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bajo la lupa de bruselas

Banco Popular: noticias de su compra por el Santander y su 'negra' cronología

La entidad ha sido adquirida por un euro por el banco presidido por Ana Botín

¿Cómo ha sido la cronología del Banco Popular desde que se anunció su segunda ampliación de capital en mayo de 2016? (Reuters)

Las noticias sobre el Banco Popular alcanzaron su punto álgido el 7 de junio, cuando se confirmó la compra de la entidad por el Banco Santander. La ampliación de capital que llevó a cabo en mayo de 2016, el cambio de liderazgo que ha sufrido la entidad –de Ángel Ron a Emilio Saracho– y el mínimo histórico al que ha llegado el precio de sus acciones han sido algunos de los factores que han puesto el foco de atención sobre este banco fundado en 1926 que finalmente ha caído en manos de Ana Patricia Botín.

[Resumen (básico) de la jornada de la compra del Banco Popular]

Para comprender cuáles han sido los principales movimientos que han llevado a la entidad a su actual situación, desde El Confidencial hacemos un repaso a los hitos más destacados en la cronología del Banco Popular comenzando desde las noticias más actualizadas hasta el momento en que tuvo lugar la ampliación de capital anunciada en mayo del año pasado.

Los cajeros de ING

Hasta la compra del Popular por el Santander, los clientes de ING podían sacar dinero del Popular sin coste alguno. El acuerdo se bamboleó tras la adquisición del banco de Ana Patricia Botín, pero desde la entidad holandesa pusieron toda la carne en el asador para que el pacto no se viera afectado. Romper el acuerto "supondría restringir la competencia", según indicó César González-Bueno, consejero delegado de ING en España. En palabras de González-Bueno, "ING ha canalizado un número muy elevado de clientes a las oficinas del Popular, lo que ha producido ingresos muy importantes para Popular, y por eso le van a seguir interesando. Y si no, estaríamos ante prácticas restrictivas de la competencia, porque nadie se pega un tiro en el pie si no es para restringir la competencia".

Ángel Ron, sin indemnización

El magistrado de lo Social del juzgado 33 de Madrid, José Pablo Aramendi Sánchez, desestimó la reclamación del expresidente del Banco Popular Ángel Ron, que pedía a la entidad una indemnización millonaria por despido improcedente.El juez consideró que el exdirectivo tenía un contrato mercantil y no laboral cuando dimitió, y añadió que existían "sospechas de una posible autocontratación fraudulenta". Fuentes judiciales apuntaban a que esta indemnización alcanzaría los 4,3 millones de euros, aunque la defensa del expresidente la cifró en 350.000.

"Lecciones que aprender del Popular"

A pesar de la tristeza de los accionistas que perdieron su dinero tras la venta del Popular –algunos protagonizaron moménticos dramáticos–, la resolución fue aplauidad por los líderes políticos. El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, calificó como "excelente" la actuación una semana después de despertarse con la noticia de que el Popular acababa de estrenar los nuevos mecanismos europeos de salvamento de bancos. Pero pese a la satisfacción del ministro Luis de Guindos por haber capeado la tormenta sin haber tenido que recurrir a inyecciones de dinero público, “hay aspectos a mejorar”.

Tanto en Madrid como en la Eurozona se considera que el Popular fue un “éxito” desde el punto de vista de la aplicación de las normas de resolución bancarias. Pero la supervisión es otra historia. Se quedaban sin aclarar ciertas dudas, sobre las que ningún responsable político se pronunció.

El Popular agotó la liquidez de emergencia

La entidad tuvo que pedir líneas de liquidez de emergencia del BCE (ELA) para hacer frente a la fuga masiva de depósitos y las agotó en dos días, porque se quedó sin activos que ofrecer como garantía (colateral), según fuentes del Ministerio de Economía. Esta huida, que se aceleró con el derrumbe bursátil del banco y las advertencias del supervisor de que podría ir a resolución, llegó a alcanzar los 15.000 millones en lo que va de año.

La banca vive de la liquidez ajena –los depósitos y las emisiones de deuda–, que es la que utiliza para prestar, ya que sus niveles de capital apenas llegan al 10% de su balance. Por eso, si se produce una retirada masiva de depósitos –'run on the bank', en inglés–, la entidad se queda sin liquidez y no puede operar. En el caso del Popular, a primera hora de la tarde del martes anterior a la confirmación de la compra del Popular la entidad había agotado todos los instrumentos ordinarios y extraordinarios de liquidez del BCE. En esta situación límite, a las 15 horas se puso en marcha el proceso de resolución. Las citadas fuentes señalaron que, si no se hubiera optado por esto, las oficinas del Banco Popular no habrían abierto el miércoles porque no habrían tenido dinero para sus clientes ni para sus acreedores.

