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hay 5.300 letrados en toda la región

Madrid no paga al turno de oficio desde hace seis meses: debe 14 millones a los abogados

La comunidad adeuda las dietas desde el 11 de noviembre de 2017, pero ultima un sistema para abonar el servicio mes a mes sin esperar las justificaciones de pago

Protestas de abogados del turno de oficio en Madrid, en 2011. (EFE)

11 de noviembre de 2017. Es el último día trabajado que han cobrado los letrados madrileños adscritos al turno de oficio, en torno a 5.300 en toda la comunidad. Seis meses de retraso que el Gobierno regional está intentando agilizar. De hecho, lleva ya tiempo negociando con el Colegio de Abogados de Madrid para que los pagos se abonen al mes siguiente, pero de momento no hay nada concretado. La consejería les debe ya 14.818.443,75 euros, según los datos del propio colegio, una deuda que incluye del 11 al 30 de noviembre, todo diciembre y los meses de enero, febrero y marzo de 2018. Aún no está contabilizado abril.

"Y podía ser peor", señala Isidro Moreno, presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), que explica que ha habido épocas en las que la demora llegaba "al año y medio". Para Pilar Llop, diputada socialista y portavoz en temas de justicia, el retraso está injustificado. "Vamos a pedir información en sede parlamentaria para ver la causa, ya que en otras comunidades los pagos son mucho más ágiles". El propio programa electoral del PP se comprometía en su medida número 298 a "agilizar los pagos de asistencia gratuita del turno de oficio para garantizar el derecho de la defensa de las personas con menos recursos económicos". En enero de este año, la Consejería de Presidencia y Justicia aseguraba que anticiparía los abonos, "sin esperar a la presentación de las correspondientes justificaciones".

La Ley de Justicia Gratuita de 1996 exige que "en todo caso" el servicio de asistencia jurídica gratuita esté "digna y suficientemente remunerado haciéndose efectiva su retribución en plazos razonables". La ley se reformó en junio de 2017 y, sorprendentemente, desapareció la especificación en relación a los plazos y la dignificación de los profesionales. En Madrid, las competencias están transferidas y el sistema de pago es trimestral. En la actualidad, abogados y procuradores remiten a la consejería al mes siguiente del cierre de cada trimestre las certificaciones de gasto. Tras revisar y subsanar posibles errores, se elaboran y tramitan los correspondientes documentos contables para que la Tesorería General de la comunidad proceda a los abonos respectivos en un plazo de 20 días. Si no es así, se aplican intereses de demora.

Para agilizar ese pago, la consejería permitió una certificación parcial de parte del último trimestre de 2017 (todo octubre y del 1 al 11 de noviembre para los abogados y del 1 al 8 de noviembre para los procuradores). Este primer mes y medio del último trimestre de 2017 fue abonado a finales de enero de 2018: 3.494.959,94 euros a los letrados y 538.072,22 euros para los procuradores. Tanto la consejería como Altodo y el colegio confirman que queda por pagar parte del último trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018. La deuda asciende a 14,8 millones de euros. Por su parte el Ministerio de Justicia es más ágil en los pagos relacionados en sus asuntos con el turno de oficio: solo les debe marzo y abril de 2018.

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, titular de la cartera de Justicia. (EFE)

Los honorarios de los abogados de oficio están regulados. La asistencia individualizada se paga a 90,15 euros y el servicio de guardia, a 180,3 euros. El juicio de faltas está valorado en 120,2 euros. Un juicio con jurado y un macroproceso se pagan a 450,76 euros. Luego, por cada 1.000 folios de trabajo, se suman 30,05 euros. El procedimiento abreviado está valorado en 300,51 euros y trabajar en un expediente de vigilancia penitenciaria, en 150,25 euros. Todo esto en la jurisdicción penal. La civil, social y contencioso administrativa tiene otras tarifas. La reforma de 2017 garantizó que los abogados y procuradores del turno de oficio no estén sujetos al pago del IVA.

El nuevo presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que será elegido previsiblemente este viernes, ha anunciado que creará una consejería específicamente de Justicia (ahora está unida a Presidencia y a la Portavocía) para "dotarla de más medios". En lo referente al turno de oficio, el Ejecutivo autonómico ya tiene ultimado un sistema que "se articulará a través de un plan individualizado de pago" mes a mes. "Con el nuevo modelo, los pagos se podrán adelantar al inicio de cada periodo a certificar, sin esperar a la presentación de ninguna justificación. Al final del ejercicio, se cerrarán todas las justificaciones y comprobaciones para garantizar que los pagos anticipados se corresponden con las actuaciones incluidas en las certificaciones", señalan desde la consejería. "Esta posibilidad se ha tratado con Justicia, pero aún no se ha concretado la fecha en que se iniciará", responden desde el Colegio de Abogados de Madrid.

La consejería recalca que la asistencia jurídica gratuita es uno de los tres pilares del Programa de Actuación para la Mejora de la Administración de Justicia que impulsó el Gobierno regional al inicio de la legislatura, "junto a las mejoras en materia de personal y la modernización de las infraestructuras judiciales". A finales de 2015, Justicia suscribió sendos acuerdos con abogados y procuradores para la mejora de los baremos del turno de oficio, recuperando el 20% de la reducción que sufrieron en 2012. Este 2018, el presupuesto destinado al turno de oficio es de 49,5 millones de euros. Con este dinero se financia la asistencia letrada al detenido, la tramitación de expedientes y los costes que este servicio genera para los colegios profesionales. Estamos hablando de 100.000 expedientes anuales.

Desde Altodo, recuerdan que formar parte de un turno de oficio exige determinados requisitos y no todos los abogados pueden defender cualquier caso. Desde la Administración se exige la especialización y, en función de la trayectoria y formación, cada profesional pasa a formar parte del turno de familia, menores, violencia de género u otros asuntos penales. Por lo que denuncian que la exigencia del trabajo contrasta con la demora a la hora de pagar.

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