El Gobierno provoca un roto millonario a las renovables al pagar menos de lo que estimó

La reforma eléctrica del Gobierno de 2013 sigue trayendo cola. Tras quebrar la seguridad jurídica de gran parte de las instalaciones renovables que había en funcionamiento ese año, el nuevo sistema vuelve a generar polémica. La letra pequeña del decreto, que deja abierto un cierto margen a la discrecionalidad, ha provocado que las instalaciones que funcionan bajo este régimen no alcancen la rentabilidad a la inversión dictaminada por la propia ley.

Esto es así porque el interés por la inversión se decretó en base a una previsión del precio de la electricidad marcada por el Gobierno. Sin embargo, su estimación ha quedado por encima del precio real de mercado, lo que ha hecho que las instalaciones no alcancen lo establecido en 2013. Así, el sector habla de más de 500 millones de euros que van a dejar de cobrar tras tres años de la entrada en vigor de la ley. Las condiciones meteorológicas, sumadas a otros factores como la caída de los precios de las materias primas, han hecho que el precio de la electricidad haya ido por debajo de la previsión del Ejecutivo.

La reforma eléctrica de 2013 se sacó de la chistera la llamada "rentabilidad razonable" a la inversión que es fija. Pero en la práctica, las instalaciones cobra a precio de mercado y después tienen que reequilibrar con el Estado para alcanzar el 7,39% (bono español a diez años en su momento más 300 puntos básico) de rentabilidad que se decretó. Si se diera el escenario base, con el precio de mercado que previó el Gobierno, no sería necesario reequilibrar. Sin embargo, la realidad es que el precio de mercado ha estado por debajo, y el Gobierno tiene que resarcir a los productores para llegar al 7,39% que decretó la ley. Sin embargo, y aquí está el quid de la cuestión, la ley establece que cuando la desviación entre el precio de mercado y su previsión es pequeña, no se reequilibra para llegar a la "rentabilidad razonable". Si el precio de la electricidad hubiera estado ligeramente por encima de la previsión, ganaría los productores. Si está por debajo -que es lo que ha sucedido- gana el Estado. ¿Casualidad, mala previsión o jugada maestra del secretario de Estado de Energía? Lo cierto es que las empresas de eólica y de solar fotovoltáica van a cobrar menos por su inversión de lo que fijó el Gobierno en 2013. En la letra pequeña del Decreto-Ley han encontrado el diablo.

Cuando la desviación entre el precio de mercado de la electricidad y la previsión del Gobierno es pequeña no se reequilibra para llegar a la "rentabilidad razonable"

Fuentes del sector hablan de más de 500 millones de euros que se ahorrará el Estado a costa de los productores de energía verde. Entre los perjudicados están grandes empresas con plantas de producción eólica acogidas a este régimen como Iberdrola o Acciona, tal y como destaca un análisis de Bankinter. Desde las patronales de los sectores afectados señalan que esta desviación les ha generado un agujero millonario imprevisto, dado que su rentabilidad está regulada por ley. Otro problema que esgrimen es que la caída del precio de mercado les genera problemas de financiación. Además del dinero que van a dejar de percibir, la liquidación que se les adeuda, aquella que tienen que cobrar para alcanzar la rentabilidad razonable establecida, no se cobra en el momento de reequilibrar, sino que llega de manera diferida a lo largo de la vida útil de sus instalaciones. Esto hace que en algunos casos se generen tensiones de tesorería, dado que las inversiones se realizaron en base a un escenario dictaminado por el Gobierno que no se ha cumplido.

Los productores se quejan dado que la nueva ley vuelve a hacerles un roto en sus cuentas después de que en 2013 se quebrara su seguridad jurídica con en nuevo decreto. Desde el ministerio de Industria se limitan a decir oficialmente que "el sistema busca el equilibrio", pero no dan informan de cuánto le va a costar al Estado compensar a las instalaciones renovables por el hundimiento en el precio de mercado de la electricidad. Ahora el Ejecutivo en funciones debe sacar adelante una orden ministerial en el que fije el precio previsto para los próximos tres años. La cuestión no es baladí ya que en la medida en que esta estimación esté por encima o por debajo del precio que finalmente refleje el mercado estará el que se puedan ahorrar o gastar varios cientos millones de euros. El sector muestra temor por que el Gobierno fije un precio por encima de lo que realmente crean para de nuevo conseguir ahorrarse parte de lo establecido en la ley. Este precio se fija en base a unos parámetros regulados, pero el Gobierno tiene margen discrecional para mover esta previsión a su criterio.

Un problema regulatorio que viene de lejos

Este galimatías regulatorio se fijó en el "Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico". En su día, el Gobierno del Partido Popular estableció una "rentabilidad razonable" para aquellas instalaciones de producción de energía renovable que estaban funcionando bajo un régimen fuertemente incentivado por el Ejecutivo socialista anterior. El decreto del PP de 2013 recortó las primas públicas a este tipo de generación eléctrica, lo que trajo un aluvión de protestas en forma de demandas por entender que se quebraba la seguridad jurídica.

La reforma, con el ministro José Manuel Soria a la cabeza, venía a intentar enbridar un déficit de tarifa que llegó a superar en 2014 los 30.000 millones de euros. Este desfase de ingresos y gastos viene del año 2000, cuando Rodrigo Rato, a la sazón ministro de Economía, estableció que la luz no podía subir por encima de la inflación. Este montante que adeudan todos los españoles engordó sobremanera en la etapa socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente incentivó las energías renovables de forma desaforada fijando unas primas desorbitadas (pagaba la electricidad verde casi al 600% del precio de mercado), aunque en la etapa final quiso ponerle coto. Este caramelo financiero atrajo a inversores de todo pelaje y condición, lo que generó una burbuja que el PP quiso cortar con un Decreto-Ley en 2013 que le supuso una lluvia de demandas y reclamaciones incluso ante el Tribunal Constitucional.

La nueva regulación, que ha frenado el déficit tarifario a base de subidas de luz e impuestos a los productores, sigue dando problemas por su laberíntica y caótica estructura. El Ejecutivo que finalmente llegue algún día al poder seguirá teniendo sobre la mesa esta patata caliente.