hacienda carga contra los 'mariachis'
Hacienda amenaza con el fin de las sicav y una fuga de capitales a Luxemburgo
El Gobierno quiere que Hacienda fiscalice si las sicav cumplen el requisito de 100 accionistas de facto para tributar el beneficio al 1%. Las fortunas preparan cambios
Los grandes patrimonios ya estudian mover ficha por el miedo a un hachazo fiscal sobre sus vehículos de inversión. Banqueros y abogados dan por seguro un cierre masivo de sociedades de inversión de capital variable (sicav) con el riesgo de una fuga de capitales por parte de algunas fortunas en favor de mercados como el de Luxemburgo.
El ruido sobre las sicavs empezó en 2015, antes de las elecciones generales, ya que todos los partidos políticos llevaban en su programa reformas de esta institución de inversión colectiva (IIC). Y podría culminar este año en una modificación del requisito para mantener una exención con la que solo tributan el 1% del beneficio, como el resto de vehículos de inversión. Según Inverco, patronal de las gestoras, generan ingresos fiscales por 340 millones y 30.000 puntos de trabajo —entre directos e indirectos—.
El requisito para esta exención es que las sicav tengan al menos 100 accionistas, según el artículo 9.4 de la ley 23/2005. Pero hecha la ley, también la trampa. Muchas fortunas copan más del 99% del capital del vehículo, y el resto se reparte entre un centenar de accionistas conocidos en la jerga como 'mariachis', facilitados por la entidad que actúa de depositaria y paraguas de la sicav. Aunque la patronal de gestoras, Inverco, recuerda que las sicav españolas tienen un "régimen más exigente" que en otras legislaciones europeas, donde no hay mínimo de accionistas.
Sin embargo, aunque jurídicamente las sicav españolas y las de Luxemburgo u otros mercados europeos son comparables, de facto se han utilizado para fines distintos. En España son vehículos dedicados a la banca privada, en los que un cliente o familia dispone de control sobre la gestión diaria, mientras que en Luxemburgo son más parecidos a los fondos españoles. "Si sale adelante un endurecimiento fiscal, es difícil que volvamos a ver sicav con el grado de intervención del accionista en la gestión, ya que en otros países son instrumentos más abiertos y controlados por el gestor o asesor", explica Carlos Ferrer, socio del área fiscal de Cuatrecasas.
Persecución a los mariachis
El Gobierno quiere alejar la práctica de los mariachis, materializando un acuerdo previo con Podemos. El Ejecutivo ha incluido en su proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 su intención de que Hacienda fiscalice que las sicav cumplan la ley, aunque la última palabra la tendrá la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De este modo, la Agencia Tributaria pasará a vigilar a las sicav, algo que hasta ahora solo hace el supervisor que preside Sebastián Albella. "Falta por concretar qué quiere decir que Hacienda vigile a las sicav, porque la mayoría tiene más de 100 accionistas y cumple la ley, pero introduce incertidumbre", añade Ferrer.
En caso de que se aprueben los presupuestos, la industria espera con cierto temor que aclare cuándo considerará que se cumple la ley. Los propios informes trimestrales que publica la CNMV de las sicav recogen si hay o no accionistas que acaparan gran parte del patrimonio (a partir del 20%). Dos ejemplos habituales: en la sicav Morinvest, de Alicia Koplowitz, hay 112 accionistas, pero uno tiene el 99,76% de la sociedad, mientras que en Swift Inversiones, de los Del Pino, hay 266 accionistas, y dos de ellos controlan el 99,9%.
El Ejecutivo quiere evitar estas prácticas, y fuentes cercanas a la patronal admiten miedo a que la aprobación de presupuestos derive en una fuga de capitales. De hecho, hay sicav a la espera. Durante los últimos años ya ha habido sociedades disueltas, convertidas en otros vehículos de inversión o que han emigrado a Luxemburgo, para lo que el paso natural es el de fusión transfronteriza. A finales de 2014 había 3.226 sicav, mientras que en el tercer trimestre de 2018, según los últimos datos de la CNMV, el censo se había reducido hasta 2.735, lo que supone un descenso del 15% en cuatro años. En número de accionistas, la caída es del 7% hasta los 419.686.
