Carmena declara la guerra a los 'okupas' de su Gobierno en pleno debate por la sucesión

El 3 de mayo de 1937, la fuerza pública del Gobierno de la Generalitat intentó desalojar del edificio de Telefónica en Barcelona a los 'compañeros' de la CNT, que compartían trinchera con los comunistas libertarios y antiautoritarios bajo la bandera del POUM. Estos últimos respondieron al ataque, iniciándose así la guerra fratricida de las denominadas Jornadas de Mayo, un conflicto que se extendió por toda la ciudad y que acabó con una sangrienta represión, incluida la ilegalización del POUM. En el 80 aniversario de estos trágicos acontecimientos, el Gobierno del cambio de Ahora Madrid afronta sus particulares 'Jornadas de Mayo' mediante un enfrentamiento directo entre los 'gobiernistas', fieles a la alcaldesa Manuela Carmena en el Palacio de Cibeles, y los antiautoritarios, atrincherados en el centro social recientemente okupado La Ingobernable, que la regidora quiere desalojar.

Carmena ha lanzado la amenaza este martes, pero los okupantes, entre los que se incluyen tanto concejales de Ahora Madrid como diputados regionales y nacionales de Podemos, están dispuestos a dar la batalla para defender este espacio. Las tensiones internas entre ambos bloques, que han ido 'in crescendo' durante los últimos meses, se han trasladado también a las bases que impulsaron la candidatura municipalista. Todas las cartas están boca arriba y no hay margen ya, en el ecuador de la legislatura, de resolver el conflicto sin víctimas, como ya ha demostrado la propia alcaldesa.

Un conflicto que, siguiendo con el símil de los sucesos de Barcelona, enfrenta a defensores de la 'legalidad municipal-republicana' y a los 'revolucionarios', que buscan expandir los márgenes burocráticos para la transformación social. “Estamos trabajando en un expediente. El ayuntamiento siempre actúa conforme a la ley y así lo seguiremos haciendo”, afirmaba este martes Manuela Carmena, defendiendo el desalojo de un edificio de titularidad municipal, en el foco por tratarse del último pelotazo de la anterior regidora, la popular Ana Botella, tramitado en sus últimos días al frente del ayuntamiento.

Un espacio público de 3.000 metros cuadrados que ocupaba un centro de salud antes de que fuese cedido gratuitamente durante 75 años a la Fundación Emilio Ambasz, arquitecto amigo de la familia Aznar. La legalidad del proyecto se puso en tela de juicio, al pretender derribar un edificio protegido para construir otro y precisar una modificación del Plan Especial.

La respuesta a las palabras de Carmena en defensa de la 'legalidad' no ha tardado en llegar por parte de un cargo público de Podemos en la Asamblea de Madrid. “Las declaraciones de la alcaldesa Manuela Carmena de esta mañana diciendo que 'se cumplirá la ley' son un caso extremo de esta parálisis analítica, un formalismo vacío que se cuela en el mismo lugar en el que tendría que haber una posición reflexionada, y que a día de hoy no existe”, afirmaba el diputado regional Isidro López, en el artículo de opinión 'Por qué tenemos que defender La Ingobernable', que recogía el diario 'Público'. El propio Pablo Iglesias tuiteaba esta “reflexión más que pertinente”, añadiendo que “sin la experiencia de los CSOA [centros sociales okupados y autogestionados], muchos no seríamos quienes somos”. Otros dirigentes políticos del grupo confederal también han mostrado su apoyo en redes, como el coordinador federal de IU, Alberto Garzón: "Mi apoyo al centro social autogestionado @CS_Ingobernable en Madrid. Los movimientos sociales organizados construyen alternativa".

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid aludía así a la parte del Gobierno contraria a la okupación: “Quienes vean como una amenaza la emergencia de La Ingobernable, posiblemente estén bien metidos en este pantano de confusión política”. Con ello se refería a que “la ausencia de estrategia, de puntos de referencia fijados para tener una mínima idea de cuales son los pasos necesarios para la transformación de la ciudad, puede llevar a perder la capacidad de discernir si es mas importante un centro social operativo en plena almendra central o una pregunta en pleno del PP. O una serie de titulares de prensa”.

La okupación de este edificio situado en la calle Gobernador, esquina con el paseo del Prado, no es casual, ni en lo referente al espacio elegido ni a los tiempos. Lo primero, porque se quieren poner en evidencia los pelotazos heredados que el ayuntamiento de Ahora Madrid no ha resuelto ni denunciado, pues en este caso no se ha recuperado su titularidad municipal. Lo segundo, porque precisamente la okupación se produjo como colofón a la manifestación 'Madrid no se vende', que diversos colectivos y movimientos sociales celebraron el pasado sábado. Días después de que saltase a los medios el caso Open de Tenis, plagado de indicios de corrupción cuya investigación el número dos de Manuela Carmena trató de evitar, destituyendo después a los denunciantes. El enfrentamiento interno viene de atrás, pero con estos últimos casos y el choque abierto entre sectores, parece haber llegado a un punto de difícil retorno.

Todo ello en un ecuador de la legislatura marcado por una reestructuración del Gobierno, cuyo grueso todavía no se ha consumado, por la que Carmena ha promocionado a sus cercanos y quitado galones a los menos alineados. Asimismo, la sucesión de la alcaldesa, quien asegura que no optará a la reelección, es un horizonte que condiciona los movimientos internos desde hace meses. La propia alcaldesa ya ha puesto las cartas boca arriba reconociendo su intención de tutelar su relevo.

La tensión es patente y el conflicto se desarrolla de forma pública. El papel del ayuntamiento en el desalojo del centro social y la respuesta de 'los ingobernables' determinará el cariz de las 'Jornadas de Mayo' madrileñas y, por ende, definirá el proyecto —o los proyectos— de cara a la reelección en 2019.