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incluidos gastos de representación de sus directivos

Los dos aeropuertos fantasma de Aguirre: 1.423.533 € en sueldos y 197.000 € en facturas

La comunidad creó Aeropuertos de Madrid en 2007 con el objetivo de construir dos aeródromos que hoy no existen. En cuatro años, la empresa pública solo gastó dinero en salarios y burocracia

Ignacio González, cuando presentó en junio de 2013 el intento de revitalizar el proyecto del aeropuerto de El Álamo.

En noviembre de 2007, el entonces consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, presentaba a bombo y platillo el Plan de Infraestructuras Aeroportuarias 2007-2025. Su jefa de filas, Esperanza Aguirre, que ya había empezado a tirar la casa por la ventana en importantes proyectos de ampliación del metro y en una serie de nuevos hospitales (financiados por un canon), decidió que Madrid también tenía que mirar al cielo y ampliar su red de aeropuertos. El objetivo era construir dos: uno en la localidad de Campo Real (entre la A-3 y la R-3) y otro en unos terrenos que unen los municipios de Navalcarnero y El Álamo (en el suroeste).

Para desarrollar los aeródromos e intentar participar también en la gestión del de Barajas, el Ejecutivo autonómico constituyó un mes después una empresa pública, bautizada como Aeropuertos de Madrid SA. Lamela describió entonces el plan como "integrador, innovador, ambicioso y con vocación de futuro". Por primera vez, según el consejero, "una comunidad autónoma aborda actuaciones de magnitud en el ámbito aeroportuario". El nuevo ente público se constituyó el 19 de diciembre de 2007. Cuatro años después, el 22 de diciembre de 2011, el Consejo de Gobierno que seguía presidiendo Aguirre autorizaba su disolución con el argumento de que había que cumplir con el rigor presupuestario. La crisis arreciaba. De los dos aeropuertos, obviamente ni rastro. Ni en 2011 ni hoy en 2018.

Mapa que ofreció la comunidad cuando presentó los dos nuevos aeropuertos.

Pero en esos cuatro años de vida, aunque Aeropuertos de Madrid no pudo desarrollar los proyectos para los que fue creada, sí generó un serie de gastos para las arcas públicas, para los bolsillos de los contribuyentes. Según las facturas a las que ha tenido acceso El Confidencial, en esos cuatro años la empresa pública destinó unos 197.600 euros a gastos de mantenimiento y 1,42 millones de euros a pagar sueldos. Los primeros documentos son de julio de 2008, cuando el ente público empezó a pagar su asesoría jurídica a Cuatrecasas Abogados, un pago que se repite cada trimestre pero cuyo importe va variando. El bufete es sin duda el proveedor más beneficiado. En noviembre de 2008, por ejemplo, Aeropuertos de Madrid también encargó su manual de identidad corporativa a la empresa MediaWorld Sponsors & Soportes, trabajo por el que abonó 3.480 euros.

En 2008 empiezan también los gastos de representación de los dos directivos de la empresa pública, Antonio de Padua Rodríguez Icardo (director general) y Manuel Santos Carrasco (director técnico). Gastos al margen de sus sueldos. El primero de ellos fue el más agraciado, con facturas mensuales que oscilaron entre los 765 y los 138 euros. La mayoría de todos los gastos se distribuyen entre asesorías jurídicas (la mayoría las cobra Cuatrecasas), las auditorías anuales (que hizo Ecoaudit), los gastos de representación (comidas, viajes...) de sus dos principales directivos, otros gastos menores de notaría y la cuota anual de 2.000 euros que pagó la empresa madrileña por ser socia de Madrid Plataforma Logística, una especie de 'lobby' logístico formado por socios públicos y privados.

La verdad es que el nuevo invento empresarial de Aguirre pudo hacer poco por desarrollar los dos aeropuertos. Campo Real y El Álamo-Navalcarnero nunca pasaron de papel mojado. Las propias facturas (115) revelan que apenas hubo gastos técnicos (un par de informes), y que todo fueron gastos burocráticos y administrativos. Por poner un ejemplo, también aparecen los 26,10 euros que costaba la renovación anual del dominio 'aeropuertosdemadrid.es' y los 62,64 euros de las tarjetas de visita del director general. La última factura data de julio de 2011, cinco meses antes de disolver legalmente la empresa. Todas las facturas están firmadas por María García Rodríguez, hoy secretaria de Estado de Medio Ambiente, pero que ocupó el cargo de directora de gestión de la empresa pública entre febrero de 2008 y julio de 2011. Por firmar, María García firmó algunos meses sus propios gastos de representación.

Alberto Oliver, diputado autonómico de Podemos que lleva los temas de transportes y ha analizado otros proyectos en cuestión en la comisión de endeudamiento de la Asamblea de Madrid, asegura que estas facturas demuestran que "todas las infraestructuras que han llevado a cabo los diferentes gobiernos del PP en los últimos años han sido un despilfarro continuo. Ya sabemos que han tirado nuestro dinero en carreteras como la M-45, en trenes como el proyecto fallido a Navalcarnero, y también estos dos aeropuertos. Solo nos falta encontrar algún puerto en la comunidad para que la corrupción llegue por tierra, mar y aire. Nos han querido vender que eran buenos gestores, y nada más lejos de la realidad. Todo lo que se hizo alrededor de este proyecto ha sido opaco y creemos que esto es solo la punta del iceberg de otras empresas públicas que han servido para evitar la fiscalización de la oposición y evitar la función parlamentaria en aras del buen uso de nuestros impuestos".

Esperanza Aguirre, durante la inauguración de una carretera madrileña. (EFE)

Al margen de estos gastos mensuales de funcionamiento, la empresa pública Aeropuertos de Madrid tuvo además que afrontar unos salarios en 2008, 2009, 2010 y 2011 que suman 1.423.533 euros: 284.798 euros en 2008, 403.643 euros en 2009, 396.422 euros en 2010 y 338.670 euros en 2011. Los trabajadores oscilaron entre los tres y los siete. Los datos no vienen desglosados por empleado. Además, la empresa, que fue creada con un capital social de seis millones de euros, siempre presentó unas cuentas en el Registro Mercantil con saldo negativo. Cerró el ejercicio 2011 (el último) con unas pérdidas de 371.000 euros.

El aeropuerto de Campo Real (780 hectáreas), previsto junto a un pueblo de 5.000 habitantes y a 18 kilómetros de Barajas, se diseñó con el objetivo de especializarse exclusivamente en carga aérea e iba a contar con una pista principal de 3.700 metros. En una segunda fase iba a acoger también a compañías 'low cost'. El del Álamo y Navalcarnero (230 hectáreas) nació para absorber las operaciones que se desarrollan en el de Cuatro Vientos (que se iba a desmantelar pero que sigue funcionando), además de las de aviación de negocios que se realizan en el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz. También iba a albergar escuelas de vuelo, vuelos deportivos y trabajos aéreos como agroforestales, extinción de incendios, vigilancia y medios de comunicación.

El sueño finalizó en las navidades de 2011. Ni había dinero, ni proyecto, ni demanda. Ignacio González, heredero de Esperanza Aguirre en el Gobierno regional, resucitó el segundo proyecto en junio de 2013 y volvió a presentar otro vez el aeropuerto en los mismos terrenos de Navalcarnero y El Álamo. Una inversión de 230 millones de euros que pagaría la empresa adjudicataria de las obras y que contaría con dos pistas para albergar vuelos privados de negocios y escuelas de vuelo. Otro proyecto que quedó en nada.

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