El cortijo de Alcalá: PP y PSOE cedieron pisos a funcionarios sin control ni alquiler

Luz vive sola en la calle Avellaneda, en pleno centro histórico de Alcalá de Henares, la ciudad más importante del este de la Comunidad de Madrid. Hace ya 10 años que murió su marido, un fontanero que trabajó durante décadas en el ayuntamiento alcalaíno. "Fuimos los primeros en inaugurar el edificio. Hace ya mucho tiempo de esto. No me acuerdo. La casa era parte del salario. Luego pagamos durante unos años el alquiler, pero ya no", señala Luz, que ahora vive con su nieta. ¿Desde cuándo no paga? "No lo recuerdo. Estos temas los lleva mi hija". El consistorio alcalaíno (194.000 vecinos), gobernado por el PSOE, Somos Alcalá e IU, tiene un problema. Un grave problema.

No conserva el contrato por el que el ayuntamiento cedió la casa, municipal, al marido de Luz, trabajador del consistorio ya fallecido. No sabe ni el año en que le cedió la vivienda. Ni lo que Luz debería pagar. Solo sabe que según el padrón municipal allí están censadas tres personas pero que actualmente solo residen dos. La historia se repite en una veintena de viviendas públicas fuera del control municipal, cedidas a funcionarios entre los años 1986 y 2007, es decir, en distintos periodos en los que la localidad ha estado gobernada por el PSOE y el PP. En otros casos, no hay ni fechas. Un cortijo particular del que unos pocos se han beneficiado.

"Esto ha sido un desbarajuste, una absoluta desorganización", explica a El Confidencial Fernando Fernández Lara, concejal socialista de Hacienda y Patrimonio, que recalca que el actual Gobierno local ha intentado poner orden en el desaguisado que se encontró en 2015 cuando llegó al ayuntamiento. Y ese desaguisado se resume en que Alcalá de Henares no tenía un inventario digitalizado de su patrimonio. "Cuando llegamos, el servicio de patrimonio lo formaba una persona, un auxiliar administrativo, y toda la documentación estaba tirada en cajas, abandonada en un edificio cochambroso", señala el edil.

Fernández Lara asegura que durante toda esta legislatura han intentado poner orden y digitalizar la documentación para conocer cuál es el patrimonio municipal. "No sabíamos nada. Ha sido un trabajo de chinos. Ahora hay un servicio de patrimonio formado por cinco personas". Una especie de trabajo de investigación que permitió conocer que había viviendas municipales entregadas a funcionarios sin ningún tipo de control, y que algunos de estos casos son "insostenibles". Por ejemplo, una fue cedida a un bombero municipal que ya falleció. La casa se la quedó su viuda, que se volvió a casar. Pero ahora se ha separado y solo reside su expareja, que no tiene nada que ver con el inquilino inicial. Según un informe elaborado por Patrimonio y fechado en junio de 2018, que plasmó la situación de todas las casas, no hay contrato ni alquiler. El ayuntamiento no sabe ni cuándo se cedió el inmueble.

Los pisos analizados están en dos direcciones: calle Eras de San Isidro y calle Avellaneda. Donde el ayuntamiento ha podido recabar fechas, las cesiones se hicieron durante el mandato del alcalde socialista Florencio Campos y el popular Bartolomé González. El Confidencial ha podido analizar que al menos cinco de los funcionarios beneficiados por estos pisos sin ningún tipo de control han tenido fuertes vínculos políticos con un partido ecologista Los Verdes. Han formado parte de sus listas en diversos procesos electorales.

Donde más información ha podido recabar el ayuntamiento es en los pisos de la calle Eras de San Isidro. En una de esas viviendas, Patrimonio ha averiguado que el inquilino, el funcionario, está exento de pagar el alquiler desde marzo de 1988. Sigue viviendo allí con su mujer. Juan Antonio C. M. fue además cabeza de cartel de la candidatura que Movimiento Red-Los Verdes presentó al Ayuntamiento de Alcalá en las elecciones de 2015. Felisa Sanz vive en otro de los pisos. Es viuda de otro funcionario municipal, conserje de colegios fallecido en 2012. El consistorio le alquiló el piso en 1992 a cambio del 8% de su sueldo. Lo malo es que el contrato solo era por cinco años.

