No solo está señalado el ya exviceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Miguel Ángel Ruiz, que dimitió el martes tras ser citado a declarar como investigado en el marco del caso Púnica. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha centrado la siguiente fase de su instrucción en la empresa pública Arpegio, dependiente de Medio Ambiente, citando también como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) a media docena de exdirectivos y actuales trabajadores del ente encargado de la gestión del suelo en la región. Entre los investigados, por ejemplo, se encuentra la presidenta del comité de empresa, afiliada de CCOO, que este jueves ha anunciado que renuncia al cargo.
Arpegio (ahora rebautizada como Nuevo Arpegio) es una de las piezas principales del caso, ya que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga, en un trabajo que está siendo laborioso, si la trama obtuvo suculentos beneficios amañando la adjudicación de centenares de viviendas en los consorcios urbanísticos que promovió el Gobierno regional a través de esta empresa pública. Es solo uno de los capítulos de la pieza. En otro, los agentes también están investigando si se amañaron obras del Plan Prisma, un plan que financió en dos ediciones (2006-2007 y 2008-2011) centenares de adjudicaciones valoradas en casi 800 millones de euros por toda la región. Algunas empresas adjudicatarias pudieron pagar mordidas por llevarse los contratos, según los indicios que ya manejan en la Guardia Civil.
La investigación relativa a las obras del Plan Prisma ha provocado las nuevas citaciones. La mayoría de los citados ante la Audiencia Nacional, que declararán en julio (ante el sustituto del juez Velasco, que deja la plaza), formaban parte de la mesa de contratación que adjudicó las licitaciones investigadas o participaron en el proceso de adjudicación. Se trata de María Dolores Nogal González, abogada y secretaria de la mesa de contratación; Pilar Roca Suárez-Inclán, directora de la Asesoría Jurídica entre 2006 y 2009; Pedro Bernad Moreno, director de Proyectos; Francisco Esquivias Ferriz, secretario del consejo de Arpegio; Eduardo Larranz Riesgo, ex consejero delegado de Arpegio entre 2004 y 2008, e Ignacio Palacios Arazuri, quien fuera jefe de gabinete de Francisco Granados y exmiembro del consejo de administración de Arpegio. Palacios ya estaba imputado en otras piezas del caso.
La UCO y el juez creen que Granados utilizó su cargo en la Consejería de Presidencia (2004-2011) para desviar contratos públicos a la trama. Como consejero, fue presidente de Arpegio entre abril de 2005 y diciembre de 2007. Eloy Velasco sostiene que Granados reguló el funcionamiento de esos planes Prisma para garantizarse un "dominio absoluto" sobre las "decisiones de adjudicación". Otro de los principales investigados en el caso, el empresario David Marjaliza, ya declaró en sede judicial (tiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción) los nombres de algunas de las empresas que supuestamente pagaban comisiones a cambio de conseguir obras, como Begar, Teconsa, Licuas, Virton y Dico. En algunos casos, facilitó incluso el nombre de los intermediarios de esas sociedades con los que negociaba los pagos.
La Fiscalía, por su parte, señala en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial que "la investigación financiera realizada por la Guardia Civil ha permitido conocer el montante aproximado de ganancias ilícitas generadas por la trama en torno a la actividad inmobiliaria y el inicial análisis de la documentación concerniente a los fondos Prisma. Lo que permite señalar la cantidad de 728 millones de euros como importe gestionado por Francisco Granados y sus más directos colaboradores, que presuntamente han generado ingentes beneficios a las personas que han estado detrás de la adjudicación de obra civil al amparo de dichos fondos". Gran parte de esta investigación sigue secreta.
Varios de los nuevos investigados siguen trabajando para Arpegio, ya que forman parte de su plantilla. Un portavoz del Gobierno regional señala que respetan su presunción de inocencia y seguirán desempeñando sus funciones en la empresa pública. En el caso de Dolores Nogal, un portavoz de CCOO ha explicado a este diario que ha renunciado voluntariamente al cargo de presidenta del comité de empresa, aunque ha recalcado que su citación judicial no tiene nada que ver con su función sindical, sino con su trabajo en Arpegio. Era secretaria de la mesa de contratación, sin voz ni voto en las decisiones, solo levantaba acta de las mismas.
Otros investigados
No es la primera vez que el juez Velasco imputa a trabajadores de Arpegio. Hay precedentes. Carmen Plata Esteban, exgerente de la Fundación Arpegio, exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Getafe y actualmente técnico de la empresa pública, también está siendo investigada por el contrato que la fundación que ella dirigía firmó en marzo de 2007 con una de las principales empresas de la trama, Waiter Music, que se dedicaba a eventos culturales y conciertos. La Fundación Arpegio, un ente jurídico distinto a Arpegio creado por Francisco Granados en diciembre de 2006, pagó 139.200 euros a Waiter Music por patrocinar un concierto de música.