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la huella del terror de eta no se ha disipado

Cómo y por qué ETA extorsionó, aterrorizó y asesinó a empresarios vascos y navarros

El destino trágico de José Legasa comenzó a fraguarse en noviembre de 1976 cuando recibió una carta de extorsión de ETA. A este empresario de Irún le exigían 10 millones de pesetas, 520.000 euros de hoy. En la misiva se le pedía que cruzara la frontera hasta la localidad francesa de Bayona y entregara el dinero en el bar Euskaldun a un tal Otxia.

El constructor guipuzcoano lo denunció a la Policía Nacional y acompañado de varios agentes se dirigió cierto día al encuentro del tal Otxia, que resultó ser Francisco Javier Aya Zulaica, jefe del aparato de extorsión de ETA. Lo halló jugando tranquilamente a las cartas en el bar. El terrorista fue detenido allí mismo y posteriormente fue condenado a tres años de prisión en Francia.

José Legasa fue valiente en tiempos de pocas heroicidades. No solo denunció y colaboró para condenar a un terrorista, sino que también evitó que su oro lo convirtiera ETA en plomo. Pero lo pagó caro porque la venganza no se hizo esperar. “Después del juicio en Francia, mi tío cambiaba de hábitos y horarios constantemente porque era consciente del peligro. Protegía como podía a su familia, pero él tenía claro que no quería emigrar, quería ser libre en su tierra a pesar del miedo”, cuenta su sobrina Lourdes Legasa a este diario. Su padre Miguel trabajaba con José en el negocio familiar y siempre andaban juntos.

La familia ha estado muy callada, pero es el momento de hablar porque no podemos dejar que este caso y otros se queden en el olvido

Uno de los empleados de la empresa resultó ser confidente de ETA y facilitó la información necesaria para que se consumara la tragedia. Corría noviembre de 1978 cuando el francés Henri Parot, el etarra más sanguinario con 26 asesinatos a sus espaldas, llegó a Irún acompañado de otro pistolero. Sorprendieron a José y a Miguel a pie de obra. “Mi padre forcejeó con Parot y recibió un tiro en la pierna. A mi tío le dispararon hasta la muerte”, narra Lourdes. “La familia ha estado muy callada, pero es el momento de hablar porque no podemos dejar que este caso y otros muchos se queden en el olvido. Ojalá hubiera habido más valientes como mi tío”, explica con templanza Lourdes.

En un nuevo libro, con igual mesura y mucho rigor también nos cuentan nueve autores cómo y por qué ETA aterrorizó a los empresarios, principalmente vascos y navarros. En ‘La bolsa y la vida. La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial’ se lee que entre 1993 y 2010 fueron 10.000 las personas a las que exigieron el ‘impuesto revolucionario’. Se sabe por el descifrado de los códigos alfanuméricos que la organización terrorista añadió a las cartas a partir de 1993. Hablar del número de extorsionados antes de ese año “es pura especulación”, apunta el periodista Florencio Domínguez, quien viene a ser como la ‘enciclopedia' sobre la temática de ETA.

El estudio de Domínguez le lleva a asegurar que las fuentes de financiación de ETA fueron principalmente los secuestros (106 millones de euros), los atracos (19 millones) y la extorsión (21 millones). Los valores están actualizados. Asegura este periodista, ahora director de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que “la aportación de los simpatizantes, según la documentación analizada, es irrisoria".

"El ‘merchandising’ de pulseritas y medallitas apenas les aportó fondos”. Dada la ‘omertà’ impuesta por el miedo a ETA y el silencio mayoritario de los afectados, la cifra conservadora obtenida mediante el ‘impuesto revolucionario” la fundamenta Domínguez en el análisis de la documentación incautada en la empresa Sokoa de Bayona (1986), en la localidad francesa de Bidart (1992) y a Mikel Antza en 2004.

