Fiscalía pide imputar al senador Juan Soler y procesar al 'arquitecto de los famosos'

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido al juzgado de instrucción número 4 de Getafe que eleve a la Sala Segunda del Tribunal Supremo "exposición razonada" de los indicios delictivos hallados contra el senador del PP Juan Soler Espiauba-Gallo en la causa que se sigue en este juzgado por amañar varios contratos, bautizada como caso Teatro. El ministerio público acaba de presentar su escrito final de acusaciones, con fecha 23 de julio, y pide el procesamiento de 32 personas entre actuales concejales populares en la oposición, ex altos cargos del Ayuntamiento de Getafe, funcionarios del consistorio y empresarios, entre los que está el conocido arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, acusado de los delitos de fraude entre particulares y tráfico de influencias, y Javier García-Monsalve, cuñado de Esperanza Aguirre. La investigación también salpica a la constructora Dragados, filial de ACS.

Juan Soler no es solo senador, y por tanto aforado, sino también diputado autonómico en la Asamblea de Madrid y uno de los principales apoyos en la Comunidad de Madrid de Pablo Casado en las últimas primarias del PP. Aunque lo que investiga el juez son ocho contratos que el Ayuntamiento de Getafe licitó entre 2011 y 2015, cuando Soler era alcalde de este municipio madrileño. La causa se inició por una querella que puso en abril de 2015 un vecino de la localidad, Roberto Benítez, que además es editor de un medio local, 'ElBercial.com', y que acaba de fundar el partido político Impulsa Getafe.

El caso se inició por las irregularidades detectadas en la licitación de varios contratos de lo que iba a ser el Centro Europeo de Producciones Audiovisuales y Escénicas de Getafe, el proyecto estrella del exalcalde Juan Soler. El gran teatro que se iba a levantar en la calle Madrid nunca se terminó, pero se tramitaron varias adjudicaciones de las que hay claros indicios de amaño. Las dos primeras, relativas a las asistencias técnicas del proyecto de demolición del edificio existente que había que tirar para construir el teatro, y a la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico del nuevo centro. Ambos contratos se hicieron bajo la fórmula de negociado sin publicidad, es decir, el consistorio invitó a tres empresas aunque siempre ganó la misma, Vegas Arquitectura.

"En el caso de haberse optado por un solo expediente, el precio del mismo habría superado los límites del procedimiento negociado sin publicidad, lo que determinaría que se debía convocar un concurso de pública concurrencia de empresas", señala la Fiscalía. El ayuntamiento firmó una encomienda de gestión con una empresa pública, GISA, para que tramitara los contratos. Pero GISA "modificó aspectos relativos a la acreditación de solvencia técnica y administrativa para permitir que la mercantil Vegas Arquitectura pudiera cumplir con los requisitos solicitados. Lo más llamativo es que Vegas era una empresa de reciente creación, es decir, sin experiencia, sin trabajadores, y ninguno de los dos socios estaba colegiado como arquitecto, por lo que no podían ni firmar proyectos ni contratar seguros de responsabilidad profesional como se exigía en los pliegos. Vegas se llevó los dos contratos por 119.833 euros.

Tras las asistencias técnicas llegaron los contratos de obra, los de demolición del edificio que había y el de construcción del gran teatro. En ambos casos (el primero por 90.600 euros y el segundo por 2,4 millones) el ganador fue Dragados, filial del grupo presidido por Florentino Pérez. La Fiscalía tiene en su poder pruebas evidentes de que Dragados, semanas antes de que fuera invitada a participar en el primer concurso (negociado sin publicidad) para la demolición del edificio, ya había iniciado los trámites administrativos necesarios para derruir el inmueble y se había reunido con técnicos del ayuntamiento para 'negociar' esa adjudicación.

La Fiscalía cree que todos los contratos relativos a este gran centro de artes escénicas estuvieron amañados desde el principio. "En las primeras declaraciones en sede policial, varios de los testigos apuntaban a la concesión, antes de que se produjera su licitación oficial, de los trabajos relativos a la construcción del nuevo Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas de Getafe (CEPAAE), infiriéndose de estas que el alcalde de la localidad era conocedor de las adjudicaciones a la mercantil Vegas Arquitectura".

El ministerio público es contundente: "Otro de los datos que hacen suponer que este investigado [se refiere a Juan Soler] era no solo conocedor de la tramitación relativa a estos concursos sino que también era el impulsor, es el hecho de que las dos empresas adjudicatarias de los concursos relativos al CEPAAE, Vegas Arquitectura y Dragados, intercambiaran información de sus encargos llegando a tener influencia en ellos". En el caso de Vegas, el ayuntamiento cambió dos criterios básicos (un seguro de indemnización y la propuesta económica) para que esta empresa resultara finalmente la adjudicataria.