Felisa, de 76 años, vive sola en la casa y atiende a este diario. Asegura que paga unos 150 euros al mes, pero que no abona comunidad, ya que el piso es del ayuntamiento. "Cuando nos vinimos, la casa era una cueva y tuvimos que hacer reformas". Afirma que guarda en algún sitio el contrato y "que mi marido siempre me decía que nunca nos podrían echar, ya que ha prescrito. No tengo dónde ir", señala. Otra de las inquilinas es Ana, la exmujer de otro funcionario al que se cedió el piso en mayo de 2006, con el PP en el ayuntamiento. "Sé que a él se lo descuentan de la nómina y yo le pago una parte. Ahora vivimos yo y mi hija". El contrato estipula que se le alquila el piso mientras mantenga la condición de funcionario. A cambio del 8% de su salario neto.

El caso más sangrante es el piso que se cedió a un bombero ya fallecido. No hay fecha. La casa se la quedó su viuda, que se volvió a casar. Según el informe municipal, ahora viven ella, su marido y dos hijos, pero algunos vecinos señalan que la pareja se ha separado y que el piso se lo ha quedado él, que no tiene ninguna relación con el inquilino inicial. "No figura contrato ni paga alquiler", reza el ayuntamiento. En otra casa cedida a otro funcionario, viven ahora dos de sus hijas, el marido de una de ellas y un nieto. Otro piso cedido en 1996 a otro funcionario pasó a manos de su mujer por sentencia judicial de separación en 2003.

Hay casos peculiares. Sanina M. G. es extrabajadora municipal. El piso se le cedió en 1996 por cinco años. Ahora está de baja médica definitiva por un ictus. Nos atiende su exmarido, Gabriel, que se ha ido a vivir con ella para ayudarla. "Pagamos el alquiler desde el principio. No sé la cantidad. Hemos hecho importantes reformas en casa y no sabíamos que podíamos estar en situación irregular". En otro caso, el ayuntamiento decidió en 1986 escriturar la casa a nombre de un funcionario a cambio de un precio pactado. Han pasado 33 años y nunca pagó. Ahora viven tres personas distintas al beneficiario inicial. En la mayoría de los casos, los contratos de cesión han caducado y en muchos de ellos viven funcionarios ya jubilados, sus viudas u otro tipo de familiares.

El ayuntamiento ya ha recuperado dos de los pisos, que quedaron vacíos y fueron entregados a sociedades de pescadores. Sí, en Alcalá de Henares, a cientos de kilómetros del mar. El concejal de Hacienda señala que no han encontrado mucha documentación sobre estos pisos públicos, ya que "en algunos casos solo había una hoja de contrato". El ayuntamiento ha decidido analizar caso por caso y empezar ya con los expedientes de desahucio en aquellas situaciones insostenibles e irregulares, consciente de que en algunos pisos viven menores y que todo este proceso puede acabar en los tribunales.

El Gobierno local quiere ser muy legalista en este aspecto y en estos momentos ya ha empezado a iniciar algunos expedientes de desahucio tras declarar la extinción de la relación de empleo con aquellos funcionarios que en su día fueron beneficiados con estos pisos y ya han dejado de ser trabajadores municipales. También en aquellos pisos en los que los funcionarios ya fallecieron. Un proceso complicado donde los actuales inquilinos podrán presentar alegaciones. "Llevamos ya un año con este tema, ha sido todo muy complicado para poder recabar información", señala Fernández Lara, que reconoce que puede haber otros pisos municipales que no tengan controlados y que estén en manos de otras personas.

¿Cómo es posible que las diversas administraciones locales de Alcalá no hayan llevado un control sobre su patrimonio? Una revisión de los plenos municipales, públicos, revela por ejemplo que las primeras sospechas surgieron en abril de 2014, con el PP en el poder, cuando el único edil de España 2000 alertó de que el ayuntamiento estaba pagando facturas eléctricas de viviendas en las que estaban alojadas personas que no tenían nada que ver con el consistorio. El testigo lo cogió Ciudadanos en 2015, al inicio de la legislatura, que preguntó sobre el tratamiento fiscal de estas viviendas y de si existía un reglamento que fijase los criterios de cesión de este tipo de viviendas, solicitando además una investigación para conocer el estado de las mismas. La oposición cree que es necesario recuperar estos pisos debido al déficit de pisos públicos que hay en el municipio.