Otra de las cifras llamativas que aporta el libro es que el terrorismo de ETA tuvo un impacto negativo de 25.000 millones de euros en la economía vasca, actualizado el valor a hoy. El coordinador del libro, Josu Ugarte, afirma que “ese coste directo estimado ha sido pagado en su mayor parte por el conjunto de los españoles”. Añade Ugarte: “Tan solo la paralización que provocó ETA de la central de Lemóniz supuso un sobreprecio de entre 6.000 y 7.000 millones de euros en los recibos de la luz pagados por los ciudadanos”. El coste de la incidencia en el PIB del País Vasco y Navarra es incalculable, sostienen los autores.

Respecto a las causas de la violencia sistemática contra el empresariado, Ugarte señala que “la búsqueda de fondos para llevar a cabo su actividad terrorista es la causa que prevaleció en la práctica de la extorsión”. ETA colocó bombas contra las instalaciones de las compañías, realizó atracos, envió miles de cartas de extorsión, secuestró a 86 personas entre 1973 y 1997 y cometió 55 asesinatos en sus atentados contra el empresariado.

Carta enviada a un empresario de Guipúzcoa en 1991.

El coordinador del libro cuenta a El Confidencial que “en los primeros años de ETA, su ideología anticapitalista y de odio hacia los empresarios en tanto que explotadores y enemigos del pueblo vasco provocó ciertos episodios de violencia, pero ya desde finales de los setenta lo que marcó la extorsión fue conseguir dinero”.

Florencio Domínguez añade que también hubo otros motivos por los que ETA atentó contra el mundo empresarial. Señala, por ejemplo, que hubo ataques contra intereses económicos franceses para que París dejara de cooperar con Madrid en la lucha antiterrorista. O casos en los que la banda terrorista se arrogó la defensa del ecologismo, como en el caso de la central nuclear de Lemóniz que paralizó o el de la autovía de Leizarán que uniría Navarra y Guipúzcoa, proyecto este último cuyo sobrecoste por la amenaza terrorista fue de casi 100 millones de euros.

A más terror, mayor recaudación

“Mi secretaria captaba con la mirada qué quería el empresario extorsionado cuando venía a entrevistarse conmigo porque el terror se le veía en los ojos”, explica José Manuel Ayesa, que fuera presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra entre 1989 y 2010 y que vivió con escolta durante 14 años por las amenazas de muerte recibidas.

José Manuel Ayesa, expresidente de la patronal navarra. (EFE)

El terror facilitaba el pago del chantaje. Así, desde finales de los setenta la banda le dio una gran importancia estratégica a crear un aparato de extorsión que perfeccionó en los ochenta y que se profesionalizó del todo en los noventa con un archivo informático cifrado. La jefatura de ese aparato siempre estuvo en Francia, pero “necesitaba una red de personas legales vinculadas a la trama política de ETA [Herri Batasuna y sindicato LAB] que hacían las labores de inteligencia, además de una red de informantes entre trabajadores de la banca que registraban los movimientos de las cuentas o empleados públicos que proporcionaban datos clave para el chantaje”, explica Josu Ugarte.

Luego había otra red de colaboradores que mantenían los primeros contactos con los extorsionados y también una trama de intermediarios que negociaban los pagos que se realizaban normalmente en el País Vasco francés o que directamente recogían el sobre y lo llevaban al país vecino.

Una correlación siniestra que funcionó: a más terror, más ingresos por extorsión; y a más pago del ‘impuesto revolucionario’, mayor capacidad asesina

ETA entendió muy pronto que la intimidación sistemática y la violencia extrema favorecían el pago del ‘impuesto revolucionario’, un ingreso básico para los terroristas. “Hubo factores que interactuaban: a mayor violencia, más ingresos; a más ingresos, más recursos humanos para atentar y más capacidad de conseguir dinero de la extorsión. De modo que sí, hubo una relación directa entre el miedo y la capacidad de recaudar”, detalla Florencio Domínguez.

Así, no fue casualidad que en 1977 ETA secuestrara, torturara y asesinara a sangre fría al importante industrial y político Javier de Ybarra y Bergé. Cinco días después de su secuestro, la familia Ybarra recibía una carta que rezaba: “La oligarquía de los Ybarra entregará a ETA la cantidad de mil millones de pesetas [50 millones de euros hoy]. En caso contrario, J. Ybarra será ejecutado”.

