Chamartín y Cocheras: el 'ladrillo' de Carmena se traba antes de las elecciones

Algunas de las operaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid que más contestación vecinal han tenido, como Madrid Nuevo Norte (la antigua Operación Chamartín) o Cocheras de Cuatro Caminos, corren el peligro de atascarse coincidiendo con el final de la legislatura. La Operación Chamartín ha recibido un total de 3.500 alegaciones y, aunque el Gobierno municipal desestimó la posibilidad de alargar el plazo de información pública del proyecto como reclamó la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) y apoyó el grupo municipal socialista, ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) quien ha admitido a trámite un recurso de varias asociaciones contra la aprobación inicial del proyecto.

La Junta de Gobierno también reculaba este jueves respecto al proyecto urbanístico de Cocheras en Cuatro Caminos, que ya originó la división del voto de Ahora Madrid en el pleno municipal. Alegando problemas de planeamiento, se tomaba la decisión de revocar el plan parcial para derribar este patrimonio industrial que diseñó el arquitecto Antonio Palacios y construir en la finca una promoción de viviendas de lujo. Cuando se puso el plan sobre la mesa, algunas asociaciones en defensa del patrimonio solicitaron, sin éxito, que las cocheras de metro diseñadas por el padre del Madrid moderno fuesen declaradas Bien de Interés Cultural.

"Se notan las prisas", explican desde una de las asociaciones que ha presentado el recurso en el TSJM contra la Operación Chamartín y que también se opuso al derribo de las emblemáticas cocheras. Unas prisas y falta de rigor que, según añaden, se dejarían notar en los supuestos problemas no resueltos y en la documentación inicial y los cálculos "chapuceros" impropios en este tipo de proyectos. "Hay incompatibilidades legales bastante claras", según concluyen.

Una falta de rigor que, según añaden, se dejaría notar en la documentación inicial y los cálculos "chapuceros" impropios en este tipo de proyectos

Desde la concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible, que dirige José Manuel Calvo, sostienen que estas asociaciones (FRAVM, Ecologistas en Acción y plataforma Zona Norte) están en su derecho a recurrir, pero adelantan que seguirán defendiendo su proyecto inicial. Según el auto que adelantó 'Europa Press', la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM expone que el recurso cumple los requisitos legales para su admisión y requiere al Ayuntamiento de Madrid la remisión del expediente de la aprobación inicial de Madrid Nuevo Norte en el "plazo improrrogable" de 20 días.

Las mismas fuentes municipales mantienen que ni ven peligrar el proyecto inicial del consistorio ni temen retrasos, después de que el pasado mes de octubre se diese definitivamente luz verde a un plan pendiente desde hace más de dos décadas. Lo hizo con el voto en contra del tercer teniente de alcalde y edil de IU, Mauricio Valiente. Ahora, desde IU Madrid se ha aplaudido la admisión a trámite del recurso —al igual que desde el sector de Ganemos Madrid— porque "cuando no hay vía para el diálogo hay que agotar cualquier vía". Valiente ya justificó su voto en contra en la Junta de Gobierno aduciendo la urgencia de "atender demandas vecinales frente a intereses privados". La FRAVM, por su parte, incidió en que la presentación del recurso se debió a que "las organizaciones sociales, vecinales y ecologistas hemos sido ninguneadas en el proceso de gestación y desarrollo de Madrid Nuevo Norte".

El objetivo del recurso de las asociaciones de vecinos y ecologistas "es lograr la nulidad del proyecto en los términos en que se ha aprobado inicialmente porque es innecesario, contiene una edificabilidad sobredimensionada, no mejora la carencia en dotaciones de los barrios vecinos, reduce las cesiones de equipamientos públicos, contempla zonas verdes por debajo de los mínimos permitidos y elimina dos vías pecuarias". Todo ello, según critican, "para beneficiar el interés privado". A pesar de que el 80% del suelo es de titularidad pública, indican que "el aprovechamiento lucrativo está en manos de la entidad privada denominada Distrito Castellana Norte (DCN) formada por el BBVA y la constructora San José".

Algunas de las alegaciones que ya presentaron desde la FRAVM y Ecologistas en Acción durante el plazo de información pública del proyecto insistían en que el estudio informativo para la estación de Chamartín de Adif incluye un volumen a edificar que supera los límites del PGOUM y datos sobre locales comerciales y aparcamientos "muy diferentes" a los presentados por el Ayuntamiento. Se señala asimismo que el proyecto "no resuelve los problemas de movilidad de la zona Norte sino que los agrava y sanciona la primacía de la iniciativa privada en el desarrollo de la operación, dejando a las administraciones un papel secundario, de vigilancia y supervisión". Al margen del estudio de Adif, estos colectivos sociales subrayan en sus alegaciones que el proyecto de modificación del PGOUM relativo a Madrid Nuevo Norte contiene informes justificativos esenciales (de movilidad, de sostenibilidad económica o de previsión de demanda de suelo terciario) que son "una auténtica chapuza".

Desde el Gobierno municipal se defiende el carácter social del proyecto, puesto que, de las 10.500 viviendas previstas, el 20% serán protegidas (unas 2.100), frente al 10% del total que contemplaba el plan de 2015. De acuerdo con las cesiones obligatorias establecidas, el Ayuntamiento de Madrid dispondrá de unas 4.000 viviendas para desarrollar políticas públicas de vivienda. Asimismo, el conjunto de los cuatro ámbitos de ordenación pondrá a disposición de los ciudadanos un total de 390.700 m² de zonas verdes, 252.094 m² de equipamientos y 848.617 m² destinados a viario, lo que supone un total 1556.211 m² de suelo con destino a redes públicas. La previsión era sacar adelante la aprobación provisional del proyecto antes de las próximas elecciones municipales de mayo de 2019.