Santander compra el Banco Popular

El Santander compró el Banco Popular por un euro después del últimatum de Bruselas para adquirir la entidad y tras siete días consecutivos de caída en Bolsa. La CNMV acordó la suspensión de la negociación de Banco Popular tal y como lo comunicó en un hecho relevante. Las oficinas del Popular comenzaron a llenarse de clientes que se mostraban tensos ante la noticia, y pronto las preguntas se pusieron sobre la mesa: ¿qué pasa si tengo acciones, cuentas, bonos, fondos o depósitos en el Banco Popular?

Las reacciones ante la adquisición de la entidad de Ana Botín no dejó indiferente a Twitter, cuyos usuarios volcaron todo su ingenio e ironía para recalcar el valor de un euro por el que se había realizado la compra.

Pérdidas en Bolsa

La cotización del Banco Popular se hundió el lunes 5 de junio un 18% después de perder más del 17% tanto el jueves como el viernes anterior –1 y 2 de junio, respectivamente–. La falta de confianza de los inversores se tradujo en ventas masivas del valor. Así, en la primera jornada de la semana las acciones bajaron hasta los 0,33 euros, cuando hacía tan solo una semana la cotización de los títulos estaba por encima de los 0,66 euros. Es decir, que Banco Popular valía la mitad de lo que valía los siete días previos en bolsa.

El banco perdió en bolsa en las últimas seis sesiones –previas al 6 de junio– más de la mitad de su tamaño, hasta apenas superar los 1.400 millones de euros de capitalización en bolsa. Tal es así que el 3 de junio protagonizó la peor semana de su historia con una caída del 38%, superior al 21% que se dejó en la semana negra de octubre de 2008 tras la caída de Lehman Brothers.

El riesgo de demandas pincha las ofertas

Los acontecimientos se precipitaron en la crisis del Banco Popular, solo que ahora parecían agravados por la presión del mercado al ser un banco cotizado. El riesgo de costosas demandas judiciales echó atrás a los posibles interesados –formalmente, solo Santander y Bankia–, que preferían comprar el banco una vez saneado después de una eventual resolución. Una resolución que no significaba liquidar el banco, pero sí que accionistas y deuda subordinada perdieran todo su dinero.

Fuentes conocedoras de la situación explicaron que los posibles interesados no se decidían a presentar una oferta por varias razones: la dificultad para estimar el déficit de provisiones de la entidad que preside Emilio Saracho; el temor a agujeros ocultos por créditos mal clasificados, o la dificultad para resolver las sociedades conjuntas que tiene el Popular en seguros, gestión de activos o inmobiliaria.

Saracho encarga al Deutsche Bank la ampliación

La decisión de Morgan Stanley de rescindir su compromiso para realizar la ampliación de capital, para la que habían sido contratados previamente, puso en marcha la una nueva decisión de Saracho: ponerse en manos del Deutsche Bank para la potencial colocación si fracasa la subasta exprés. Fuentes oficiales de Banco Popular confirmaron que la entidad americana ya no estaba trabajando en el sondeo de mercado para comprobar si entre los inversores institucionales había apetito para suscribir una ampliación de capital de entre 4.000 y 5.000 millones de euros. Desde el grupo financiero presidido por Saracho no dieron más detalles sobre la retirada de Morgan Stanley, mientras que sobre el papel de Deutsche Bank indicaron que la institución alemana estaba trabajando en otras labores ajenas a la potencial ampliación de capital.

La noticia se conoció después de que el Banco Popular continuara su hundimiento en los mercados ante las cada vez menores posibilidades de que otro banco ofrezca un precio aceptable por la entidad. El pasado 31 de mayo, la acción se desplomó hasta un nuevo mínimo histórico de cierre: 0,609 euros –el 13 de abril marcó un mínimo intradía más bajo situado en los 0,595 euros–.

La exigencia de saber la salida de depósitos

Santander, Bankia y BBVA querían conocer cuánto dinero había salido del banco por la rebaja del 'rating' y la inquietud de los ahorradores ante el proceso de venta. Los potenciales candidatos a comprar la institución financiera consideraron insuficiente la información que han recibido de JP Morgan y Lazard para calcular el precio y los riesgos de la adquisición. Uno de los temas que más preocuparon fue la salida de depósitos que había podido tener el grupo en los últimos meses, documentación que fue requerida pero que hasta finales de mayo no se había facilitado.

Así lo aseguraron fuentes próximas a la operación, algunos de cuyos clientes institucionales –fondos de pensiones, aseguradores y grandes fortunas– modificaron sus posiciones al trascender el proceso de venta. “Saber qué liquidez tiene el Popular es básico, porque no se sabe de cuánta disponen y hasta cuánto tiempo pueden aguantar”, explicaron desde la cúpula directiva de un gran banco.