Gaizka Fernández, historiador y coautor de ‘La bolsa y la vida’, explica lo siguiente: “El secuestro y asesinato de Ybarra fue un mensaje para la oligarquía de Neguri, que era la oligarquía española en contraposición con la burguesía del PNV, la aliada nacional: ‘Si no pagáis, os vamos a matar’. Eso aceleró el proceso de extorsión y de pago”.

Fue un punto de inflexión. Como consecuencia, desde finales de los setenta y durante la década de los ochenta el presupuesto de ETA se incrementó exponencialmente gracias en gran parte a los ingresos por el ‘impuesto revolucionario’. Sus acciones terroristas sufrieron un gran auge. No en vano, solo entre 1980 y 1989 los terroristas asesinaron a 412 personas del total de 858, número final del balance mortífero de su medio siglo de acción violenta. Una correlación siniestra que funcionó: a más terror, más ingresos por extorsión; y a más pago del ‘impuesto revolucionario’, mayor capacidad asesina.

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Esa relación también se ve claramente en 2000 tras el asesinato con coche-bomba del empresario José María Korta, entonces presidente de la patronal guipuzcoana Adegi. Florencio Domínguez comenta a este diario que esa acción “conllevó un efecto de intimidación entre los empresarios extorsionados, lo que llevó ingresos a las arcas de ETA”. Un documento intervenido en 2004 a la jefa de extorsión, Soledad Iparraguirre, confirmaba esa correlación: “En el 2000 el efecto Korta tiene su influencia; hay dos años buenos, fructíferos”.

Acto de homenaje a José María Korta. (EFE)

El desamparo del empresariado

Todas las víctimas de la extorsión con las que ha hablado este diario —unas quieren aparecer, otras no— manifiestan una queja común: el desamparo que sufrieron por parte del conjunto de las administraciones del Estado mientras hacían frente al chantaje y la violencia de ETA.

“No tengo ninguna duda de que el silencio de los empresarios, que no denunciaran y el hecho de que muchos pagaran, es consecuencia del desamparo que sentían ante el comportamiento de los medios gubernamentales”, explica José Manuel Ayesa.

Este expresidente de la patronal navarra sostiene que, salvo la Guardia Civil, que tenía un equipo contra le extorsión, los gobiernos e instituciones no dieron importancia alguna al sufrimiento de los empresarios chantajeados y sus familias: “Mientras mis hijos no me dejaban pasear con mis nietos por temor a que pasara algo, los diferentes cuerpos policiales no eran capaces de coordinarse para ayudarnos”.

Hasta los ochenta, Francia era la retaguardia segura de los etarras, que celebraban reuniones a cara descubierta en los bares con los extorsionados

Cuenta Ayesa una anécdota que le ocurrió en la Semana Santa de 2007 mientras compartía hotel con Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro de Interior. “Un amigo mío —relata Ayesa— había recibido una carta de extorsión esos días y aparecí en todos los telediarios nacionales para denunciar la situación, aunque estuviera de vacaciones. Pérez Rubalcaba sabía que desayunábamos a cinco metros uno del otro, pero me miraba y no decía nada. Una mañana quise acercarme a él para comentar el asunto, pero no dio permiso a su escolta para que me dejara hablar con él”. Concluye Ayesa: “No les interesaba en absoluto el sufrimiento de los empresarios”.

A finales de los setenta y los ochenta, el panorama era peor. Francia era la retaguardia segura de los etarras, quienes celebraban reuniones a cara descubierta en los bares con los extorsionados, y en el País Vasco aún no había una conciencia social e institucional para combatir a los terroristas.

“Tras el asesinato de mi tío, no sufrimos una especial estigmatización social, pero tampoco sentimos un apoyo de las instituciones”, asegura Lourdes Legasa. Cuando ocurrió el atentado, a los pocos días ETA exculpó a su padre (herido) en un comunicado de la denuncia de su tío que había propiciado la condena de un terrorista. “En ese momento pensé que ya estábamos vacunados, pero en los ochenta, que fueron muy duros, me volvió la inquietud: ‘A ver si estos vuelven a por nosotros”, confiesa Lourdes.