Hachazo fiscal
En caso de perder la ventaja fiscal, las sociedades tributarían por su beneficio con el impuesto de sociedades, al 25%, aunque la mayoría terminó en pérdidas en 2018 por el comportamiento del mercado, con lo que también existiría la contrapartida de que puedan generar créditos fiscales. Los inversores individuales tributan por las plusvalías obtenidas con la venta de activos o con los rendimientos del capital mobiliario, como los dividendos, mientras que las IIC están exentas, lo que para sus inversores supone un diferimiento fiscal. Es decir, acaban tributando las ganancias cuando deshacen posiciones, pero mientras la inversión 'sigue trabajando' y beneficiándose del interés compuesto si hay retornos positivos.
La amenaza "ahuyenta al mercado nacional como un 'hub' atractivo para las inversiones españolas y latinoamericanas, deja de evolucionar", advierte Francisco González, director de consultoría estratégica y asesoramiento patrimonial de A&G Banca Privada, que cree que se acelerará la disminución de sicav durante los próximos trimestres si la medida sale adelante y se endurece el trato fiscal. Según los datos de la CNMV, la mitad de los accionistas de las sicav (215.304 en el tercer trimestre) están en sociedades en las que el número de accionistas está entre 100 y 150, y por lo tanto son susceptibles de perder su beneficio fiscal.
Entre las opciones que tienen las grandes fortunas, según González, están las de convertir la sicav en fondo de inversión, perdiendo el control de la gestión o constituyendo gestora propia con más costes asociados; pasar a ser una sociedad limitada; tener una cartera de inversiones gestionada en banca privada; gestionar el patrimonio con un 'unit link'; o llevarse la sicav a otro domicilio. Lo habitual es Luxemburgo, donde el trato fiscal y jurídico más laxo en su origen ha convertido al Ducado en el gran domicilio europeo de vehículos de inversión junto a Irlanda, en segundo lugar, más habitual para gestoras estadounidenses que quieren vender en Europa.
Ya hay gestoras españolas que domicilian sus fondos en Luxemburgo porque gracias a las cuentas ómnibus —el distribuidor compra participaciones de un fondo sin especificar el nombre del cliente final— es más fácil comercializarlos entre los inversores institucionales. En Luxemburgo, la mayoría de vehículos de inversión son sicav con formato UCIT, que es el pasaporte europeo para homogeneizar los fondos. Así, los despachos de abogados especializados tienen experiencia en llevarse productos o lanzarlos en el Ducado.
Fuentes jurídicas opinan que a partir de 20 o 30 millones de patrimonio compensa hacer una fusión transfronteriza para irse a Luxemburgo, ya que si el volumen de activos es inferior el coste del cambio es demasiado alto en términos relativos. "No es tan evidente y obvio que un cambio fiscal provoque que las sicav se vayan a Luxemburgo, porque hay costes de abogados, notariales y operativos, y es un proceso que lleva al menos seis o siete meses", advierte el Carlos Ferrer, de Cuatrecasas. Además, avisa de la neutralidad fiscal: los accionistas podrían tener que tributar si obtienen plusvalías por el canje de acciones, ya que sólo se libran cuando hay un motivo económico no fiscal para la fusión.
Por otro lado, en Luxemburgo no hay impuesto sobre el beneficio de las sicav, pero sí una tasa sobre el patrimonio del 0,05%, con lo que a menudo resulta más caro a los accionistas. Asimismo, "las comisiones de las entidades en Luxemburgo son ligeramente más altas que en España", explica el ejecutivo de A&G. Aun así, las sicav ya están en contacto con despachos de abogados para mover ficha.