El dueño del edificio que fotografió Capa reta con un recurso al consistorio: quiere demoler

El futuro del inmueble situado en el número 10 de la calle Peironcely, en el distrito de Vallecas, conocido en las últimas semanas por haber sido inmortalizado por Robert Capa durante la Guerra Civil española, es ahora, más que nunca, una incógnita. La pasada semana, el Ayuntamiento de Madrid se comprometió a expropiar el edificio y convertirlo en un bien de interés protegido, en línea con lo que el PSOE madrileño lleva tiempo demandando. En concreto, el concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, afirmó que el expediente de planteamiento correspondiente al cambio de calificación por una modificación puntual y que implica la expropiación se inició el pasado 20 de septiembre. Sin embargo, este viernes, el propietario del edificio, la empresa Oronis SL, dirigida por Luis Santiago Barrena, interpondrá un recurso de reposición en la junta del distrito y promete dar la batalla para frenar lo que considera "un atropello".

Según explican fuentes de la concejalía dirigida por Calvo, si todos los plazos se cumplen, la operación podría estar aprobada en la próxima primavera. Por ahora, se ha abierto una modificación puntual del Plan General que consultará con la comisión de Patrimonio, en la que está la Comunidad de Madrid, lo que podría suponer un plazo de un mes y medio aproximadamente. Esta modificación tendría tres patas: proteger el inmueble con grado estructural, cambiar el uso de residencial a equipamiento y corregir las alineaciones de la calle. Una vez aprobado inicialmente, se abriría el plazo de un mes de información pública y el estudio de evaluación ambiental, que llevaría otros dos meses. Después vendría la aprobación definitiva de la comunidad, por lo que el consistorio calcula que en menos de un año podría contar con luz verde.

Pero esos plazos pueden irse al traste si prospera el recurso que hoy presentará la empresa propietaria y al que ha tenido acceso este diario. El dueño, Luis Santiago Barrena, reprocha al Gobierno local haber iniciado un expediente "al margen" de la normativa y de los plazos legales. Se refiere a la suspensión de la licencia de demolición que él solicitó el 30 de junio para derribar el edificio, en condiciones ruinosas, para poder construir nuevas viviendas.

En efecto, el delegado de Urbanismo y el grupo socialista han llegado a tildar de "infraviviendas" las casas de Peironcely, y Calvo se comprometió a "realojar a todos los residentes". Pero el consistorio y el propietario tienen dos visiones muy distintas del futuro. Barrena pretende iniciar un nuevo proyecto urbanístico, mientras que Ahora Madrid y el PSOE-M apuestan por convertir el edificio en un bien protegido y un museo sobre la Guerra Civil.

El recurso de reposición del propietario, a quien en última instancia el ayuntamiento pretende expropiar, no deja lugar a dudas: peleará por conservar su terreno. En concreto, Barrena alega que, tras solicitar la licencia de demolición, el consistorio no le requirió documentación adicional alguna en los plazos previstos legalmente —10 días desde que se presenta la solicitud— y en cuya ausencia ahora se basa para denegarle este permiso. En el recurso que quedará registrado hoy en la Junta de Vallecas, el propietario recuerda que "en el presente caso concurren todos los requisitos para que deba considerarse otorgada esta licencia por silencio administrativo positivo". En efecto, la ley prevé que de "transcurrir dos meses sin practicar requerimiento o mejora de la documentación presentada", tendrá lugar de manera automática "la concesión de la licencia urbanística provisional para la ejecución de la actuación pretendida".

En otras palabras, el dueño reprueba la decisión del Gobierno municipal por el hecho de que desde el 30 de junio, cuando él solicitó la licencia para derribar su propiedad, pasaron casi tres meses hasta que recibió la respuesta negativa, sin que se hubieran producido los supuestos por los que esta decisión se justifica: "El inmueble se rige por la Norma Zonal 4 del Plan General de Madrid y no cuenta con ninguna catalogación ni está dentro del denominado centro histórico". O lo que es lo mismo: la demolición sí se encontraría entre las obras permitidas.

Además, el texto señala la inexistencia de "un acuerdo formal para que se produzca una modificación en el catálogo de bienes protegidos" o de "un acuerdo de suspensión de licencias", por lo que no reconoce la legitimidad del proceso abierto en estos momentos. Al respecto, dice, "existen solo declaraciones plenarias y notas de prensa, que no son suficientes para privar a mi representada de su derecho a que se tramite la solicitud de licencia presentada".

En última instancia, tampoco el argumento de valor cultural es válido para el propietario, que asegura que la pretensión de proteger el edificio "carece del necesario rigor histórico", y critica que "el supuesto interés general se fundamenta en un burdo montaje fotográfico".

La cuestión no es baladí, puesto que este recurso abrirá una importante brecha en la decisión tomada por el ayuntamiento. El propietario insiste en que su plan inicial es proteger el terreno para seguir adelante con el proyecto que tenía previsto pero, en caso de que la Administración se imponga y la expropiación prospere, también dará la batalla. La ley estipula que en este supuesto se debe determinar un justiprecio que el ayuntamiento debe abonar al expropiado. La cantidad todavía está por determinar, pero Barrena asegura haber realizado una inversión que alcanza el millón y medio de euros para hacerse con todas las casas del inmueble.

Más allá de los términos políticos y económicos, la plataforma Salva Peironcely, nacida para preservar la identidad del edificio y traer a la memoria la vulnerabilidad sufrida por la población civil ante el horror de la guerra, celebra la decisión del concejal de Urbanismo y confía en que sea posible indultar el inmueble y seguir adelante con el proyecto cultural. Precisamente, en unas semanas el grupo socialista en la Asamblea madrileña presentará una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno de Cifuentes a que considere el edificio como Bien de Interés Patrimonial, después de que la Dirección General de Patrimonio Histórico rechazara catalogarlo como tal, señalando las condiciones precarias de las viviendas.