El Santader quiere comprar el Popular

El consejo de administración de Banco Santander encargó a la empresa de servicios financieros Citi que le ayudara a preparar su propuesta formal para hacerse con la entidad presidida por Emilio Saracho. Fuentes financieras confirmaron el mandato que el grupo presidido por Ana Botín ha dado al banco de negocios dirigido en España por Ignacio Gutiérrez Orrantia. Según las estimaciones, Santander necesitaría 12.500 millones de capital para absorber el Popular.

Hasta conocerse esta noticia, el equipo de riesgos del Santander era el que había analizado la documentación que JP Morgan y Lazard en nombre del Popular les había entregado para calcular cuánto podía valer la institución. Resuelta la primera fase de manifestación de interés, el Santander necesitó entonces de un banco internacional que validara su propuesta vinculante de cara a poder defender el justiprecio ante sus propios inversores institucionales, ante el riesgo de una adquisición de tal magnitud y el impacto que tendría en sus propios accionistas. Por ese motivo, Ana Botín solicitó el asesoramiento de Citi, que debería hacer los números de la operación, desarrollar el 'equity story' y elaborar la propuesta.

Saracho releva al secretario del banco

El jueves 18 de mayo se conocía la noticia de que Francisco Aparicio Valls, antiguo consejero y secretario del máximo órgano de gestión del Banco Popular, había sido cesado. Aparicio formaba parte del núcleo duro desde 2002 y, dos años después, asumió la secretaría del banco formando parte de todas las comisiones del consejo.

El relevo de Francisco Aparicio Valls ha tenido lugar en pleno proceso de venta del Popular. Bajo su firma, el hasta ahora secretario del consejo desmintió en dos ocasiones –jueves 11 y lunes 15 de mayo– las informaciones publicadas por este diario sobre aspectos referidos a la venta y a una inspección ordinaria del BCE.

Venta del Banco Popular

Banco Popular reconoció en la tarde noche del jueves 11 de mayo que había encargado a JP Morgan y Lazard la venta de la entidad, operación que pretendía cerrar durante el mes de junio. Su presidente, Emilio Saracho, admitió en conversación telefónica con El Confidencial la contratación de estos dos asesores para llevar a cabo los contactos con los potenciales compradores.

La premura en el calendario obedecía a que Banco Popular tiene garantizada su "liquidez hasta el 31 de diciembre", de manera que antes del verano debía resolverse la decisión de venta o ampliación. No obstante, el presidente del banco matizó que, pese a confirmar la continuada salida de depósitos de los clientes, la institución no corría riesgo de quiebra hasta que se detallaran las necesidades concretas de fondos propios.

El Gobierno quiso hacer un llamamiento a la calma. Para ello, desde el ministerio de Economía destacaron los niveles de solvencia que mantiene el Banco Popular, superiores a los requisitos exigidos por ley, y remarcaron que la entidad contaba con un nuevo equipo que estaba poniendo en marcha un nuevo proyecto de futuro.

Anuncio de una macroampliación

El 10 de abril, el Banco Popular comunicó que debería ampliar de nuevo su capital para poder salvarse. La otra opción que le quedaba a la entidad era que Saracho participara en una operación corporativa, aunque esta segunda posibilidad era menos probable que la nueva alusión al mercado para realizar la macroampliación. El actual presidente de la entidad financiera había pedido asesoramiento a José Cerezo con anterioridad al anuncio, amigo íntimo y además el mayor experto de JP Morgan en banca española.

Según fuentes cercanas a la entidad, Saracho intentó por todos los medios evitar llevar al Popular a una ampliación de capital por los grandes inconvenientes que provocaría una operación como esta –entre ellas, la amenaza de demandas judiciales–. Para frenarla, el presidente de la entidad hubiera necesitado un tiempo que Danièle Nouy –presidenta del Consejo de supervisión del Banco Central Europeo– no le había dado, así que el único paso que podía dar era intentar llevar a cabo la ampliación.

La solución iba a ser complicada de implementar, pues las acciones del Popular parecían haber entrado en un bucle de descenso imparable. Si el lunes 10 de abril cerró en un mínimo histórico de 0,734 euros tras desplomarse el 9,61%, durante el martes siguiente los títulos del banco alcanzaron en el intradía caídas superiores al 5%. Las acciones llegaron a cotizar por debajo de los 0,7 euros marcando un nuevo 'farolillo rojo' en el Ibex 35.

Saracho sustituye a Ron al frente del Popular

Tras lo que parecía una batalla interminable por el control de la entidad, Emilio Saracho fue nombrado sustituto de Ángel Ron –hasta entonces presidente del banco–. El hecho suponía la victoria para el 'bando rebelde' en la guerra por el control del banco, una lucha que dejó por el camino a Antonio del Valle. Este consejero mexicano, propietario del 4,25% de la empresa, presentó su renuncia al cargo en una acción motivada por el enfrentamiento con Ron –al que culpaba de haber creado la necesidad de ampliar capital y de la mala evolución del banco–. Su puesto lo ocupó Jaime Ruiz Sacristán, también mexicano y presidente del banco BX+.

