas más pesadas. Primero, han quitado el problema a la Policía y lo han llevado al Ministerio de Sanidad. Pero antes de dar este paso han creado estructuras, como clínicas de rehabilitación, con asistentes sociales, psicólogos, abogados”, relata Beltrame en una amplia entrevista con la revista brasileña Trip. “No se han quedado en un debate político-ideológico sobre si liberar o no, discriminalizar o no. ¿Quieres liberalizar? Perfecto. ¿Pero qué hacemos después? En Portugal hay 90 clínicas de rehabilitación, un número que quizás sea insuficiente para Río de Janeiro. La despenalización fue el último peldaño de la escala. Estoy totalmente a favor de algo de este tipo y creo que Brasil no se escapa de esta discusión”, añade el secretario de Seguridad de una de las ciudades más violentas del mundo.

Las declaraciones de Beltrame son revolucionarias en un país que desde siempre ha adoptado políticas muy represivas al respecto. La ley actualmente en vigor, promulgada en 2006, prevé penas para quien “adquiera, guarde, tenga en depósito, transporte o lleve consigo” drogas para consumo personal. Brasil es considerado el mayor consumidor mundial de crack y unos de los mayores consumidores de marihuana.

Con su viaje, Beltrame se adelantaba a un debate que sacude a la sociedad brasileña desde hace un año. Exactamente desde que un hombre de São Paulo presentó un recurso ante el Tribunal Supremo Federal (STF), tras ser condenado en base al artículo 28 de la Ley de Drogas a dos meses de servicio comunitario por la posesión de tres gramos de marihuana. La cuestión ha alcanzado un punto de inflexión el pasado 10 de septiembre, tras el voto a favor de dos magistrados del STF sobre la posibilidad de despenalizar de la posesión de marihuana.

Luis Edson Fachin y Luís Roberto Barroso son dos moscas blancas dentro de esta institución conservadora, integrada por once jueces. Por un lado, Fachin defiende que se mantengan las reglas actuales de prohibición para otras drogas, especialmente la cocaína y el crack, y que la producción y comercialización de la marihuana siga siendo considerada un crimen. Además, propone una ley que distinga entre traficante y usuario, estableciendo cantidades mínimas de posesión.

Por su parte, Barroso se ha mostrado favorable a despenalizar el cultivo de marihuana para uso propio e incluso ha llegado a sugerir cantidades concretas: hasta 25 gramos para posesión y hasta seis plantas hembras para el cultivo, siguiendo el ejemplo de países como Uruguay y Portugal. Tras la votación, Barroso ha destacado el fracaso de la actual política represiva sobre drogas y ha recordado que la venta de cigarros ha bajado en los últimos años. Según este magistrado, la criminalización impide que los drogodependientes busquen tratamiento en el sistema sanitario por miedo a ser penados.

"La guerra contra las drogas no funciona"

“La guerra contra las drogas no está funcionando", sostiene Beltrame, para quien el Estado perdió hace tiempo la lucha contra el narcotráfico. El secretario de Seguridad de Río de Janeiro cree no se puede combatir con medios locales un tráfico global e internacional. “Hoy, los cuerpos de policía no tienen medios para luchar contra los narcos, ya sea en las fronteras de sus estados, ya sea en las fronteras con los países productores vecinos. Si nos organizáramos para una lucha efectiva, el agente dentro de una favela sería responsable del patrullaje de proximidad, sin tener necesidad de preocuparse de los usuarios de drogas. Hoy, si el policía no combate al usuario, es acusado de recibir una propina de los narcos. Con una nueva estructura, la cuestión del consumidor pasaría a ser competencia del Ministerios de Sanidad”, argumenta Beltrame.

A sus 58 años, este hombre es considerado la mano de hierro de la Policía. Siendo jefe del sector de inteligencia de la Policía Federal, mandó a la cárcel a más de un centenar de agentes y políticos corruptos. En 2007 asumió la Secretaría de Seguridad del Estado de Río de Janeiro y solo un año después lanzó el ambicioso proyecto de pacificación de las favelas cariocas.

Su estreno en el cargo fue muy criticado por las organizaciones de derechos humanos. En junio de 2007 ordenó una macro-operación policial en el complejo del Alemão, donde las Fuerzas de Seguridad no habían entrado durante cuatro años. Envió 1.500 efectivos y el saldo de la operación, según los datos oficiales, fue de 21 muertos. Muchos de los fallecidos fueron ejecutados con disparos desde distancias cortas en la espalda y en la cabeza.