Incluso hubo connivencia entre las empresas que se presentaron para enmascarar de legalidad el contrato negociado sin publicidad. "Tras la presentación de las ofertas, es patente la existencia de relación entre ellas". La primera oferta se presenta por Vegas Arquitectura SL, cuyos socios son Julián Vegas Bodelón y su esposa, Sandra Lorena Manzanilla Naim, aunque ninguno de ellos consta como colegiado en el Colegio de Arquitectos de Madrid. La segunda oferta la presenta la propia Sandra Lorena representando al arquitecto Juan Cabañas Martínez. La tercera oferta es de la empresa Espacio 2006 SL, representada por José Antonio Arroyo Ramos, que casualmente es el arquitecto técnico que Vegas presenta en la primera oferta. "Los servicios jurídicos de GISA nada dijeron al respecto, pues ningún informe jurídico existe al respecto de algo tan llamativo", señala la Fiscalía.

El caso Teatro luego se extendió a seis expedientes más y ha elevado la cifra de imputados (ver apoyo final) a 35. También se investiga el contrato del proyecto de dos escuelas infantiles en los barrios Buenavista y Los Molinos, y el proyecto de ejecución de la reforma y adecuación del edificio de la antigua fábrica de harinas en un mercado. Ambos contratos han conllevado la imputación del prestigioso arquitecto Joaquín Torres, dueño del estudio A-Cero, y de Javier García-Monsalve, cuñado de Esperanza Aguirre (está casado con su hermana María).

También se investiga la contratación del servicio de consultoría y asistencia técnica para apoyo a la puesta en funcionamiento del organismo autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo; la contratación del servicio de consultoría y asistencia técnica para apoyo a Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio, y la redacción de los documentos para tramitar la declaración y aprobación como áreas de rehabilitación integrada (ARI) los barrios de La Alhóndiga, San Isidro, El Bercial y Juan de la Cierva. El listado de delitos imputados por la Fiscalía es amplio: malversación de caudales públicos, prevaricación, alteración de precios en concurso público, intercambio de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude a la Administración pública, uso de información privilegiada, falsedad documental y fraude entre particulares.

El amplio listado de imputados

1. María Luisa Gil Madrigal, exgerente de la empresa GISA (hoy personal laboral en la Comunidad de Madrid).
2. Cristóbal Corretje Aznar, jefe de la Sección de Proyectos y Obras del Ayuntamiento de Getafe.
3. Vicente Navarrete Tamargo, jefe de la Sección de Aperturas y Licencias del Ayuntamiento de Getafe. 
4. Fernando Lázaro Soler, exconcejal de Hacienda, Comercio e Industria y ex consejero delegado de GISA. Hoy es concejal en la oposición.
5. Javier García-Monsalve Escriña, empresario.
6. Julián Vegas Bodelón, empresario.
7. Juana Álvaro Hernández, directora del área jurídica de GISA.
8. Óscar Felipe Fole Fuentes, técnico jurídico de GISA.
9. Gema Garrido Ramiro, técnica de proyectos y obras de edificación del Ayuntamiento de Getafe.
10. Rudy Lamas Gesto, ex consejero adjunto de Urbanismo del Ayuntamiento de Getafe.
11. José Carlos Jiménez Fernández, empresario.
12. José Pérez Mateos Peña, empresario.
13. Paz Álvarez Sánchez-Arjona, exconcejala de Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda del Ayuntamiento de Getafe. Hoy edil en la oposición.
14. Juan Cabañas Martínez, empresario.
15. José Antonio Ramos Arroyos, arquitecto técnico.
16. Joaquín Torres Verez, arquitecto.
17. César de Saracho de la Presilla, empresario.
18. Jorge Paumard García, exconcejal de Empleo, Desarrollo Económico y Nuevas Tecnologías y Obras de Edificación del Ayuntamiento de Getafe.
19. María Victoria Miguel Adrada, exconsejera adjunta a la Concejalía de Urbanismo.
20. Ignacio Contreras Serrano, técnico de contratación.
21. María del Carmen Miralles Huete, interventora general del Ayuntamiento de Getafe.
22. Antonio José Mesa Garrido, exjefe del Gabinete del alcalde y exconcejal de Empleo, Desarrollo Económico y Nuevas Tecnologías y Obras de Edificación. Hoy edil en la oposición.
23. Armando García Juliana, titular técnico del Departamento de Proyectos y Obras de la Concejalía de Urbanismo.
24. María Arauz de Robles de la Riva, empresaria.
25. Miguel Garzón Andrés, exconsejero adjunto al gabinete de alcaldía.
26. Sandra Lorena Manzanilla Naim, empresaria.
27. Francisco Felipe López Gervaso, empresario.
28. Conrado Gil Pérez, empresario.
29. Álvaro de la Fuente de las Heras, director de contratación de la empresa Dragados.
30. Concepción de la Torres Espi, jefa de la Unidad de Licencias, Disciplina e Inspección del Ayuntamiento de Getafe.
31. Francisco Mendiola Martínez, empresario.