Con este panorama llegó Saracho a la presidencia del Popular, puesto que suponía un hito más en un currículum plagado de vínculos con la banca de inversión en España. Saracho consiguió el apoyo del Consejo para forzar la salida de su predecesor a pesar de que éste había empezado a buscar asesoramiento legal para demandar a los consejeros que pretendían su destitución y a quienes culpaba del desplome del valor del banco en bolsa. Los accionistas, por su parte, pidieron a Ron que respondiera con su patrimonio por la “nefasta gestión” que había llevado a cabo.

Cuando se empezó a conocer que Ron dejaría de ser presidente de la entidad, el Banco Popular se disparó en bolsa. Las acciones se impulsaron más del 13% y consiguieron un precio de hasta 0,94 euros por valor. La 'alegría' duró poco y, al día siguiente de la sustitución de Saracho, el verde en bolsa cedió un 5,85% hasta los 0,885 euros por acción. Apenas una hora después de iniciar la jornada bursátil, el valor reducía sus pérdidas y caía en torno al 2% volviendo a recuperar los 0,91 euros por acción. No obstante, las acciones del Popular profundizaban en la caída al cierre de sesión y perdía los 0,9 euros, cerrando la jornada en los 0,897 euros por acción con un descenso del 4,57%.

Multa de la CNMV al Popular

En agosto de 2016, la comercialización de los ruinosos bonos convertibles del Popular fue sancionada con un millón de euros por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por incumplir los deberes de información a los inversores. La infracción fue considerada como “muy grave” en relación a la comercialización a clientes de sus bonos necesariamente convertibles en acciones entre enero de 2009 y noviembre de 2011. Se trató de una sanción muy elevada para los estándares del supervisor, y la entidad anunció que recurriría ante la Audiencia Nacional aunque el castigo fue confirmado por el Tribunal Supremo al considerar que los particulares o empresas que compraban bonos convertibles deberían ser “expertos” en el mercado de valores.

La disposición daba la razón a los afectados por estos productos, que perdieron hasta el 81% de su dinero debido a la caída de la cotización del banco en bolsa. Según la resolución fechada el 22 de julio pero publicada en el BOE del 10 de agosto, la empresa presidida por Ángel Ron no cumplió con lo establecido en el artículo 79 bis del texto antiguo de la Ley del Mercado de Valores respecto a dos asuntos: la obtención de información sobre conocimientos y experiencia de sus clientes para determinar si el producto era adecuado para ellos –los conocidos test de conveniencia e idoneidad–; y la advertencia de que la evaluación del “arriesgado producto” reflejaba que no era conveniente para esos clientes.

Ampliación de capital por 2.500 millones

Con el objetivo de sanear el balance de la empresa y mejorar su rentabilidad y solvencia, el Banco Popular anunció una ampliación de capital de 2.500 millones de euros –cifra que suponía el 50% de su por entonces capitalización bursátil– en mayo de 2016. No era la primera vez que el consejo de administración de la entidad tomaba una decisión como esta, pues en diciembre de 2012 ya actuó de manera similar.

Otros 2.500 millones se pusieron en marcha en ampliación que hizo el Popular hace cinco años para evitar la inyección de ayudas del Estado provenientes del rescate pedido por España a la Unión Europea en junio de 2012. La emisión de títulos derivada de esta operación supuso un fuerte golpe para los inversores del banco, que vieron cómo salían acciones a un precio de 0,40 euros.

En la ampliación de capital comunicada en mayo de 2016, los 270.000 accionistas del banco sufrieron grandes pérdidas que se sumaron a la caída del 42,18% que registró la entidad el año pasado. BBVA y Santander salieron al rescate de su competencia y aseguraron la colocación de casi el 20% de la operación –320.000 acciones–, un hecho que implicaba la respuesta obligatoria con fondos de su propio bolsillo en caso de que no hubiera demanda de valores suficiente. Goldman Sachs y UBS también se postularon como 'salvavidas' a los que poder aferrarse en caso de desastre.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín (i), y el presidente de BBVA, Francisco González (d). (EFE)

La operación comenzó con buen pie: la demanda duplicó la oferta en el periodo de suscripción de la ampliación de Banco Popular. Al cierre de la ampliación de capital, el banco apuntó una sobredemanda del 36% logrando 3.401,3 millones. A pesar de ello, las incógnitas seguían sobre la mesa y muchos se preguntaban el porqué de las prisas de la entidad por acometer la ampliación. El Brexit y las elecciones generales del 26-J, dos acontecimientos que provocaban temor en la comunidad bancaria, fueron determinantes a la hora de tomar la decisión.

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