Carta de extorsión. ETA impone un recargo del 5% por demora en el pago (2002).

La diáspora

La situación de violencia y falta de protección institucional que sufrieron los empresarios llevó a no pocos a emigrar a otras regiones de España y al extranjero. La tentación de irse era muy grande.

Los Ortuzar emigraron a Reino Unido tras el asesinato de Javier de Ybarra y Bergé en 1977. Una de las personas que encabezaron el grupo familiar de negociadores para intentar su liberación fue Gaizka Ortuzar, casado con una de las hijas del empresario vizcaíno e hijo del fundador de la Ertaintza en 1936, Luis de Ortuzar. “Cuando mi padre estaba negociando la liberación de mi abuelo, los etarras le dijeron que el siguiente sería él. Nos obligaron a mudarnos y varios familiares míos siguieron apareciendo en las listas de objetivos de la banda terrorista”, contó su hijo Iban a El Confidencial.

Todo el mundo sabía que el dinero que ingresaba ETA era para matar, un castigo terrible para la conciencia de quien pagaba

Unos años más tarde, en 1987, la hoy galerista Blanca Soto montó un espacio multicultural en la céntrica calle donostiarra de Urbieta. Pero al día siguiente de la inauguración, ella y su socio oyeron unos ruidos que les sobresaltaron mientras trabajaban. “De repente, nos vimos rodeados por ocho chicos de Jarrai, habían entrado en el local y echado el cierre”, afirma Soto. “Nos interrogaron sobre nuestras personas, el origen del dinero para abrir el negocio y qué actividades pretendíamos hacer. Nuestras explicaciones no les convencieron, así que destrozaron el local en apenas cinco minutos y nos dieron una paliza de muerte”, explica esta empresaria hoy afincada en Madrid.

Los socios denunciaron los hechos ante la Policía Nacional, cuyo caso llevó personalmente el inspector jefe de San Sebastián, Enrique Nieto.

“A los pocos días identifiqué a los ocho jóvenes en una rueda de reconocimiento. Entonces comenzaron a pasar por el negocio los padres pidiéndome que los perdonara, a lo que me negué, por lo que también ellos me amenazaron”, narra Soto. A continuación, comenzaron a llegarle cartas que incluían amenazas de muerte, hasta siete. “Me sentía aterrorizada. No podías hablar con nadie porque la gente allí estaba acostumbrada a la violencia y a la muerte, solo podía hablar de esto con el psiquiatra, como tantas otras víctimas”, cuenta atribulada. La banalidad del mal también afectó a la sociedad del País Vasco.

Una de las cartas para ella le llegó al político del Partido Popular Gregorio Ordóñez cuando estaba en el Ayuntamiento de San Sebastián. “Pensaban que era mi amigo —señala la galerista—, pero no lo era. Entonces, Gregorio me dijo: ‘Tú eres una ciudadana normal, no te inquietes’; pero yo tenía mucho miedo porque las cartas también llegaban al buzón de mi casa”.

La mayor parte del tiempo los empresarios extorsionados se vieron solos ante el peligro

La violencia continuó. Con la misma pistola, en 1995, ETA segó las vidas del inspector Enrique Nieto y de Gregorio Ordóñez. “En 2000 me marché, tenía por entonces dos hijos muy pequeños y el ambiente seguía siendo insoportable. Además, no quería que ellos crecieran en una sociedad enferma como aquella”, dice Blanca Soto.

La mayor parte del tiempo los empresarios extorsionados se vieron solos ante el peligro. La sociedad, las instituciones y las propias patronales les dieron la espalda en demasiadas ocasiones. El que no pagaba, se sumía en la angustia; el que lo hacía, arrastraba el sentimiento de culpa. “Todo el mundo sabía que el dinero que ingresaba ETA era para matar y eso era un castigo terrible para la conciencia de quien pagaba”, concluye José Manuel Ayesa.

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