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acusados de prevaricación

La Fiscalía investiga el fallido pelotazo de 118 pisos de la Universidad Nebrija en la sierra

Pide al juez la imputación del alcalde de Hoyo, Ramón Regueiras (PP), de siete de sus ediles, de una concejala de Ciudadanos y de dos arquitectos representantes de la universidad

Uno de los edificios del campus de La Berzosa de la Universidad Antonio de Nebrija.

La Fiscalía Provincial de Madrid investiga desde el pasado mes de noviembre el fallido pelotazo urbanístico que la Universidad Antonio de Nebrija proyectó hace 16 años en el campus que tiene en el municipio de Hoyo de Manzanares, en la sierra madrileña, donde pensaba construir 118 viviendas. Tras varios meses de pesquisas, el pasado 24 de julio el ministerio público solicitó al juzgado decano de Colmenar Viejo que citara como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) a 13 personas, entre ellas gran parte del actual equipo de gobierno de Hoyo, del PP, con su alcalde, Ramón Regueiras, a la cabeza, y a dos arquitectos representantes de la universidad. También está denunciada una edil de Ciudadanos. La Fiscalía acusa a todos de prevaricación. Según fuentes jurídicas consultadas, la citación se puede producir en septiembre.

Un portavoz de la universidad asegura, sin querer aportar más datos, que aún no ha recibido notificación de la Fiscalía y que su actividad es la docencia, "no la construcción de viviendas", a pesar de que el plan parcial S-49 Campus de la Berzosa promovido por el centro está aprobado en el BOCM desde marzo de 2001 y prevé una edificabilidad de 23.000 metros cuadrados, que se traducen en 33 viviendas agrupadas y 85 aisladas. En realidad, el problema no está en los pisos, proyectados en suelo privado de la universidad, sino en la parcela que se iba a utilizar para construir un acceso directo a la nueva zona universitaria de las viviendas y que es imprescindible para evitar que afecte al tráfico de la urbanización La Berzosa. Este acceso uniría la vía de servicio de la A-6 y los pisos.

La Universidad privada de Nebrija, representada por los dos arquitectos denunciados por la Fiscalía, presentó en noviembre de 2013 el proyecto de segregación de la parcela que tiene en el número 1 de la avenida de Asturias, en la urbanización La Berzosa. Esta segregación es imprescindible para ceder parte del suelo al ayuntamiento y que se pueda construir una carretera que comunique la vía de servicio de la A-6 y el ámbito S-49, la vieja aspiración de la universidad para levantar las 118 viviendas. Pero, según la Fiscalía, "los representantes denunciados eran plenamente conscientes de que la actuación urbanística era ilegal, y no obstante promovieron su aprobación, contribuyendo a la decisión del ayuntamiento".

Entre los denunciados están el alcalde, José Ramón Regueiras, del PP; la concejala de Urbanismo, María Belén Gómez Gómez (que es arquitecta); la concejala de Medioambiente, Mónica Díaz Jiménez (también arquitecta), y los ediles Juan de Lózar, Victoria Barderas, Ana María Lorenzo y Elena Talavera (esta última, de Ciudadanos). La Fiscalía también ha denunciado a los exconcejales Daniel Morera y Susana Segovia. Todos por estar en la junta de gobierno y en el pleno, dos órganos donde se aprobaron la segregación (que no cumplía con la ley) y la posterior concesión de la licencia. El ministerio público también quiere que se cite como investigados a un técnico municipal, al letrado del consistorio y a los dos arquitectos de la Nebrija.

Vista área del campus de la Universidad Antonio de Nebrija en el municipio de Hoyo de Manzanares.

El problema es que la junta de gobierno local y después el pleno (aquí con los votos de PP y Ciudadanos) aprobaron la segregación presentada por la universidad y la posterior modificación puntual de las normas subsidiarias del municipio sabiendo que vulneraba varios artículos de la Ley del Suelo de 2001 y la Ley de Rehabilitación Urbana de 2015, según la Fiscalía. Todo se aprobó basándose "en una operación fraudulenta, y que ni siquiera había cumplido la condición de que la cesión del suelo [al ayuntamiento] para el viario fuese inscrita en el Registro de la Propiedad", concluye el ministerio público en su escrito. "Así se lo advertimos al PP. Que la operación no era legal", señala un portavoz de Unidos por Hoyo, el partido independiente que puso la denuncia inicial.

Es más, la Comunidad de Madrid, en mayo de 2016, devolvió al ayuntamiento todo el expediente urbanístico debido a su inviabilidad, ya que la tramitación acordada no cumplía con la ley. De hecho, la Fiscalía ha pedido que declare como testigo la responsable de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno regional que ha vetado el proyecto. Esta denuncia de la Fiscalía supone un importante obstáculo a un proyecto que lleva ya 16 años en el dique seco. Sin carretera no puede haber viviendas. "Las cosas se han hecho mal, y el pelotazo urbanístico, que se estima en 20 millones de euros, tendrá que esperar", explican desde Unidos por Hoyo. La universidad y la urbanización La Berzosa limitan además con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Tercer frente judicial para el alcalde

Este es el tercer frente judicial que tendrá que afrontar el alcalde de Hoyo, municipio de 7.800 habitantes de la sierra madrileña. El juzgado de instrucción número 1 de Colmenar Viejo ya le citó a declarar como investigado en febrero de 2016 después de que la Fiscalía viera indicios de un delito de prevaricación por perseguir laboralmente al ex secretario municipal, al que sancionó en 13 ocasiones. Es precisamente la Fiscalía quien promovió esa imputación después de que un juzgado de lo contencioso-administrativo le comunicara que el ayuntamiento había sido condenado a pagar 50.374 euros al ya exfuncionario porque el regidor le sancionó injustificadamente. Se está a la espera de sentencia.

Esta causa está además estrechamente relacionada con otra que sigue abierta en un juzgado de lo penal de Madrid, en la que el alcalde Ramón Regueiras está acusado de los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas porque se convirtió en regidor gracias a una moción de censura que no tuvo validez jurídica. La Fiscalía pide dos años de prisión para él. 

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