En aquella época, Río de Janeiro ostentaba una tasa de 41 homicidios por cada 100.000 habitantes, tres veces más alta que el máximo considerado aceptable por la Organización Mundial de la Salud. En 2008, Beltrame creó la primera Unidad de Policía Pacificadora (UPP) en la favela Santa Marta. Siete años después, la tasa de homicidios en el estado de Río ha caído hasta la cifra de 25 por cada 100.000 habitantes, la más baja de la historia en una ciudad que vive permanentemente en guerra.

En la actualidad, las UPPs se encargan de la seguridad en una área de 9,5 millones de metros cuadrados, equivalente a casi 50 Maracanás. En total, hay 38 UPPs que prestan servicio en 200 favelas, con 10.000 policías en áreas habitadas por 1,5 millones de personas. La comunidad de Santa Marta ha permanecido durante siete años sin ningún homicidio o tiroteo. Hasta el pasado mes de mayo, cuando se registró un enfrentamiento armado entre narcotraficantes y policías en el medio de una favela declarada punto turístico oficial, con picos de 10.000 turistas por mes.

Solo en Río, se registraron 158.078 asaltos en 2014. Una de las causas de este incremento es, para muchos observadores, el consumo de drogas

Como ha subrayado en varias ocasiones Beltrame, la tarea de las UPPs no es acabar con el narcotráfico. “No entramos en las favelas para coger droga. Entramos para permitir que otras acciones del Estado acontezcan. La UPP es una ventana para que alguien haga más cosas, ya sea del nivel que sea. Pero la sociedad todavía tiene una mirada marginal hacia la favela”, asegura.

Y de hecho, el narcotráfico florece en la Cidade Maravilhosa. A sus tres facciones se atribuye la guerra que actualmente sacude favelas teóricamente pacificadas, como el Alemão y la Maré, y la oleada de crímenes que mantienen en vilo la ciudad. “La pacificación ha acabado con nuestra tranquilidad”, asegura un taxista de la zona norte de Río de Janeiro. “Aquí en Madureira nunca se habían visto tantos asaltos. Desde que pacificaron las favelas de la zona Sur, muchos narcos se han mudado por aquí. En las favelas de estos barrios les acogen por ser miembros de la misma facción, pero los jefes no les permiten traficar. ¿Entonces qué hacen? Salen a robar”, agrega.

Si bien es cierto que la tasa de homicidios debe batir este año de nuevo un récord a la baja en Río de Janeiro, es todavía más cierto que los robos y asaltos violentos a transeúntes han aumentado exponencialmente. Solo en Río, el año pasado se registraron 158.078 asaltos. Una de las causas de este incremento es, para muchos observadores, el consumo de drogas. Los adictos a estas sustancias son los que, en muchas ocasiones, perpetran los robos más violentos.

Por otra parte, en Brasil el narcotráfico es el crimen que más personas envía a la cárcel. Desde 2006, los presos pasaron de 31.000 a 138.000, un aumento del 339%. En Río de Janeiro, hay 35.600 presos frente 29.000 plazas en instituciones carcelarias. De ahí que el debate sobre la despenalización de las drogas esté cada vez más de actualidad. Simplemente, no hay espacio para tantos presos desde que se aprobó la ley.

A pesar de esta situación, son muchas en Brasil las voces contrarias a una medida de este tipo. Varios expertos defienden que un simple cambio en la legislación es insuficiente. “Es como cuestionar si un veneno es mejor o peor que otro. No se debe usar ningún tipo de veneno”, afirma el presidente de la Asociación Médica Brasileña, Florentino Cardoso. La psiquiatra Ana Cecilia Marques, presidente de la Asociación Brasileña de Estudios sobre el Alcohol y otras Drogas, cree que no hay drogas blandas y que todas son nocivas, dependiendo de la cantidad y de la frecuencia del uso. “El alcohol es campeón en sobredosis, por ejemplo. En relación al impacto cognitivo, la marihuana puede ser peor que la cocaína”, asegura.

El debate sobre la legalización, muy influenciado por las políticas adoptadas en Uruguay, no ha hecho que empezar. Queda en la memoria colectiva la detención, a principio de este año, de un músico de la banda ConeCrew en pleno show. Su crimen: posesión de marihuana y apología del uso de drogas. Si la nueva ley resulta aprobada, este tipo de escenas no se repetirán nunca más.